Los gobiernos de la Ciudad de México llevan casi tres décadas incumpliendo múltiples resoluciones judiciales locales y federales firmes en las que se ordena regresar un millonario predio en las Lomas de Chapultepec, por lo que este litigio se mantiene desde los noventa.
Se trata de un lote de 4 mil 830 metros cuadrados propiedad de Inmobiliaria Trepi, SA, adquirido por una aportación de inmuebles a la sociedad desde 1968. Colinda con el helipuerto de Las Lomas, tiene vista a la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec y queda a dos cuadras de Paseo de la Reforma.
Desde los noventa el entonces Departamento del Distrito Federal expropió el inmueble, alegando que la zona estaba sujeta a conservación ecológica, por lo que se destinaría a ser área verde. Sin embargo, a la fecha no ha pagado ni un centavo de la indemnización correspondiente ni realizó ninguna obra de conservación para darle la utilidad pública con la que se fundamentó el decreto de expropiación.
En los últimos 18 años la empresa propietaria ha ganado todas las instancias judiciales y obtenido órdenes de reversión de la expropiación, pero en cada paso procesal el gobierno capitalino ha intentado volver a expropiar, alegando cuestiones ambientales; incluso trató de embargar el inmueble por falta de pago de impuestos, pese a que el predio continúa en poder de la administración de la Ciudad de México.
Con esto, las autoridades capitalinas buscan quedarse con el lote, cuyo valor actual ronda entre 3 mil 500 y 4 mil dólares por metro cuadrado.
El litigio está pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues de manera sorpresiva la ministra Yasmín Esquivel Mossa realizó la atracción del caso, por lo cual fue acusada ante el pleno del máximo tribunal por ejercicio indebido de funciones.
Cuando el gobierno capitalino comenzó el proyecto de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec expropió todos los lotes de la zona, excepto el predio propiedad de Trepi.
Para 1992 el decreto expropiatorio de los lotes de la zona fue modificado para incluir el de Montes Apalaches, que actualmente se mantiene como el único disponible con esas dimensiones en el área.
Lucha contra la expropiación
En aquella época, la Ley de Expropiación establecía que si el gobierno no cumplía en siete años con la utilidad pública por la que expropió un inmueble y no pagaba la indemnización correspondiente, los propietarios originales podían solicitar la devolución.
En el caso concreto, desde la expropiación en 1992 el gobierno capitalino, entonces encabezado por el regente Manuel Camacho Solís y sus sucesores hasta 1999 (Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles), no ha realizado el pago de la indemnización ni dio el mantenimiento necesario al inmueble para destinarlo a la conservación ecológica alegada en el decreto expropiatorio.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2401 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.
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