A más de ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Mantilla asegura que la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) “pudo haber actuado de manera más eficiente en su momento, pero no lo hizo”, mientras que la de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), si bien ha tenido avances, sigue enfrentándose a trabas para esclarecer el caso.
“Una traba es seguir viendo como hechos aislados (casos como Ayotzinapa), cuando en realidad corresponden a una situación general de desaparición forzada y esto es importante entenderlo así: es una situación general de desaparición forzada, no es una situación aislada”, dice en entrevista.
El encuentro se da un día antes de la presentación del tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH, que, tras un extenso monitoreo, concluyó que este caso es uno más de desaparición forzada: una violación grave a los derechos humanos que prevalece hasta que se encuentran los restos de los desaparecidos o se sabe qué les ocurrió.
El pasado 17 de mayo, México llegó a la cifra de más de 100 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo que implica que en el país hay más de 100 mil familias buscando a los suyos. A ello se suma que en México solo se han emitido 36 sentencias por el delito de desaparición forzada, reflejo del fenómeno de impunidad señalado por Mantilla.
“Por eso, nuestro balance es que hay que consolidar las estrategias de búsqueda de la fiscalía, hay que mantener la centralidad en las víctimas, hay que tener muchísima claridad en los mensajes de intercambio y hay que ubicar el caso Ayotzinapa, y eso me parece lo más importante, en un contexto amplio de desapariciones forzadas en México”, subraya.
La propia ONU define al fenómeno de la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad cometida por agentes del Estado o por personas que actúen con la autorización del Estado, seguida de una negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona desaparecida.
Mantilla remarca que la responsabilidad del Estado es aclarar estos delitos sin importar el tiempo transcurrido.
“En todo este camino y en todo este espacio, y eso sí me gustaría resaltarlo, están padres y madres de 43 estudiantes desaparecidos que siguen buscando justicia”, dice sobre el caso Ayotzinapa, mientras golpea con el dedo índice la mesa que tiene enfrente para enfatizar cada palabra.
Fallas de la Covaj podrían dañar la investigación judicial
Otra traba para esclarecer el caso, según la también relatora para los Derechos de las Mujeres, la Memoria, la Verdad y la Justicia de la CIDH, tiene que ver con los resultados del informe de la Comisión de la Verdad (Covaj), que presentó como ciertas pruebas que posteriormente fueron puestas en entredicho por su propio titular, el subsecretario Alejandro Encinas.
“La Covaj, como sabemos, presenta su informe el 18 de agosto con algunas aseveraciones que luego el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), luego de los peritajes que realiza, se nota que alguna de estas afirmaciones no eran del todo exactas”, expone Mantilla.
Por este caso, los cuatro militares detenidos por el caso Ayotzinapa presentaron el 8 de noviembre una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables en la fabricación de pruebas que alegan fueron presentadas en su contra y ya fueron desestimadas.
“Entonces, si tenemos un informe que se dio con algunas aseveraciones en el caso de la Covaj, que luego se ha comprobado que no son tan apegadas a la verdad, lo que se está construyendo, lo que tenemos como producto de esto es una información que no solamente no es del todo exacta, sino que eventualmente puede dañar la investigación judicial por más que sean mecanismos distintos”, dice Mantilla.
Refiere que el informe, además de dar conclusiones, expone recomendaciones del tipo estructural, lo que significa tener una política pública de búsqueda que implique elaborar un concepto del “derecho a ser buscado”, que a su vez significa “reconocer que las Fuerzas Armadas no pueden, digamos, en el control del orden, violentar derechos humanos”.
“Pero la mayor dificultad, y es muy triste, es que no hay necesariamente una voluntad política que opte por la verdad, por la justicia y por la reparación. La institucionalidad que se crea solo por salir en la foto, pero que cuando va avanzando toca los puntos más sensibles, como por ejemplo pueden ser las estructuras militares, y ahí empiezan los retrocesos, ese es el mayor desafío (…) que no haya realmente una convicción de que para acabar con un fenómeno estructural hay que tener cambios estructurales”.
Complicado, llegar al cierre de investigación en este sexenio
El 1 de diciembre de 2018, el recién nombrado presidente López Obrador se dirigió al Zócalo capitalino para dar un mensaje. En ese lugar, frente a más de 160 mil personas, reafirmó 100 compromisos de su gobierno a cumplir antes de terminar su mandato.
Como su compromiso número 89, estableció: “Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”. Esa misma promesa —aún incumplida— la ha pronunciado en incontables ocasiones durante sus conferencias de prensa.
—¿Es posible un cierre de investigación en este sexenio? —se le pregunta a la presidenta de la CIDH.
—Yo creo que esta declaración del presidente puede ser una declaración, quisiera llamarla de buena voluntad o de buena fe o de buena intención, pero hablando en realidad, una investigación de este tipo, con la gravedad que tiene, con el tiempo que ha transcurrido, con las idas y venidas que ha habido, veo complicado que podamos decir que va a acabar en determinado momento.
A esto se suma que el primer fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia en septiembre, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) decidiera cancelar 21 órdenes de aprehensión giradas contra exfuncionarios posiblemente vinculados con la desaparición de los normalistas.
“Entonces, tienes una investigación que estuvo liderada, que tuvo una serie de aportes, de avances, de consolidación de líneas estratégicas, de pruebas, de análisis de contextos, un grupo de personas fiscales que estaban capacitados e investigando. Pero sale esta persona y nuevamente tienen que volver a reiniciar. Eso sin duda no solamente retrasa, yo creo que también afecta el tema del contenido de la investigación”, alerta Mantilla.
Además, está el tema del tercer mecanismo de la CIDH, el GIEI, mismo que tiene un mandato hasta diciembre y que antes de llegar a esa fecha se quedó sin la mitad de sus integrantes debido a que estos consideraron que “no existen las condiciones para continuar con el trabajo”.
Frente al panorama, Mantilla sostiene: “Nosotros vamos a seguir monitoreando esta situación, y eso sí quisiera que quedara muy claro, porque nuestro rol es monitorear todas las violaciones a derechos humanos, y en ese sentido fue el GAT (Grupo de Acompañamiento Técnico para el asunto Ayotzinapa), el MESA (Mecanismo Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa) y ahora el apoyo para el esclarecimiento del GIEI. Nosotros seguiremos”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MEZA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario