El mandatario indicó que su administración se diferencia de las anteriores y usó como ejemplo el caso del Subsecretario y la denuncia penal presentada por los abogados de los militares presos por el caso Ayotzinapa.
“Ahora con el caso Ayotzinapa salieron cosas que estaban ahí. De repente se sintieron afectados los que dominaban en algunas áreas de la Fiscalía y daban protección, al grado de que ayer presentaron una denuncia unos abogados en contra de Alejandro Encinas. Quiere decir que vamos bien”, expresó desde Palacio Nacional en su conferencia matutina.
Ayer, los litigantes acusaron a Encinas Rodríguez, titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), de entorpecer la investigación y fabricar pruebas falsas en contra de sus clientes: el Subteniente Fabián Pirita Ochoa, el Sargento Eduardo Mota Esquivel, el General José Rodríguez Pérez y el Capitán José Martínez Crespo.
La demanda presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) fue por los delitos contra la administración de justicia y fabricación de pruebas en el caso Ayotzinapa, sobre los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
El mandatario usó la denuncia penal como ejemplo de que su administración difiere respecto a las anteriores, un símbolo de cambio de las estructuras de poder hacia el interés del Pueblo.
“Quiere decir que vamos bien porque Alejandro tiene todo nuestro apoyo. No les gustó lo que se hizo en una primera etapa. Es que imagínense si hubiese seguido la misma política, lo vuelvo a repetir, es donde todos los intereses cuentan, menos el interés del Pueblo, como sabíamos”, afirmó.
Ayer, los abogados desestimaron las pruebas presentadas por Encinas con anterioridad y pidieron su destitución por corromper el debido proceso, así como la presunción de inocencia de sus clientes, y, con ayuda de un video, indicaron que no es posible demostrar la veracidad de las conversaciones de WhatsApp mostradas como pruebas por el Subsecretario en su informe del pasado 18 de agosto.
Esta es la denuncia de hechos contra QRR interpuesta por cuatro militares acusados del crimen de los normalistas de #Ayotzinapa. pic.twitter.com/tQl37qYyx9
— Raymundo RivaPalacio (@rivapa) November 8, 2022
“El Subsecretario hizo a un lado a sus colaboradores presentando a sus espaldas un informe falto de rigor, elaborado con evidencia cuestionable y puso en peligro el futuro de la investigación y las esperanzas de los familiares de los estudiantes y la confianza de la sociedad”.
Los licenciados dijeron que, al igual que Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), el Subsecretario Encinas debería separarse de su cargo “ya que además de tener un claro conflicto de interés, su permanencia en el cargo de la Comisión sólo puede ir en detrimento de la verdad y de la justicia”.
“Su conducta ha viciado el proceso, quizás de manera irreparable, y cada día que permanezca al frente de la Comisión seguirá destruyendo la confianza de los familiares de las víctimas y de la sociedad”, expusieron.
De igual forma, el abogado Alejandro Robledo Carretero señaló a Encinas de anteponer intereses políticos por encima del esclarecimiento de los hechos, puesto que “necesitaban un chivo expiatorio para justificar sus casi cuatro años de investigación y la verdad parece más distante que nunca”.
El pasado 27 de septiembre la defensa legal de los militares ya había rechazado las acusaciones del informe de la CoVAJ en contra de estos elementos del Ejército.
“Pedimos al Subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la CoVAJ, deje de politizar las investigaciones, para que los padres de los estudiantes desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad y tener acceso a la justicia sin sesgos ni manipulaciones”, expuso el abogado César Omar González Hernández en conferencia de prensa.
Respecto al informe de la Comisión de la Verdad, los abogados dijeron que “se encuentra plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones, como la afirmación de que toda la información y productos obtenidos los han entregado a la Fiscalía especial para el caso y al GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes], lo que fue desmentido por éste”.
A las afueras de la Puerta 8 del Campo Militar 1-A, el legista Robledo Carretero explicó que no es posible que se haya dictado un auto de formal prisión basándose en las acusaciones de un testigo protegido sin considerar las pruebas presentadas, por lo que, afirman, el caso está “politizado”.
“No es posible que ese Juez haya dictado un auto de formal prisión, desestimando las pruebas que se le aportaron, con el argumento de que éstas no fueron suficientes para acreditar que los indiciados no han realizado algún acto de colaboración con el grupo criminal [Guerreros Unidos], pretendiendo que sea el acusado quien pruebe que no cometió ningún hecho, que debe ser el Ministerio Público quien acredite que si lo cometió, esto es el principio esencial del derecho penal”, expuso.
“No puede ser obra de la casualidad el signo de la politización que un día se presente el informe del presidente de la CoVAJ haciendo graves acusaciones a los militares y, al otro, se anuncia el libramiento de órdenes de aprehensión contra ellos y que no se refieren a aquellas acusaciones, pero que sí generan esa duda y esa percepción”, agregó.
AUTOR: REDACCIÓN.
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