Tan solo entre mitades de 2016 y 2017, la institución castrense ingresó más de 6 mil números en su plataforma del sistema de espionaje.
La gran mayoría de estos números remitió a celulares registrados en zonas conflictivas –como Tamaulipas, Jalisco, Guerrero o Michoacán--, pero decenas correspondían a teléfonos de los entonces gobernadores y sus ayudantes, los fiscales de los Estados, defensores de derechos humanos y por lo menos un periodista: el reportero guerrerense Cecilio Pineda Brito, quien fue asesinado semanas después de ser espiado.
Entre los objetivos que la Sedena seleccionó en su plataforma Pegasus destacaban también abogados, médicos, consultores políticos, policías y otros militares, incluyendo a varios generales de la misma corporación castrense, según la investigación internacional Pegasus Project, que Proceso y otros 16 medios internacionales revelaron en julio de 2021.
Así, durante el sexenio pasado, el poder militar tuvo entre sus objetivos los teléfonos de los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral Jurado; de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; de Sonora, Claudia Pavlovich; de Veracruz, Miguel Ángel Yunes; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”; de Jalisco, Aristóteles Sandoval; de Guerrero, Héctor Astudillo Flores; de Hidalgo, Omar Fayad –y su antecesor, Francisco Olvera Ruiz--; de Tlaxcala, Marco Mena; de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; de Tabasco, Arturo Núñez; de Nayarit, Roberto Sandoval; de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; de Querétaro, Francisco Domínguez; de Coahuila, Rubén Moreira; de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras; de Morelos, Graco Ramírez Abreu; y de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, quien es ahora presidente nacional del PRI.
En Guerrero, la Sedena atacó con Pegasus a los teléfonos del activista reconocido Abel Barrera y del abogado Vidulfo Rosales Sierra, respectivos fundador e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que ha acompañado a casos de violaciones de derechos humanos en la Montaña de Guerrero y a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El espionaje a los actores de la trama de Ayotzinapa ha cobrado gran relevancia recientemente, pues en su informe del pasado 18 de agosto, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) confirmó que la Sedena operaba Pegasus desde los Centros Regionales de Fusión e Inteligencia, y que tenía intervenidos los teléfonos de los principales actores de la trama criminal.
La investigación independiente sobre Ayotzinapa reveló que, durante años, la Sedena se negó a entregar el producto del espionaje a los policías ministeriales de la fiscalía especial para Ayoztinapa y a los expertos internacionales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); parte de las intervenciones exhiben el papel central que jugaron militares de alto rango en la desaparición de los estudiantes.
El GIEI reveló, el pasado 29 de septiembre, que la Sedena incluso había negado que operaba un centro de inteligencia en Iguala desde el cual espiaba con Pegasus, lo cual era una mentira: los expertos confirmaron que el Ejército sí operaba el spyware desde el CRFI Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala, ubicado en el 27 Batallón de Iguala.
Durante el sexenio de Peña Nieto, la Sedena espió también a Raymundo Ramos, el director del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien ha documentado violaciones graves a los derechos humanos perpetradas en el contexto de conflicto armado que acecha a Tamaulipas desde hace más de una década. Ramos forma parte de las personas que han sido espiadas también durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Los soldados atacaron con Pegasus en al menos dos ocasiones al periodista Cecilio Pineda Brito, quien laboraba en la región de Tierra Caliente, en Guerrero. El reportero, conductor de la página “Cecilio Pineda, las noticias de un instante”, fue asesinado en la tarde del 2 de marzo de 2017 en Altamirano. Apenas unas semanas antes, a principios de ese año, su teléfono había sido objetivo de Pegasus.
Bajo la gestión de Salvador Cienfuegos Zepeda, el titular de la Sedena durante el sexenio de Peña Nieto, la institución utilizó Pegasus para intervenir los celulares de los fiscales estatales, como los guerrerenses Xavier Olea Muñoz y Miguel Ángel Godínez Muñoz; los michoacanos Adrián López Solis, o el morelense Javier Pérez Durón, pero también Donaciano Millán Bayzabal, coordinador de seguridad estatal de Hidalgo, o Genaro Robles Casillas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa.
Entre sus objetivos figuraban otros actores políticos, como Humberto Morales Paniagua, entonces secretario particular del gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello; Carlos Joaquín Rejón, hijo del entonces gobernador de Quintana Roo; así como autoridades municipales en Guerrero y Tamaulipas, y hasta militares de alto rango como el General Enrique Dena, comandante de la 33 Zona Militar de Campeche.
Después de la publicación de Pegasus Project, la Sedena hizo caso omiso a la orden del presidente López Obrador de dar a conocer todos los contratos vinculados con el sistema de espionaje, y mantuvo un silencio institucional sobre su uso del software.
El 3 de agosto de 2021, preguntado sobre el sistema Pegasus y posibles contratos con las empresas vendedoras de la tecnología intrusiva de NSO Group, López Obrador afirmó que “en la actualidad no hay ya contratos con estas empresas. Sí hay un servicio que tiene la Secretaría de la Defensa, como otras secretarías, Marina, para llevar a cabo labores de inteligencia. [...], ya no existe ninguna relación con esta empresa”.
En dos oficios dirigidos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) enviados en octubre y noviembre de 2019, la Sedena reconoció que utilizó el sistema Pegasus, pero solamente entre el 27 de junio de 2011 y el 24 de agosto de 2013, mediante un contrato con la empresa Security Tracking Devices, del empresario tapatío José Susumo Azano.
Esta afirmación era, de nueva cuenta, falsa. En 2017, Aristegui Noticias reveló una serie de facturas de actualización de Pegasus que la empresa Proyectos y Diseños VME envió a la Sedena, y la CoVAJ documentó que la Sedena había intervenido los teléfonos de actores de la trama criminal de Guerrero a través de la empresa Proyectos y Diseños VME, e indicó que “el 93% de los contratos realizados (con la empresa) fueron con la Sedena de entonces”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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