Así lo explicó Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores al participar en el seminario “La batalla de Boston. La demanda que sigue”, organizado por el Colegio de México, en el que explicó que, a pesar de la decisión del juez, el gobierno continuará agotando todos los recursos legales que tenga a su alcance pues “aquí hay una consideración importante respecto a derechos humanos: la denegación de la justicia”.
El pasado viernes 30 de septiembre el juez Denis Saylor, de la Corte de Distrito con sede en Boston Massachusetts, determinó desestimar la demanda de México al considerar que las empresas demandas están protegidas por leyes como la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que desde 2005 escuda a los fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses de recibir demandadas por la vía civil por el mal uso de sus productos.
Por ello, Celorio explicó que, si bien el proceso aún se encuentra en una etapa “muy prematura”, en la que recién se consiguió ingresar la demanda ante el sistema de justicia estadounidense, aún falta el siguiente paso en la ruta legal que será acudir a la Corte de apelaciones.
“Pero sí después la ley inmunidades nos frustra el acceso a la justicia valdría la pena considerar esto (de acudir a la Corte IDH), porque hay bienes jurídicos superiores que es el derecho a la vida, a disfrutarla libre de violencia y el acceso a la justicia, que por mucho está por encima del beneficio económico del que gozan estas empresas por gozar de la impunidad que le otorga esta ley”.
México vs armerías estadounidenses ¿Qué sigue?
En términos del recurso de apelación, Celorio explicó que en los próximos 30 días —contados a partir del viernes— se presentará el recurso de apelación en la que se comunicarán al juez de distrito la decisión de México de apelar su decisión, para que a su vez éste mande dicho trámite a la Corte de apelaciones.
“La Corte de apelaciones después programará un calendario para presentación de escritos del Gobierno de México, escrito de apelaciones, respuesta de las empresas demandadas y una réplica del gobierno de México”, proceso que se podría alargar hasta el año 2024.
En dicha etapa, se abrirá un espacio donde se podrán presentar los llamados “escritos de los amigos de la Corte” en la que se establecerá una oportunidad para que la sociedad civil de México y Estados Unidos puedan comunicarles a los jueces de apelación más información “sobre el daño que causa esta negligencia que facilita el tráfico ilícito de armas”.
Tan solo al mes de abril de este año fiscales generales demócratas de 13 estados, junto con el Distrito de Columbia, mandaron escritos de apoyo a México, al igual que los países Antigua y Barbuda y Belice, que dijeron que los delitos violentos con armas habían perjudicado a América Latina y a las naciones del Caribe, por lo que la demanda de México ha contado con respaldo de dentro y fuera de los Estados Unidos.
“Lo que se va a poner interesante es si la Corte de apelaciones nos niega, si resuelve desfavorablemente para México, ahí usualmente uno puede recurrir a la Suprema Corte de los Estados Unidos, que no está obligada a tomar el caso, pero por su importancia percibimos que sí lo haría”.
Sin embargo, Celorio explicó que esta etapa del proceso podría ocurrir ya en el próximo sexenio, en el que el nuevo Gobierno deberá abrir un debate para determinar si conviene que la Suprema Corte —que es mayoritariamente conservadora— ofrezca un posicionamiento en firme sobre el tema o mejor terminar el litigio.
Plantean abrir nuevas demandas
En paralelo, el representante legal de México en este caso explicó que ya se están organizando una serie de acciones paralelas ante otras instancias e incluso otras demandas que podrían ser presentadas por el Gobierno o directamente por las víctimas del tráfico ilícito de armas.
“La más inmediata (es que) hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que programe, y así lo ha hecho para el 25 de octubre, una audiencia pública que se titula ‘Responsabilidad corporativa de la industria de producción de armas en la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos’”.
“Esta será una experiencia no vinculante para las empresas demandadas de la industria de las armas, pero nos permite evidenciar el problema de la negligencia corporativa. Si este tema no fuera relevante la CIDH no nos hubiera programado una audiencia pública”.
“Tenemos argumentos contra otros actores en la cadena de distribución, pero necesitábamos la decisión del juez en primera instancia (…) recordemos que esta es una acción inédita y ahora que sabemos lo que nos dice el juez que sí podemos demandar y sí podríamos prevalecer en un juicio, ya sabemos hacia donde podríamos dirigir las acciones legales que consideramos pertinentes”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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