lunes, 28 de noviembre de 2022

Ante crisis de desaparecidos en Jalisco, organizaciones reclaman que recursos aprobados para 2023 son insuficientes

De última hora el Congreso de Jalisco aprobó dar 30 millones de pesos adicionales para la búsqueda de personas desaparecidas, respecto de la propuesta de Enrique Alfaro, pero organizaciones advierten que el aumento debió ser de 142.2 mdp.

En ‘fast track’, con 29 votos a favor y dos en contra, el Congreso de Jalisco aprobó 681 millones 944 mil 662 pesos en 2023 para las dependencias que trabajan frente a la crisis de desaparecidos.

Son 30 millones más de los que había propuesto el gobernador Enrique Alfaro, de MC, y en promedio 11.32% más respecto de lo aprobado el año pasado.

Sin embargo, organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), que brindan apoyo a familiares de víctimas, reclaman que no fueron escuchadas y que el monto aprobado es insuficiente.

Según sus estimaciones, debieron darse 142.2 millones más de lo previsto en el documento enviado por el gobernador, ante el aumento de víctimas y de tareas para su búsqueda e identificación. 

Actualmente Jalisco, en el occidente del país, enfrenta una crisis humanitaria con 15 mil 027 personas desaparecidas; es la entidad con mayor número de desaparecidos del país, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). 

Cepad, en conjunto con el Consejo Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, presentó una semana antes de la discusión en el Congreso estatal un análisis del proyecto del presupuesto.

Ahí advirtieron que las desapariciones en la entidad ha crecido cerca del 8%, por lo que  era importante destinar al menos el 0.5% del presupuesto estatal a la búsqueda de desaparecidos y atención de crisis forense.

“Tanto por la importancia de este tema como por el flagelo social que implica y el interés público en la comisión de este delito”, señaló la organización que elabora estudios y registros relacionados con la desaparición forzada y tortura en el Estado.

Del dato de más de 15 mil personas desaparecidas, detallaron, “se ha podido corroborar que 42.36% (6,366 casos según el Registro Nacional) corresponden a personas que desaparecieron entre 2019 y lo que va de 2022, es decir, durante el actual gobierno estatal”.

El presupuesto destinado a encarar la crisis de desaparecidos en Jalisco se distribuyó entre distintas dependencias. Aquí las cifras, con cálculos de Cepad:

Fiscalía especializada en Personas Desaparecidas. El gobierno de Alfaro propuso darle 126 millones 872 mil 504 pesos y le aprobaron 15 millones de pesos más, para quedar con 141 millones, 23% más que el año pasado. 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Le aprobaron 75 millones de pesos, 8 millones más de lo propuesto inicialmente para 2023. 

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Le aprobaron casi 65 millones de pesos, 43% más que el año pasado, en términos reales, y 7 millones más de lo propuesto por Alfaro.

Sobre esta dependencia, un reportaje de Animal Político mostró que durante 2019 no utilizó el 60% de los recursos federales que se le destinaron; en 2020 regresó poco más de 7 de 17 millones y para 2021 apenas utilizó entre el 63% y 77% de su presupuesto.

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Le aprobaron 399 millones 407 mil 662 pesos, apenas 0.25% más que el año pasado, pese a que en Jalisco han sido reportadas irregularidades y fallas en los registros forenses.

No hubo diálogo, reclama Cepad

Cepad denunció que esta aprobación para 2023 se dio sin un diálogo con la organización, ni con el Consejo Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, quienes trabajaron en analizar el presupuesto y las necesidades de las dependencias en materia de desaparición.

Durante una semana se dedicaron a promover dicho estudio e intentaron ser escuchados por quienes integran el Congreso, pero no obtuvieron respuesta.
Incluso, el Congreso del Estado con una mayoría del partido Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece el gobernador Alfaro, aprobó el presupuesto económico en una sesión de cerca de 40 minutos, aunque tenían para su aprobación hasta el 15 de diciembre. 

Durante la sesión ‘fast track’, los cinco diputados del PRI abandonaron la sesión. El diputado Hugo Contreras Zepeda aseguró que era una violación al procedimiento por no respetarse tiempos.
Hubo legisladores que reconocieron que la aprobación se dio sin discutir temas de desaparición, como el aumento a la Comisión de Búsqueda Estatal para lograr que se ‘regionalice’ su labor.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: SIBONEY FLORES.

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