El Ministerio Público comisionado para solicitar la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión emitidas contra presuntos implicados en el caso Ayotzinapa, principalmente militares, depende de la Fiscalía de Control Regional, encabezada por Germán Adolfo Castillo Banuet. Esta última se encarga de coordinar las 32 delegaciones de la FGR y conoce de todos los procesos penales que la institución mantiene abiertos.
Debido a que dicho Ministerio Público pertenece a la delegación de la FGR en el Estado de México, la orden de sustentar su actuación en el acuerdo del exprocurador Macedo de la Concha fue emitida desde esa Fiscalía de Control Regional.
Antes de ser designado en ese cargo, Castillo Banuet era titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. De acuerdo con su síntesis curricular, es doctor en derecho por la UNAM, con 30 años de experiencia en litigio, administración pública federal y estatal, así como en docencia e investigación.
En 2018 se desempeñó como director general de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, entonces encabezada por Héctor Díaz Santana.
En abril pasado Castillo Banuet acusó públicamente al periodista Mario Maldonado y a la activista Nina “R” de ser los primeros en circular una grabación ilegal de la llamada entre Alejandro Gertz Mañero y Juan Ramos sobre el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán.
Por eso en su fiscalía se investiga la filtración de la llamada y se solicitó información a las compañías Telmex y Telcel para dar con los responsables, pues dicha conversación se realizó desde la línea telefónica interna de la oficina del fiscal Gertz Manero.
La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos es la encargada de realizar las investigaciones que se iniciaron contra la UEILCA y la gestión de Omar Gómez Trejo.
Está encabezada por Adriana Campos, quien en 2020 autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa 113/AP/DGDCSPI/2014 contra la extitular de la entonces PGR, Marisela Morales, y el exprocurador Irving Barrios Mojica, acusados por la manipulación de testigos protegidos durante el sexenio de Felipe Calderón, porque los delitos ya habían prescrito.
Esta decisión favoreció a ocho exfuncionarios y cuatro testigos protegidos que sirvieron en diversas investigaciones para encarcelar a personajes públicos que después fueron exonerados por jueces federales, porque sus acusaciones se sustentaron en declaraciones falsas.
Campos pertenece a la FGR desde la administración pasada y también se encargó de impedir que se iniciara proceso contra Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, por violaciones a los derechos humanos durante las investigaciones del caso Ayotzinapa.
En 2017, cuando se entregó el informe del 9 de febrero a las víctimas, Campos dijo a los padres de los normalistas que los investigadores del caso Ayotzinapa tenían prisa para resolver el asunto y que eso llevó a Zerón al Río San Juan, lo que fue considerado una infracción meramente administrativa.
La ahora fiscal de Asuntos Internos fue designada en septiembre de 2016 como titular de la Visitaduría General de la PGR, en sustitución de Alejandro Chávez y a propuesta de la entonces procuradora general, Arely Gómez.
Antes de ser designada visitadora general, se desempeñó como directora general de Asuntos Jurídicos de la PGR y ha trabajado como funcionaria pública más de 30 años.
También ha sido directora general de Quejas y Conciliación en la Procuraduría Federal del Consumidor, directora general de Normatividad en la Secretaría de Desarrollo Social y abogada general del Instituto Politécnico Nacional.
A su vez, Sara Irene Herrerías es titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos. Su designación fue cuestionada porque no se realizó mediante convocatoria previa, como se estableció al transformar la PGR en Fiscalía General.
Herrerías llegó a la PGR en 2016, designada por Raúl Cervantes como subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Permaneció en el cargo hasta la llegada de Gertz Manero y el 15 de julio de 2019, cuando la subprocuraduría dejó de existir, quedó como encargada de despacho de la nueva fiscalía.
En agosto de ese año, a un par de días de vencer el término para designar fiscales, Gertz Manero la ratificó.
En esa fiscalía se encuentran casos como las masacres de migrantes ocurridas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, que en conjunto arrojaron más de 260 víctimas, y la ejecución de 49 personas en Cadereyta, Nuevo León, en 2012. l
Reportaje publicado en la edición 2396 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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