Miembros del Ejército y de la Guardia Nacional han sido señalados por presuntamente colaborar con la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, entre otros grupos delictivos, según una decena de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Correos obtenidos por el grupo hacktivista Guacamaya relacionan a algunos elementos de ambas corporaciones con la venta de armamento a grupos delictivos; además, se les acusa de supuestamente proteger a miembros de los cárteles, darles información y permitir que trafiquen con personas, drogas e hidrocarburos.
Si bien en los reportes se advierte sobre estos casos y se emiten recomendaciones, no se menciona si se aplicó alguna acción al respecto o si hubo sanciones para las personas involucradas.
Un documento elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en junio de 2019 afirma que “un presunto militar” ofrece equipo táctico, armas y granadas, y además proporciona información sobre la movilidad y los operativos de las Fuerzas Armadas a un miembro de la Familia Michoacana en el Estado de México.
“El efectivo ofreció a operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 26 mil pesos cada una; la célula delictiva confirmó la compra de ocho de ellas, las cuales fueron entregadas” en la entidad, dice el reporte.
Además, dice que “el proveedor de armas y equipo táctico del militar vinculado a La Familia” es otro presunto integrante de la Sedena, cuyo equipo móvil se ubicaba en el Campo Militar No. 1 en la Ciudad de México.
Por otro lado, un documento enviado desde el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI), en agosto de 2022, da cuenta de presuntos vínculos de cuatro agentes de la Guardia Nacional con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz para facilitar el traslado ilegal de personas migrantes.
“Actividades que realiza la G.N: Proporcionan el libre tránsito a los traficantes de indocumentados previo a una clave que estos mencionan, como medida de identificación para estas autoridades”, señala.
En el reporte se identifica que otro guardia nacional de caminos tiene vínculos con un grupo dedicado al robo de hidrocarburos en Veracruz. El agente, menciona, proporciona seguridad en el lugar de extracción y escolta los vehículos con combustible robado.
Huachicol y un “regalo” de 50 mil pesos
Otro informe de agosto de 2022 indica que una persona dedicada al robo de combustible en los límites de Hidalgo y el Estado de México manifestó tener comunicación con los comandantes del 96 Batallón de Infantería de Pachuca y de la 23 Zona Militar de Panotla, Tlaxcala.
Esta persona “supuestamente pretende entregar un regalo de 50,000.00 (cincuenta mil pesos) a cada uno, con la finalidad de que les permitan llevar a cabo la extracción de hidrocarburo”.
Según las autoridades, es posible que una persona supuestamente dedicada al robo de hidrocarburos haya coincidido en reuniones de trabajo relacionadas con la seguridad de ductos de Pemex.
Un informe del CNI de agosto de 2020, en el que advierten que el Cártel del Pacífico está fortaleciendo su red de corrupción en Sonora, afirma que un presunto delincuente se jactó de haber llegado a un acuerdo sobre el monto de la “cuota” semanal a autoridades: 20 mil pesos a policías municipales, 25 mil a policías estatales, 30 mil a “cajoneros” (corporación sin identificar), además de 40 mil pesos quincenales a miembros de la Guardia Nacional.
Además, indica, otro presunto delincuente había acordado el pago de “60 mil pesos semanales a un presunto mando militar (sin identificar), con la finalidad de implementar operativos contra Los Páez en Caborca y participar en la ‘limpia de la plaza’”.
En los correos también hay reportes elaborados por personal de inteligencia de la Secretaría de Marina. Según uno de estos correos enviados en febrero de 2020, se identificó a una persona adscrita a la Policía Militar de Sinaloa como presunto contacto para la venta de armas a la Familia Michoacana.
Según el documento, una persona “entrevistada” que trabajaba para un grupo criminal dio el número del contacto con quien adquiere armamento. Mediante “fuentes cerrada (sic)” los marinos detectaron que la persona pertenecía a personal del Ejército y que esta persona mantenía contacto con presuntos delincuentes, así como con funcionarios públicos.
Militares, acusados de proteger a integrantes del Cártel de Sinaloa
En otro reporte, también de elementos de la Marina de marzo de 2020, se plantea que integrantes del Cártel de Sinaloa “cuentan con la protección de algunos elementos de Sedena y Guardia Nacional”.
Según este archivo, en el teléfono de una persona asesinada en un restaurante del Estado de México se encontraron fotografías y conversaciones relacionadas con el tráfico de drogas, al igual que contactos de teléfono registrados como “Teniente Guardia N” y “Teniente”.
Otro informe, que el CNI envió a la Sedena en octubre de 2020, afirma que esta agencia tuvo conocimiento de que el Cártel de Los Páez tenía cooptados a dos mandos de la Sedena en Plutarco Elías Calles y Caborca, Sonora, quienes colaborarían con el grupo delincuencial para desplazar a grupos contrarios.
“Se sugiere que Sedena y GN realicen reconocimientos terrestres para la ubicación de los puntos referidos, y que incrementen el despliegue disuasivo en Caborca, Pitiquito y Plutarco Elías Calles, para disminuir la capacidad logística y operativa de los grupos en conflicto”, señala.
Asimismo, un par de reportes de la Semar de 2021 advirtió que un teléfono de celular utilizado por un miembro de la Guardia Nacional “aparentemente se encuentra relacionado con trasiego de droga y/o alguna organización delictiva”, mientras que otro número de teléfono “utilizado posiblemente por un elemento de Sedena” está vinculado con un jefe de la Familia Michoacana.
Incluso, un informe de 2020 del CNI señaló que un expiloto de la Fuerza Aérea Mexicana realizó actividades trasiego de drogas, vía aérea, para el Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Se conoció que fue contratado por otro piloto para transportar un cargamento de droga vía aérea, así como a una persona” de Veracruz a Campeche.
Por otro lado, se confirmó que el exmilitar estaba en trámites para ser contratado como instructor en una escuela de aviación, con el objetivo de tramitar su licencia como piloto privado y, después, como piloto comercial.
Otro informe, de febrero de 2020, señaló que una célula de la Familia Michoacana en Huetamo, Michoacán, tuvo acceso a la frecuencia de radio utilizada por soldados mexicanos, con el fin de conocer los reportes de los recorridos de vigilancia en Tiquicheo, Michoacán.
El CNI mencionó que un “Comandante” de la Sedena proporcionaba información a integrantes del grupo delictivo para avisarles de operativos en la zona. Adicionalmente, se informó que este grupo fue alertado de un operativo de la Guardia Nacional.
“Se compartió la información con la Subjefatura de Inteligencia de la Sedena, a fin de alertar sobre el posible riesgo de vinculación de personal militar con la célula criminal”, menciona el documento.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ÓSCAR NOGUEDA, LEÓN RAMÍREZ.
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