La información hackeada a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la que tuvo acceso El País, revela la penetración del Ejército no solo en el ámbito civil, sino incluso en la vida privada del Presidente. Entre otros asuntos, detalla cómo militares tuvieron que cumplir órdenes del General Luis Crescencio Sandoval para “bordar sus iniciales y las de su esposa” en las toallas que se utilizan en su domicilio.
Las revelaciones dadas a conocer por la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa exhiben a una fuerza castrense infiltrando movimientos sociales hace apenas ocho años. Ahora, las filtraciones reveladas esta semana muestran a los militares combatiendo a los capos de la droga en México, pero también vigilando a los indígenas zapatistas en las montañas de Chiapas. El diario español El País obtuvo más de cuatro millones de documentos con conversaciones, órdenes, partes, estados de cuentas y notas informativas entre mandos altos y medios que confirma lo mismo: una fuerte presencia de los militares que ha crecido ahora hacia su lado constructor.
Millones de correos evidencian la presencia de las Fuerzas Armadas en todas las esferas de México: desde operaciones militares, cuentas corrientes, denuncias de abusos sexuales a la presencia en el círculo íntimo del presidente
— EL PAÍS México (@elpaismexico) October 1, 2022
Por @Jacobogg @eliascamhaji https://t.co/N3UZDtGztI
Quizá la filtración no se haya dado en el mejor momento de la vida nacional. El Gobierno se enfrenta a los partidos de oposición porque quiere que el Ejercito se mantenga en tareas de seguridad hasta el 2028. Sea real o sea electoral la preocupación de los partidos, lo cierto es que la última información sí habla de los riesgos que puede tener una Nación, la que sea, con cada vez más tareas civiles entregadas a lo militares.
El informe revelado recientemente por la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa también da cuenta del poder del Ejército: sabía en tiempo real lo que sucedía la Noche de Iguala porque durante la desaparición de los estudiantes intervinieron comunicaciones telefónicas a Guerreros Unidos, llamadas en las que se hablaba de los normalistas y “de dónde había que mandar a los jóvenes”.
Incluso los integrantes del Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijeron que había una relación directa entre miembros del Ejército, policías y criminales; que Guerreros Unidos, familiares de los 43, y policías locales y estatales en la región eran vigilados por Sedena con el programa de espionaje Pegasus.
El GIEI también reveló que en los archivos que le abrió la Sedena –por orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas– se encontraron comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos que muestran la relación que existía entre el grupo criminal con militares, en concreto con el Capital José Martínez Crespo y el Coronel Rafael Hernández e incluso con personal de la Marina, que aún no se ha investigado; así como con presidentes municipales y policías locales.
Esa madrugada del 16 de septiembre de 2014, entre los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que fueron agredidos y posteriormente desaparecidos por autoridades de distintos niveles y miembros del crimen organizado, se encontraba un muchacho que, además, era parte del Ejército mexicano: José Luis López Patolzin.
“Su historia va más allá y da un giro clave a los hechos”, narra un nuevo video realizado por la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) y publicado este viernes en la cuenta oficial del Gobierno de México.
Los detalles del joven López Patolzin no son novedad, pues su participación como miembros de las Fuerzas Armadas se reveló en agosto, cuando la comisión presentó su informe, pero el video se publica en medio de la polémica por la participación del Ejército en el caso Ayotzinapa y la cancelación de una parte de las órdenes de aprehensión contra militares.
EL EJÉRCITO EN TODO
Las filtraciones que hoy da a conocer El País, que van desde el año 2010 hasta septiembre 2022, están entre un cúmulo de comunicaciones electrónicas que fueron extraídas por un grupo de hackers llamado Guacamaya.
Los correos revisados por El País, de acuerdo con la nota firmada por los periodistas Jacobo García y Elías Camhaji, confirman que las tareas que hasta ahora realizaba el Estado Mayor Presidencial, disuelto con su llegada al poder, han sido reemplazadas por un reducido grupo de soldados que acompaña, coordina y da seguridad a las actividades de la familia de López Obrador y parte del gabinete.
“Miembros de la Sedena son los encargados de hacer el seguimiento médico del Presidente, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y sus hijos. Se encargan también de las pruebas PCR de covid-19 y de las terapias físicas que habitualmente el mandatario realiza en las instalaciones del Heroico Colegio Militar de Tlalpan, que utiliza para caminatas. El Ejército tiene el encargo de entregar en mano solo al presidente los resultados de las pruebas médicas y hasta la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, confió en la Sedena el tratamiento médico para la cura de la covid en 2020”, destaca hoy el medio.
El País agrega que este grupo de militares también se encarga de tareas tan diversas que van desde funciones domésticas en Palacio Nacional, como cambiar las plantas cada tres meses, hasta revisar las cámaras de seguridad de Palacio Nacional y las otras ocho cámaras instaladas en su casa de Tlalpan. Los correos consultados han permitido ver el monitoreo constante de las actividades presidenciales y miembros de la familia que son nombrados en las comunicaciones internas como “Zeus”, Andrés Manuel López Obrador o “Aura”, para Beatriz Gutiérrez Müller.
La correspondencia hackeada también sacó a la luz detalles menores, como el hecho de que personal militar compró en abril boletos para el General Luis Crescencio Sandoval para asistir al concierto de Gloria Trevi en el Auditorio de la Ciudad de México y cómo tuvieron que cumplir sus órdenes de “bordar sus iniciales y las de su esposa” en las toallas que utilizan en su domicilio.
La información publicada por El País también revela que hay un control permanente de actores políticos relevantes, movimientos sociales como el zapatismo y de todas y cada una de las publicaciones de la prensa nacional e internacional, aunque la gran mayoría de los documentos contienen información que ya es pública.
Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los archivos hackeados revelaban detalles previamente desconocidos en torno a un problema grave de salud que padeció en enero.
El mandatario de 68 años minimizó el acto de ciberpiratería, diciendo que “no hay nada que no se sepa”. Afirmó que aparentemente la intrusión ocurrió durante un cambio en los sistemas cibernéticos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El grupo que se hace llamar Guacamaya, integrado por elementos anónimos que dicen ser guerreros por la justicia social, dice utilizar el hackeo para sacar a la luz la injusticia y la corrupción en defensa de los pueblos indígenas. Anteriormente, piratas cibernéticos que utilizan ese mismo nombre robaron y dieron a conocer los correos electrónicos de una compañía minera que desde hace tiempo enfrentaba acusaciones de violaciones a los derechos humanos y daños al medio ambiente en Guatemala.
Los 10 terabytes de información robados por el grupo también incluyen correos electrónicos de las fuerzas armadas de El Salvador, Perú y Colombia, y de la Policía Nacional salvadoreña. Aparentemente México fue el país que sufrió el mayor robo de datos.
AUTOR: REDACCIÓN.
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