Las Fuerzas Armadas, en particular la Sedena, se encuentran inmersas en un contexto político en que son utilizadas como “moneda de cambio”, lamenta Javier Oliva Posada, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Explica dicho contexto: “Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, negoció con López Obrador la aprobación de la permanencia de la Guardia Nacional en la Sedena a cambio de nulificar el proceso jurídico que se lleva en su contra en Campeche. Y la diputada Yolanda de la Torre, a través de quien se propuso la reforma, se fue a Durango como magistrada. Ese mismo proceso trató de dinamitar la alianza Va por México y en buena parte lo logró, teniendo de frente los comicios del Estado de México y Coahuila”.
En entrevista con Proceso el también asesor y conferencista en el Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pide considerar que las Fuerzas Armadas son también “uno de los pilares de la democracia mexicana” y que, como ocurre en otros países, “son instituciones no deliberantes; es decir, no discuten la instrucción del poder civil”. En ese sentido señala que el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, “hace lo que establece el presidente”, ya sea para acudir a comparecer ante el Congreso de la Unión o para comunicar sus acciones.
Afirma que es necesario analizar “los entresijos (de la relación del poder civil con el militar) que soportan al sistema político mexicano y que hoy –por irresponsabilidad o desconocimiento– se están poniendo en riesgo” por parte “del estamento civil que dicta la política”.
Oliva sostiene que los grandes beneficiados del hackeo que sufrió la Sedena por parte del colectivo Guacamaya son los grupos criminales, que ahora tienen información sobre lo que de ellos sabe la Defensa. Dice que dicho hackeo se debe, en parte, a “una austeridad mal entendida” que disminuyó el presupuesto en ciberseguridad de la dependencia. Y advierte “la enorme responsabilidad” de periodistas y medios de comunicación en la difusión de información sensible que puede poner en riesgo la vida de informantes y frustrar operaciones de seguridad pública.
El silencio oficial
Envuelto en la controversia que generó el “asalto informático” al sistema cibernético de la Sedena, el secretario Cresencio Sandoval fue objeto de críticas por negarse a comparecer sobre este tema ante la Cámara de Diputados, así como por cancelar la reunión en las oficinas de la Sedena a la que había convocado a los legisladores.
Sin embargo, la línea sobre la negativa a abordar el tema la dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia mañanera. Aun así, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, atribuyó la cancelación a la misiva que envió el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Barrera Sepúlveda:
“Hay una carta del secretario de la comisión, que es un diputado de Movimiento Ciudadano, donde en términos, por demás irrespetuosos, se dirige al secretario de la Defensa, diciéndole que bajo ningún motivo aceptan ir a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa”, sostuvo Adán Augusto López.
MC dio a conocer la carta enviada por su diputado Sergio Barrera Villanueva al general: “Sin embargo, y de manera personal, no puedo pasar la oportunidad para comentarle con todo respeto que la idea principal de esta Reunión de Trabajo fue generar un ejercicio abierto y de rendición de cuentas hacia los ciudadanos, y no una reunión cerrada en las instalaciones de la Sedena”.
La carta señala que los integrantes de MC no están de acuerdo en acudir a las instalaciones militares como lo planteó el secretario de la Defensa, “ya que consideramos que, dada la gravedad de los lamentables hechos suscitados por el hackeo a los servidores de la Sedena, y el riesgo que esto implica, se pudo haber tomado la determinación de realizar un ejercicio abierto y transparente en la sede de la Honorable Cámara de Diputados”, señala la misiva.
–En su opinión ¿debería o no la Sedena informar sobre las causas de la vulnerabilidad de su sistema? –se le pregunta a Oliva.
–Sí. En sentido estricto debería hacerlo. Pero en términos de comunicación, el general hace lo que establezca el presidente, sin duda alguna. ¿Por qué no ha salido la vocería de la Presidencia de la República o la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana o el secretario de Gobernación? Es decir, tenemos cuatro posiciones de primer nivel en el sistema político mexicano y están en silencio. No quiero utilizar el anglicismo mute, pero se parece mucho a lo que estamos viviendo.
Los presidentes de las juntas de Coordinación Política tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, ¿dónde están? Evidentemente, políticamente no es correcto que haya un problema en una dependencia y el titular salga a defenderse, porque va a salir a justificarse. Aquí hay una ausencia de correspondencia.
“El trato que recibió el secretario de la Defensa en el Senado en un debate, si es que le podemos llamar así, fue una feria de insultos y descalificaciones; palabras altisonantes que no son propias de un Parlamento. Ese es el nivel con el que vamos a discutir el futuro de las Fuerzas Armadas en México. Eso es muy peligroso”.
