El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que un exfuncionario de la Conagua dio una concesión a Grupo México en Cananea –donde opera la minera que en agosto de 2014 derramó tóxicos sobre los ríos– y posteriormente se fue a trabajar a la empresa del segundo empresario más rico del país, Germán Larrea. Se trata de Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, exresponsable de la Subdirección General Técnica, informó el organismo.
La base de datos del REPDA muestra que la operación fue desde las oficinas centrales, entonces bajo el mando de Roberto Ramírez Parra, sustituto de David Korenfeld, cesado por abuso de poder. La autoridad que emitió este título de concesión, el 02SON153500/09FMGC18, fue la Gerencia de Servicios a Usuarios, entonces dirigida por Juan Jaime Sánchez Meza, un abogado que radica en Sonora y actualmente es un consultor privado sobre temas hídricos.
El servidor público que se encontraba como responsable de la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) era Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, “quien se sabe actualmente trabaja en Grupo México”, informó la Conagua. En tanto, “el área responsable de autorizar la prórroga fue la Subdirección General de Administración del Agua, a cargo entonces de Eugenio Barrios Ordóñez”, quien arribó a la Conagua en julio de 2019. Ambos exfuncionarios fueron cesados en septiembre de 2020 durante la “limpia” dentro del organismo ordenada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 10 de diciembre de 2018 tomó la Gerencia de Servicios a Usuarios Macario Balderas Medina, un funcionario que, luego de trabajar en la Conagua desde la administración de Felipe Calderón y Peña Nieto, también fue cesado a finales de 2020 como parte de la limpia.
Esta mañana, el Presidente López Obrador compartió su “coraje de buen tamaño” luego de que se le informó que un exfuncionario de la Conagua había dado una concesión a Grupo México en Cananea –donde opera la minera que en agosto de 2014 derramó tóxicos sobre los ríos– y posteriormente se fue a trabajar a la empresa del segundo empresario más rico del país, Germán Larrea.
“El que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión”, dijo en Palacio Nacional. “Todavía no se termina de limpiar, de purificar la vida pública, porque estaba bien enraizada esta práctica perversa. El Gobierno estaba tomado, secuestrado, estaba al servicio de una minoría”.
En octubre de 2019, el Congreso aprobó la Ley de Austeridad Republicana para endurecer la prohibición de la denominada “puerta giratoria”. De acuerdo con la Ley, un alto servidor público no puede trabajar en una empresa que haya supervisado o regulado hasta pasar 10 años de haber dejado el cargo público. No obstante, en abril de este año, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) eliminó esa restricción al considerarla inconstitucional.
SinEmbargo pidió un comentario al respecto a la empresa Grupo México a través de su área de relaciones públicas, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
“LIMPIA” EN CONAGUA
En septiembre de 2020, a raíz del conflicto en la presa de Chihuahua, renunciaron de la Conagua los seis subdirectores que habían sido colaboradores en el peñismo, entre ellos, Eduardo Seldner Ávila, subdirector general de Administración; Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, subdirector general de Infraestructura; Eugenio Barrios Ordoñez, subdirector general de Administración del Agua; y Víctor Bourguett Ortíz, director general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.
Días después, aún bajo la gestión de Blanca Jiménez Cisneros en Conagua, se nombró a Aarón Mastache Mondragón como subdirector general de Infraestructura; a Elena Burns Stuck, subdirectora general de Administración del Agua; German Martínez Santoyo, subdirector general de Administración; Jacinta Palerm Viqueira, subdirectora general técnica; José Antonio Zamora Gayosso, subdirector general jurídico y José Mario Esparza Hernández, subdirector general de Agua Potable y Saneamiento.
Posteriormente, Germán Martínez tomó las riendas de la Comisión. En octubre, informó el cese de Elena Burns de la subdirección de Administración, para “acelerar” el otorgamiento de concesiones.
En entrevista, la activista durante años en la Coordinadora Agua para Todxs explicó que su equipo estaba ordenando los 170 mil trámites para concesiones rezagados que heredaron de la administración pasada, para así poder priorizar el otorgamiento de volúmenes para el consumo humano y uso agrícola, y para combatir la corrupción en su manejo por parte de bufette de abogados.
Mencionó que durante estos dos años se ha tenido que reemplazar el programa de cómputo de “Conagua en Línea”, el cual fue contratado bajo la administración peñista y finiquitado bajo Eduardo Seldner en 2019 (uno de los funcionarios cesados), sin que la empresa haya cumplido con las condiciones del contrato, incluyendo la entrega del código del sistema necesario para corregir las “severas deficiencias” en su funcionamiento.
Burns identificó como a los principales acaparadores-especuladores del mercado del agua a la industria inmobiliaria, los bancos, distritos de riego, agroindustrias e individuos que han logrado obtener más de un millón de metros cúbicos anuales para uso agrícola, un uso exento de pago de derechos. Sin embargo, dijo, su equipo había podido avanzar en la recuperación de volúmenes al identificar a grandes usuarios que no reportan ni pagan derechos sobre el total del volumen concesionado.
“Hasta que se cuente con la Ley General de Aguas –atorada en el Congreso–, que desmantelará los mercados del agua y pondrá fin a la especulación con el vital líquido, se debe hacer todo lo posible dentro de la actual ley para quitar el agua a los acaparadores y especuladores, y proteger a los pequeños productores”, determinó.
AUTOR: DULCE OLVERA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario