Estas discrepancias fueron detectadas en al menos tres casos que atrajeron la atención pública. En todos, la Sedena reportó internamente una cifra distinta de personas muertas y lesionadas en comparación con lo que públicamente reconoció.
Los reportes internos forman parte de los documentos de la Sedena obtenidos y filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya, en los que se incluyen correos electrónicos enviados al general secretario, Luis Cresencio Sandoval, con informes sobre ataques a soldados.
Tan solo de diciembre de 2018 a septiembre de 2022 —es decir, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador—, la Sedena tiene registro de 946 “agresiones a personal del Ejército Mexicano”.
Según la información entregada por transparencia, en esos hechos murieron 36 militares, 746 agresores y 10 particulares. Asimismo, resultaron heridos 249 militares, 160 agresores y 36 particulares.
Dejan fuera a policías muertos o heridos
Uno de los enfrentamientos entre militares y civiles armados que han dejado más agresores muertos en lo que va del sexenio ocurrió a mediodía del 30 de noviembre de 2019. Ese día, hombres a bordo de vehículos dispararon contra la presidencia municipal de Villa Unión, Coahuila.
En su respuesta entregada por transparencia, la Sedena señala que en ese hecho murieron 17 agresores y un militar. Sin embargo, el reporte interno de la propia secretaría —obtenido por el hackeo de Guacamaya— consigna que también hubo cuatro policías estatales fallecidos, otros seis lesionados, un cuerpo calcinado, un agresor detenido y cinco personas rescatadas.
En su respuesta entregada por transparencia, la Sedena indica que ese mismo día su personal sufrió otra agresión en Coahuila, en el municipio de Guerrero. De ese hecho se reportaron cuatro agresores muertos y uno detenido.
Dentro del reporte interno sobre lo sucedido se detalla que la agresión ocurrió a las 13:54 horas en las inmediaciones del rancho El Coyote, donde un helicóptero UH-69 de la Fuerza Aérea Mexicana salió como refuerzo a un grupo de policías atacados, fue recibido con disparos y decidió repeler el fuego “realizando 3 barridos con ametralladoras”.
Sobre los cuatro agresores fallecidos y el detenido, el reporte interno no menciona nada.
Al día siguiente, 1 de diciembre, la Sedena señala en su respuesta por transparencia que su personal sufrió otra agresión en Hidalgo, Coahuila, donde un agresor murió.
Pero en su reporte interno, detalla que a las 18:15 horas personal militar de su Base de Operaciones fue agredido con disparos por alrededor de 20 hombres en dos camionetas. La dependencia agrega que los soldados repelieron la agresión y, más adelante, consigna que derivado de lo sucedido se localizó a tres hombres que “habían sido privados de la libertad y posteriormente fueron asesinados”.
Un caso similar ocurrió el 21 de febrero de 2019. De ese día, la Sedena reporta vía transparencia una agresión en Buenavista, Michoacán, con un saldo de un militar fallecido y uno herido, así como de ocho agresores fallecidos y cinco detenidos (tres de ellos, heridos).
Pero en el reporte interno —descrito como “resumen de novedades” y enviado directamente al general Sandoval—, se indica que el saldo no solo fue de un militar muerto y uno herido, sino también de un policía estatal lesionado. Según el mismo documento, eso ocurrió luego de que soldados del 30 Batallón de Infantería y elementos de la Policía Estatal se desplazaran para atender un bloqueo carretero, donde fueron recibidos con disparos.
El reporte interno detalla que el militar fallecido fue el coronel Guadalupe N., quien murió en el Hospital Central Militar, en la Ciudad de México, a donde fue trasladado en helicóptero.
En Nuevo Laredo, una posible ejecución extrajudicial
En su reporte entregado por transparencia, la Sedena indica que el 3 de julio de 2020 su personal sufrió una agresión en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a raíz de la cual murieron 13 agresores.
Pero en su reporte interno, nuevamente, hay datos distintos.
El documento señala que la agresión ocurrió sobre el Boulevard Aeropuerto, a la altura de la colonia Nueva Era, a las 2:15 horas. Detalla que un oficial y 22 elementos de tropa del 16 Regimiento de Caballería Motorizado, al realizar reconocimientos terrestres, fueron agredidos con disparos por hombres armados a bordo de tres camionetas.
Según la Sedena, los militares lograron repeler la agresión, con un saldo final de 12 agresores fallecidos, no 13, así como con el decomiso de armamento.
Medios de comunicación informaron entonces que los fallecidos eran presuntos integrantes del grupo Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel del Noreste (CDN).
Días después, el 30 de julio de 2020, la Sedena emitió un documento titulado “Diagnóstico de seguridad Nuevo Laredo, Tamaulipas”, en el que reportó que la principal problemática de seguridad en dicho municipio era el CDN, pues lo adoptó como base “donde opera el tráfico de drogas (cocaína, marihuana y en menor medida crystal y heroína), así como de personas, armas y mercancías entre EUA y México”.
En ese mismo documento, la Sedena da cuenta de que tan solo de enero a julio de ese año en el municipio se reportaron 38 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, de los cuales 35 ocurrieron en agresiones contra la autoridad. Además, indica que el día de más muertes fue el 3 de julio, cuando “la Sedena abatió a 13 agresores del CDN”.
Semanas después, el 24 de agosto de 2020, comenzó a circular el video de una posible ejecución extrajudicial a manos de soldados de un civil herido y desarmado, ocurrida precisamente después del enfrentamiento del 3 de julio.
El caso tuvo tal impacto que la Sedena incluso elaboró el reporte interno “Temas que han impactado en la imagen de la Secretaría”, que coloca el asunto junto a sucesos como la agresión sexual cometida por soldados contra dos mujeres guerrerenses el 22 de marzo de 2002, el caso Tlatlaya del 30 de junio de 2014 y el caso Ayotzinapa de septiembre de 2014.
Sobre el “caso Tamaulipas”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por uso excesivo de la fuerza que derivó en la pérdida de la vida de 12 personas, entre quienes se encontraban tres civiles que hasta ese día estaban “en calidad de desaparecidos”.
De acuerdo con la recomendación, en principio la Sedena argumentó que su personal actuó para salvaguardar su integridad física frente a una agresión.
No obstante, la misma Sedena reconoció que el 24 de agosto su personal de la Unidad de Vinculación Ciudadana se trasladó a Nuevo Laredo para realizar “acercamientos necesarios para atención de los familiares fallecidos”, en específico, con deudos de los tres civiles muertos, a quienes informó su intención de buscar una conciliación, aunque sin aceptar responsabilidad.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
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