–¿Ese hackeo deteriora aún más la imagen de la Sedena, incluyendo a toda actividad inherente?
–En eso de la vulnerabilidad de su imagen disiento. En el sentido de la vulnerabilidad de su resguardo informático, sí coincido. Aquí hay una diferencia importante: Julian Assange, fundador, editor y portavoz del sitio web WikiLeaks, contó con el apoyo interno de un soldado.
Edward Joseph Snowden, empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), hizo públicos documentos clasificados como de alto secreto sobre varios programas de la NSA, incluyendo los programas de vigilancia masiva PRISM y XKeyscore.
“Pero, atención, estos dos casos fueron filtraciones. En el caso de México y la Sedena, estamos hablando de un asalto informático, que es aún mucho más grave.”
Oliva llama la atención de que el colectivo Guacamaya hackeó, además de la Sedena, otros cuatro sitios de las fuerzas armadas y de seguridad de Chile, Perú, El Salvador y Colombia.
“¿Por qué no nos preguntamos eso? ¿Por qué cinco fuerzas armadas e instancias de seguridad de la nación han sido vulneradas por este grupo? ¿Por qué no elevamos un poco más el nivel de análisis, de comparación? Es cierto, el peor de todos ha sido el asalto informático a la Sedena, en eso no hay duda y desde luego que pone en riesgo la integridad física de quienes han arriesgado la vida por hacer el trabajo de inteligencia”, expone.
Cadena de mando
Considera que “en este momento los más beneficiados con la información del hackeo son los grupos criminales, porque se están dando cuenta de, por ejemplo, que en Guerrero había mercenarios rusos que entrenaban a grupos de autodefensas. ¿Qué implica eso? Mandarles una alerta para que modifiquen sus formas de organización, la distribución de las gavillas y que los cabecillas se muevan a otros lugares. Es decir, ponerles una fotografía de lo que se sabe de ellos”.
Sostiene que los periodistas y medios de comunicación tienen una “enorme responsabilidad” con la información hackeada pues “no por ganar la nota” se debe poner en riesgo la integridad de personas y los programas de seguridad pública. De hecho, observa que, “por la manera en que se divulgó la información, hay un claro apetito de sensacionalismo y una minidosis, por no decir inexistencia, de prudencia”.
Afirma que esta filtración masiva de documentos está demostrando que los servicios de inteligencia de la Sedena sí funcionan y son efectivos.
“No funcionan desde luego los aspectos cibernéticos, pero el trabajo de campo está poniendo en evidencia que sí hay quién está arriesgando su vida y que puede estar en peligro, en la medida en que se vayan ventilando nombres y formas de investigación. ¡Imagínate lo que implica ser un infiltrado en una organización criminal que destaza a sus enemigos! No nos ponemos a pensar en eso. En los efectos que tiene el dar a conocer esta información”, advierte.
–¿Qué deberían de estar haciendo la Sedena e incluso la Oficina de la Presidencia para proteger a todo el personal que puede estar en riesgo por la filtración?
–Esto es el resultado de una austeridad mal entendida en donde el presidente les ha ordenado que hagan aeropuertos y otras obras. Las Fuerzas Armadas en la democracia mexicana, la estadunidense o española, son instituciones no deliberantes; es decir, no discuten la instrucción del poder civil. Por eso cuando el presidente les dice hagan el Canal Transístmico, háganse cargo de las aduanas, hagan un aeropuerto, construyan el Tren Maya, lo hacen porque es la cadena de mando.
“Se dice poco, pero las Fuerzas Armadas son uno de los pilares de la democracia mexicana. ¡Imagínate que le dijeran al presidente que no! Nadie se ha puesto a pensar en ese escenario; que le dijeran: ‘Mire presidente, en Santa Lucía no porque es la base aérea más importante del país’ y ahí están los aviones que van al DN-III, ahí es el principal centro de adiestramiento después del Colegio del Aire que está en Zapopan, Jalisco”.
El especialista recuerda que después de la operación del 19 de octubre de 2019 en Culiacán –que derivó en la liberación de Ovidio Guzmán–, el presidente López Obrador pidió al general Sandoval que revelase en público el nombre del coronel responsable del grupo antinarcóticos… y el general dio ese nombre.
Imagina que le dice que no, o que inventa un nombre. Eso sería un quiebre en el proceso de la cadena del mando. Este coronel a los tres días debió estar fuera del país junto con su familia, aunque no tengo la certeza del dato.”
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2399 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/10/28/los-militares-moneda-de-cambio-en-las-disputas-del-poder-civil-295953.html
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