Los ministros declararon fundados los recursos de reclamación interpuestos por la autoridad electoral en contra de la decisión de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien el pasado julio concedió una suspensión a la Fiscalía para que no entregara la información al instituto sobre el caso que involucra el presunto pago de sobornos con los que supuestamente se financió la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
La sala también ordenó a la FGR que entregue la información sobre las investigaciones del presunto financiamiento ilícito del partido Movimiento Ciudadano en su campaña electoral en Baja California en 2016.
De esta manera y en votación dividida, los ministros revocaron la decisión de Esquivel de admitir a trámite las controversias constitucionales interpuestas por la FGR en ambos casos. La ministra Loretta Ortiz Ahlf se había declarado impedida para votar, dado que está casada con el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti.
En el caso Odebrecht, la ministra había ordenado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no hacer efectiva la resolución por la que instruyó a la FGR a entregar la información al INE.
De acuerdo con Esquivel, ni el INE ni el TEPJF cuentan con las atribuciones constitucionales para ordenar la entrega de información que obra en una carpeta de investigación, ya que el artículo 21 de la Constitución en su primer párrafo establece que la indagatoria de los delitos le corresponde exclusivamente al Ministerio Público.
“La FGR cuenta con la facultad de reservar información que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas que intervienen en un procedimiento o las investigaciones del Ministerio Público de la Federación, así como la secrecía de la investigación”, apuntó.
Señaló que los registros que componen una investigación son reservados y que solo pueden acceder a éstos tanto la parte quejosa como la parte acusada y su defensa. Entregar esta información a terceros pondría en riesgo las investigaciones, además de vulnerar derechos humanos.
En abril de 2021, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE solicitó a la Fiscalía la información, con el fin de investigar las denuncias hechas por Morena y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2017.
Ante la negativa de la FGR, que argumentó que se trata de una investigación abierta por lo que se afectaría el debido proceso, el INE presentó un recurso ante el TEPJF, que ordenó a la Fiscalía entregar la información.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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