Desde sus canales oficiales de comunicación, el INM presumió que, tan sólo el 22 de septiembre pasado, detuvo a 3 mil 263 personas originarias de 50 países. El discurso oficial del gobierno mexicano plantea que esas personas fueron “rescatadas”, pues “se evitó que su vida corriera peligro a su paso de manera irregular por territorio mexicano”.
De las personas detenidas entre enero y julio de este año, 125 mil provenían de Centroamérica y 74 mil 141 de Sudamérica y el Caribe, especialmente de Cuba, Colombia y Venezuela, un claro incremento exponencial. Hasta julio pasado el gobierno mexicano había deportado a 64 mil 860 personas a sus países de origen, casi todos a Centroamérica.
Las detenciones registradas entre enero y julio rebasaron los 198 mil arrestos reportados durante 2015, el año en que el entonces presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha el polémico llamado Programa Frontera Sur, desatando una cacería de migrantes en todo el país mediante miles de operativos del INM, de la mano de la extinta Policía Federal y de militares.
En junio de 2019 el canciller Marcelo Ebrard acordó con el gobierno de Donald Trump el despliegue de decenas de miles de soldados de la Guardia Nacional para contener el flujo migratorio; cuerpo de seguridad que el presidente López Obrador entregó formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, convirtiendo de facto el tema migratorio en un asunto militar, a pesar de los múltiples reclamos de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Las detenciones masivas y la militarización de la política migratoria contrastan con el discurso de López Obrador, quien alaba públicamente a las personas migrantes –especialmente a los más de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, fuente de 51 mil 585 millones de dólares en remesas en 2021–, y afirma que su gobierno prioriza el combate a las causas de la migración para evitar que abandonen sus casas.
Sin embargo, entre octubre de 2021 y agosto de este año, las autoridades estadunidenses detuvieron a 744 mil 341 mexicanos en su intento de cruzar sin documentos a Estados Unidos, una cifra tres veces mayor a la reportada en el arranque del sexenio.
En su comparecencia ante el Senado, el pasado 27 de septiembre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, resaltó que “la crisis migratoria que enfrenta el país efectivamente es un tema grave” y, tras aseverar que “no es tarea fácil, enfrentamos a mafias que trafican con las necesidades de seres humanos”, negó que el INM cometa violaciones a derechos humanos.
Apenas tres días antes, el INM informó que había dado de baja a tres de sus agentes por agredir a una persona migrante en Chiapas en marzo pasado, y la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (-CNDH) ha multiplicado las recomendaciones al INM, documentando por ejemplo el uso de descargas eléctricas contra un migrante cubano en Ciudad Hidalgo, Chiapas, o la detención de una familia haitiana con “violencia física”.
Abusos
En los hechos, el INM opera con total arbitrariedad. En los aeropuertos del país, por ejemplo, se han multiplicado los casos de viajeros –especialmente provenientes de Colombia– que, al llegar, son llevados a la fuerza a cuartos sin luz del día, donde agentes del INM los mantienen incomunicados y los deportan en cuestión de horas, sin darles explicaciones.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2396 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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