La brigada se lleva a cabo tan sólo unas semanas después de la reapertura de la fosa irregular del panteón de Jojutla, donde la Fiscalía General del Estado de Morelos enterró, hasta 2014, los cuerpos de 85 personas. Los trabajos se suspendieron durante cinco años debido a que estos se toparon con tumbas regulares del cementerio; a los pocos días de la reapertura, la Fiscalía volvió a detener las excavaciones en acuerdo con los colectivos de búsqueda de Morelos, pues no se hizo un plan conjunto y estos pidieron que se revisaran los acuerdos antes de hacer de nuevo las excavaciones.
En medio del desgaste que estos retrasos han ocasionado en las familias de personas desaparecidas de Morelos, las familias estaban listas desde antes de las siete de la mañana, y quedaron esperando horas. Fue poco después de las nueve que se reunieron con las y los representantes de las dependencias presentes (Comisiones Estatal y Nacional de Búsqueda, Guardia Nacional, Policía Municipal, Estatal y CEAV), y públicamente les preguntaron por los elementos de seguridad disponibles y los retrasos. “¿Dónde está el respeto de la autoridad a las familias?”.
No existían las condiciones mínimas de seguridad para los poco más de 60 familiares —provenientes de todo el país—, que se sumaron a estas acciones, a pesar de que las Fiscalías Estatal y Federal, las comisiones de búsqueda nacional y local, así como la policía municipal de Huitzilac, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, conocían de las necesidades de seguridad de las personas buscadoras.
Horas más tarde y modificando el plan inicial de búsqueda, la brigada se dirigió al primer punto de interés para los trabajos en campo, localizado entre los municipios de Cuautla y Ayala, a la altura del Fraccionamiento Huertas de Cuautla.
Durante unas tres horas y media, los familiares, en su mayoría mujeres, caminaron al interior de una cuenca pronunciada de difícil acceso, donde había que bajar prácticamente a rapel, complicando la búsqueda.
Primer hallazgo de la Brigada
Hacia al final del recorrido, el grupo encontró restos óseos humanos que tendrían que haber sido resguardados por personal de la Fiscalía. Sin embargo, nunca llegaron, complicando aún más la identificación de dichos restos y su eventual restitución a sus familias.
“Se encontró, gracias a todas y todos, y eso es a lo que vinimos. Todavía no se queda en custodia, apenas están comisiones y Fiscalía esperando a sus peritos para el levantamiento”, dijo Yadira González, buscadora de Querétaro, quien busca a su hermano Juan, desaparecido en 2006.
El incumplimiento de acuerdos y omisiones de las autoridades se dió en el marco de acciones similares de parte del gobierno de Morelos, principalmente en el seguimiento a las exhumaciones en las fosas de Tetelcingo y Jojutla. Desde el arranque de la BNB en dos ruedas de prensa ofrecidas los días sábado y domingo en la CDMX y Cuernavaca, las familias pidieron a las autoridades que respetaran los acuerdos y brindaran la seguridad necesaria, lo que no ocurrió.
Además, esta brigada ocurrió en uno de los contextos más violentos para las familias con un ser querido desaparecido, pues tan sólo en 2022 han sido asesinadas cinco personas buscadoras: María Carmela Vázquez, en Guanajuato; Esmeralda Gallardo, en Puebla; Rosario Lilián Rodríguez Barraza, en Sinaloa; Brenda Jazmín Beltrán, en Sonora, y Ana Luisa Garduño, en Morelos, sede por segundo año consecutivo de la brigada.
La BNB pidió nuevamente este lunes por la noche a las Fiscalías de Morelos y de la República que hagan las debidas diligencias para hacer el proceso de identificación para poder solucionar la grave crisis forense que atraviesa México, con más de 52 mil restos humanos sin identificar, de acuerdo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
La brigada, tejiendo luchas
El hallazgo de restos humanos del primer día de búsqueda se hizo a pocos kilómetros de la termoeléctrica de Huexca: desde el camino que llevaba el punto de búsqueda en un riachuelo casi seco se podía ver en el horizonte cercano la construcción que es parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), un megaproyecto que contempla la termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto. Desde su inicio el PIM ha provocado la división comunitaria, represión y amenazas y ataques a personas defensoras del territorio y comunicadores populares, siendo el más grave el asesinato de Samir Flores Soberanes, de Amiltzinko Radio, en febrero de 2019.
No es casualidad que la BNB busque tan cerca de donde la gente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos–Puebla–Tlaxcala (FPDTA-MPT), pues el domingo 27 de noviembre ambas organizaciones compartieron espacio en la “Cumbre por la Paz”, impulsada por el colectivo Tejiendo Resistencias y que reunió a más de 20 organizaciones de México y Estados Unidos.
En la reunión, que fue planteada como un encuentro entre varios a realizarse en distintos lugares del país con miras a construir una agenda conjunta en 2023, tanto activistas estadounidenses del movimiento Black Lives Matter como defensores del territorio, madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa y familias buscadoras coincidieron en que la problemática transversal son la violencia y la militarización. Y el horizonte común que todas y todos buscan es que la seguridad se vincule a la paz, y no a la guerra.
Al menos desde 2021 las familias buscadoras se han articulado con otras luchas: el año pasado, durante la VI BNB que fue también en Morelos, se realizó un encuentro con integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), quienes les expusieron a las y los integrantes de la brigada que las desapariciones y asesinatos que tienen lugar en los pueblos indígenas, como en los pueblos yaquis de Sonora o en el oriente de Morelos, están relacionadas con su activismo y la defensa del territorio. “[Nosotros sufrimos la desaparición] de diferente forma, porque nosotros luchamos por defender nuestra tierra; ustedes se quedan con la pregunta: ¿por qué [los desaparecen]?”, les dijeron.
FUENTE: A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: ANRANZAZÚ AYALA, MARCOS NUCAMENDI.
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