En la sesión plenaria de este jueves, se puso a votación de las y los 36 diputados el dictamen para determinar la procedencia de la minuta turnada por el Congreso de la Unión, para recabar los votos de los Congresos locales para determinar la ampliación de las fuerzas militares en las calles hasta 2028.
El pasado lunes, se ordenó el dictamen de la minuta en sentido negativo por la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por la panista Susana Bermúdez Cano.
Previo a la discusión, alrededor de 50 personas, lideradas por el Secretario General de Morena en Guanajuato, Jesús Manuel Rodríguez Godoy, levantaron pancartas con consignas en contra de Acción Nacional.
Los manifestantes entonaron gritos para exigir a los diputados de la bancada panista votar a favor de la reforma priista para ampliar la permanencia de las fuerzas militares hasta 2028, así como la destitución de Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública del Estado y el fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre.
En el punto 16 del orden del día, donde se discutiría la minuta en cuestión, donde las y los ocho diputados que integran el grupo parlamentario de Morena, solicitaron hacer uso de la voz; sin embargo, solo se permitió la palabra a tres de ellos.
Esto detonó en una oleada de gritos de los manifestantes en el Pleno para exigir la palabra a todos los morenistas, por lo que el presidente del Congreso, Martín López Camacho, ordenó un receso mientras se restablecía el orden.
Entre consignas contra Alvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública, y Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general del estado, así como a los gobiernos panistas, las manifestaciones se prolongaron durante 40 minutos.
Motivados por los diputados morenistas, el contingente, en el graderío del Pleno, exigía la salida de los panistas para debatir la reforma en cuestión, mientras arremetía contra algunos diputados panistas.
Después de casi una hora y con más orden en el recinto, se reanudó la sesión, en tribuna la bancada morenista ya esperaba para emitir su pronunciamiento, pero al no haber oportunidad de exposición para las y los ocho integrantes de la fracción, Alma Alcaraz señaló que no harían uso de la palabra.
Este hecho encendió los ánimos en el graderío y los gritos de nueva cuenta se hicieron presentes, a tal grado que Alejandro Arias Ávila, del PRI y Rolando Alcántar Rojas, del PAN, tuvieron que emitir una postura que no se logró escuchar debido a los decibeles que invadieron el salón de Pleno.
Alejandro Arias expresó que ante las deficiencias de la estrategia federal en materia de seguridad y la poca capacidad de las fuerzas estatales y municipales para hacer frente a la inseguridad, la reforma se debe de aprobar.
“Es menester que las fuerzas armadas continúen apoyando a los policías, así munícipes y gobernadores lo demandan, no debemos olvidar que en su mayoría, la Guardia Nacional se integra por soldados y marinos comisionados, hay que aceptarlo, por ahora son necesarias esas fuerzas de paz, podríamos decir de todas las alternativas, la que ahora se aborda resulta ser la menos mala para México”, sentenció.
Los morenistas, aprovecharon las rectificaciones de hechos y las preguntas, para exponer que ante la crisis de violencia de Guanajuato, la poca eficiencia de las autoridades en la materia y el déficit policial es necesario aprobar esta reforma.
En su intervención, Rolando Alcántar expuso que no es que Guanajuato se niegue al apoyo que brindan las fuerzas federales, sino que la reforma no tiene caso al ya estar contemplado en la Ley, incluso antes de la reforma en el mismo sentido de 2019.
Expuso que en 2019 hubo coincidencia de conformar la Guardia Nacional, institución que tendría un carácter civil y establecer la temporalidad para su correcta operación, lo cual hasta el momento no ha sucedido.
Defendió que son las corporaciones municipales quienes atienden al llamado de auxilio de los ciudadanos, además de que la ciudadanía no tiene a donde acudir para denunciar el mal actuar de las fuerzas armadas.
“Resulta ser una simulación, pues aunque desde su creación la Guardia Nacional ha estado bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los hechos ha sido una extensión material y operativa de las fuerzas armadas”, sostuvo.
Los morenistas, aprovecharon las rectificaciones de hechos y las preguntas, para exponer que ante la crisis de violencia de Guanajuato, la poca eficiencia de las autoridades en la materia y el déficit policial es necesario aprobar esta reforma.
Ernesto Prieto Gallardo, recriminó a los panistas que se pronuncien en contra de la reforma, cuando en todo momento el Gobierno Estatal y los Ayuntamientos, solicitan más apoyo de las fuerzas militares.
Alma Alcaraz Hernández, apuntó que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, únicamente cuentan con cuatro mil 152 agentes, lo que refleja la poca capacidad de la Policía Estatal para hacer frente a la delincuencia.
David Martínez Mendizábal, defendió la estrategia de seguridad de la Federación, pues si se han dado golpes a la delincuencia con la detención de líderes criminales en el territorio nacional.
“Falta mucho por hacer, por supuesto que falta mucho por hacer, por eso apoyamos esta importante reforma constitucional, compañeros(…) deberíamos de entender que como diputadas, diputados, nuestro deber es legislar, modificar o mantener leyes por el bien del país, no es a contentillo, no se legisla por capricho, compañeros panistas, no podemos hacer política barata con la seguridad, la paz y la vida de los guanajuatenses”, argumentó Martha Moreno Valencia.
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, Gerardo Fernández González, también se pronunció a favor de la iniciativa, pues esto significa la creación de un fondo permanente para la mejora de las policías locales.
Aunque la iniciativa emano de sus compañeros diputados federales, la priista Yulma Rocha Aguilar, expresó que esta no es la solución, por el contrario, se debe trabajar en el retiro paulatino de las fuerzas policiales en las calles.
Sostuvo que una de las principales consecuencias de mantener a las fuerzas públicas en las calles, es que los gobiernos municipales han dejado de lado su obligación de la seguridad ciudadana para cederla a las fuerzas federales.
“Ahora para todo llama ya a la Guardia Nacional, porque han renunciado a su obligación de dar la seguridad pública, para que, de manera cómoda, se le entregue al ejército”, indicó.
Con el voto en contra de la minuta de las y los 21 diputados del PAN, Yulma Rocha del PRI y Dessiré Ángel de Movimiento Ciudadano, el Congreso de Guanajuato se pronunció en contra de ampliar la permanencia de las fuerzas armadas en las calles.
Para que la reforma constitucional sea procedente, se requiere el voto a favor de 17 de los 32 Congresos locales, cifra que la iniciativa priista ya sumó en los Congresos donde se ha sometido a votación la propuesta.
En El PRI a favor de la propuesta
Previo a la discusión en el Pleno, la dirigencia estatal del PRI, se pronunció a favor de la propuesta emanada por sus compañeros diputados federales, debido a la necesidad de hacer frente a la delincuencia.
La dirigente estatal, Ruth Tiscareño, expuso que con esta reforma se establece dar un enfoque civil a la Guardia Nacional, pero sin sustituir las funciones de cada una de las corporaciones locales y municipales.
Así mismo, se incluye que las fuerzas armadas rindan un informe semestral sobre sus funciones, con el fin de evaluar su función con apego a los derechos humanos, además en la conformación de una comisión donde diputados federales y senadores evalúen a las fuerzas federales.
AUTOR: PATRICIO SERNA.
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