Organizaciones informaron este lunes que presentarán una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía General de la República, aunque dejaron en claro que no confían en lo que pueda llevar a cabo el Fiscal Alejandro Gertz Manero.
De acuerdo con la denuncia, en 2019 la Sedena compró el malware de espionaje Pegasus, del cual fueron objetivos dos periodistas, uno de ellos Ricardo Raphael y otro del sitio Animal Político así como el activista Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Aunque al momento sólo se ha confirmado por medio de investigaciones y peritaje la infección en estos tres casos, R3D detalló que es probable que existan más víctimas de Pegasus. “No hay condiciones para que una institución mexicana pueda llevar esta investigación con exhaustividad, imparcialidad”, lamentó Luis Fernando García, director de la organización.
La Secretaría de la Defensa Nacional fue objeto de un ciberataque en el que se obtuvieron seis terabytes de información y documentos de operativos de seguridad. Uno de ellos reveló que la dependencia adquirió en 2019 el malware espía, según dieron a conocer Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias. La semana pasada, el Presidente López Obrador confirmó el ciberataque a la Sedena.
La misma información refiere que el software se compró a Comercializadora Antsua el 12 de abril de 2019, como consta en el oficio número SGE-3335, enviado por la sección “Guerra Electrónica” de la Dirección General de Transmisiones de la Sedena, en la que informa del pago y cumplimiento del servicio, revelaron estos medios.
Las labores de espionaje que se habrían realizado desde la Sedena contravienen las promesas que ha hecho el Presidente López Obrador de no comprar programas de este tipo ni de realizar actividades irregulares como ésta. En ese sentido, Leopoldo Maldonado, vocero de Artículo 19, indicó que estas acciones podrían indicar que o el Presidente incumplió su palabra o bien las Fuerzas Armadas mexicanas operan en desacato del Jefe del Ejecutivo federal.
Especialistas de Social TIC y R3D, en conjunto con Citizen Lab, concluyeron que algunas de estas vulneraciones se hicieron sin necesidad de que las víctimas hicieran clic en un enlace, como se había documentado en sexenios anteriores.
Maldonado dio conocer que se presentará una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR), y aunque dejó en claro que no confía en el actuar del Fiscal Alejandro Gertz Manero pidió que garantice y respeten los derechos de las personas afectadas para garantizar que no exista impunidad, pues recordó que sólo existe una sentencia por espionaje relacionado con el uso de Pegasus pese a que investigaciones de ONGs, especialistas y periodistas han apuntado que fue una práctica recurrente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, como recientemente se ha demostrado con el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
El periodista Ricardo Raphael condenó a su vez los ataques en su contra e indicó que su información habría sido compartida por la Secretaría de Defensa Nacional con terceras personas. Por su parte, Daniel Moreno, director del medio digital Animal Político, indicó que el celular de uno de los reporteros había sido infectado durante la pandemia; lo cual podría significar que las comunicaciones de todo el equipo del medio digital habrían sido intervenidas por el modo de trabajo empleado durante la contingencia por COVID-19.
En su turno, el activista Raymundo Ramos consideró que el ataque en su contra está relacionado con el trabajo del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que ha identificado casos de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada a manos del Ejército y la Marina desde al menos 2010.
“No tenemos ninguna duda que estamos luchando contra una fuerza tan poderosa que está por encima del Presidente”, denunció.
El Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, expresó Ramos, ha documentado violaciones de derechos humanos a manos de militares y marinos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones sexuales.
“Por eso nos espían, por eso les molesta nuestro trabajo. Lo terrible de esto es que el Presidente haga de las mañaneras un juicio donde exonera al Ejército, en vez de ordenar una investigación” contra la Sedena, remarcó el activista.
Luis Fernando García, director de la organización R3D defensora de derechos digitales, denunció además que el Ejército ocultó el contrato bajo el cual adquirió el programa Pegasus a Comercializadora Antsua, empresa desginada por NSO Group para hacer tratos directa y exclusivamente con la Sedena, pese a que se había solicitado información al respecto por medio de mecanismos de transparencia, lo cual, dijo, sumaría a la lista de ilícitos cometidos la falsedad de declaraciones.
“Hay una agenda al margen de quien está al mando civil de este país”, denunció Raphael, quien acusó que existe una agenda política más allá de la administración federal y que el Presidente López Obrador incluso fue engañado por las Fuerzas Militares sobre el uso de programas para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.
AUTOR: TAMARA MARES RIVVERA.
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