Además deplora la difusión de desinformación y propaganda, incluso en Internet, que pueden diseñarse e implementarse para engañar, violar los derechos humanos, incluidos los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión.
La resolución adoptada por consenso urge a los gobiernos “abstenerse de interferir con el uso de tecnologías como herramientas de encriptación y anonimato, y de emplear técnicas de vigilancia ilegales o arbitrarias, incluso a través del hackeo”.
El texto, llama a “garantizar que las tecnologías de vigilancia específicas se utilicen únicamente de conformidad con los principios de derechos humanos de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad, y que los mecanismos legales de reparación y recursos efectivos estén disponibles para las víctimas de violaciones y abusos relacionados con la vigilancia”.
Igualmente expresa su preocupación “por la difusión de desinformación y propaganda, incluso en Internet, que pueden diseñarse e implementarse para engañar, violar los derechos humanos, incluidos los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión, y propagar el odio, el racismo , la xenofobia, los estereotipos negativos o la estigmatización y la incitación a la violencia, la discriminación y la hostilidad, y destaca la importante contribución de los periodistas para contrarrestar esta tendencia”.
México, junto a medio centenar de países, expresaron su “alarma por los casos en que líderes políticos, funcionarios públicos y/o autoridades denigran, intimidan o amenazan a los medios de comunicación, incluidos periodistas individuales, lo que aumenta el riesgo de amenazas, represalias y violencia contra los periodistas y socava la confianza del público en la credibilidad del periodismo”
Le preocupa que el trabajo de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación “a menudo los expone a un riesgo específico de violaciones y abusos de los derechos humanos, incluidos asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, arrestos y detenciones arbitrarias, expulsiones arbitrarias, violencia física, sexual y de género, como así como la intimidación, las amenazas y el acoso de todo tipo, incluso dirigiéndose a sus familiares o allanando y registrando arbitrariamente sus residencias, lo que a menudo disuade a los periodistas de continuar con su trabajo o fomenta la autocensura, privando en consecuencia a la sociedad de información importante”.
Igualmente, acusa los incidentes “de ataques extraterritoriales contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas, hostigamiento y vigilancia”.
Por otra parte, el texto patrocinado por México pide “proteger en la ley y en la práctica la confidencialidad de las fuentes de los periodistas, incluidos los denunciantes, en reconocimiento del papel esencial de los periodistas y de quienes les brindan información para fomentar la rendición de cuentas del gobierno y una sociedad inclusiva y pacífica, sujeto solo a limitaciones limitadas y excepciones claramente definidas previstas en los marcos jurídicos nacionales, incluida la autorización judicial, en cumplimiento de las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.
La resolución aboga por “tomar medidas para proteger a los periodistas y trabajadores de los medios de juicios estratégicos contra la participación pública, cuando corresponda, incluso mediante la adopción de leyes y políticas que prevengan y/o alivie dichos casos y brinden apoyo a las víctimas”
Asimismo, pide garantizar la rendición de cuentas mediante la realización de investigaciones imparciales, rápidas, exhaustivas, independientes y efectivas de todos los presuntos casos de violencia, amenazas y ataques contra periodistas y trabajadores de los medios que estén dentro de su jurisdicción.
“Siguiendo y agotando las líneas de investigación que determinen si la violencia, amenazas y ataques resultantes de las actividades periodísticas de las víctimas, llevar ante la justicia a los perpetradores, incluidos los que mandan, conspiran para cometer, ayudan e instigan o encubren tales crímenes, y garantizan que las víctimas y sus familias tengan acceso a una reparación adecuada, compensación y asistencia”.
Por otra parte, urge “desarrollar e implementar estrategias para combatir la impunidad de los ataques y la violencia contra periodistas, incluso mediante: la creación de unidades especiales de investigación o comisiones independientes.
Así como “designar un fiscal especializado, adoptar protocolos y métodos específicos de investigación y enjuiciamiento que estén en consonancia con las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional, tengan en cuenta las cuestiones de género y tengan en cuenta las normas internacionales de derechos humanos pertinentes.
Llama a considerar “la designación de un punto focal gubernamental para coordinar políticas y servir de enlace con otras partes interesadas relevantes en el tema de la seguridad de los periodistas”
Finalmente pide a los gobiernos “cooperar con los periodistas, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil para evaluar el daño que la pandemia de covid-19 estaba y sigue causando en la provisión de información vital al público y la sostenibilidad de los entornos de los medios, y considerar, siempre que sea posible, diseñar mecanismos apropiados para brindar apoyo financiero a los medios, incluido el periodismo local y los reportajes de investigación y garantizar que se brinde apoyo sin comprometer la independencia editorial”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.
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