El estado de Aguascalientes tiene una cuenta por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación por más de 2.72 mil millones de pesos, dinero que se ejerció principalmente en el sector educativo, obras públicas y seguridad pública.
En el rubro de dinero destinado a la educación, entre 2017 y 2021 se registraron irregularidades por un total de 136 millones 682 mil 603.14 pesos; en el rubro de salud 35 millones 764 mil 878.87 pesos; en el sector de obra pública fueron de 94 millones 373 mil 979.69 pesos; en recursos de seguridad pública sumaron 143 millones 492 mil 798.44 pesos; mientras que el restante de dos mil 317 millones 234 mil 480.17 pesos se dividió entre recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, Participaciones Federales a Entidades Federativas, el Programa de Proyectos de Desarrollo Regional, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
En el 2018, la Auditoría identificó irregularidades por 938 millones 582 mil 792.04 pesos en recursos federales ejercido por el Congreso estatal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, el Instituto Estatal Electoral, el Órgano Superior de Fiscalización estatal, el Tribunal Electoral de Estado, el Fideicomiso para la Implementación del Sistema de Justicia Penal del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Instituto de Servicios de Salud del estado, y el Instituto del Agua de Aguascalientes.
Por Ley, el Gobierno del estado debió dar seguimiento al uso de estos recursos federales. No obstante, la Auditoría señaló que el Ejecutivo local no se presentó la documentación “comprobatoria y justificativa” del gasto ejercido por estas instituciones autónomas del dinero proveniente de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018.
La otra cifra detectada por la ASF como dinero sin aclarar fue de mil 119 millones 048 mil 722.74 pesos, por el concepto de “falta de presentación de la información contractual de proveedores y contratistas (…) del ejercicio de los recursos de Participaciones Federales 2018”, una observación que hizo a la Secretaría de Finanzas local.
SinEmbargo buscó a la Contraloría del estado para cuestionar qué seguimiento dio a estas irregularidades presentadas en la administración recién salida de Orozco, pero no obtuvo respuesta al momento de esta publicación.
TRES DEPENDENCIAS DE EDUCACIÓN PRESENTAN IRREGULARIDADES
El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) fue responsable del ejercicio de 129 millones 608 mil 982.26 pesos con irregularidades, parte de los cuales se destinó al pago de 10 trabajadores que estaban adscritos a centros no relacionados con la educación básica y normal y por tanto no cumplían con los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; al pago de trabajadores con licencia por comisión sindical o licencia sin goce de sueldo; trabajadores con baja, difuntos o “inactivos”; personal comisionado a otras dependencias; y trabajadores que no se encontraban en su centro de trabajo sin justificación o bien no fueron identificados por el responsable del centro de trabajo.
La parte restante correspondió a recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo y del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, los cuales no fueron devengados, comprometidos, pagados ni reintegrados a la Tesorería de la Federación al momento de realización del informe; a dinero que no se acreditó que fuera destinado a cumplir los requisitos establecidos en el Programa Expansión de la Educación Inicial; pago a asesores externos especializados que ya tenían una plaza pagada por la Secretaría de Educación Pública (SEP); y a trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Junto con el IEA, el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas (INEPJA) también ejerció presupuesto en el sector de educación por un monto de un millón 129 mil 735.16 pesos con irregularidades por pagar servicios de medios de comunicación y de alimentación que no estaban relacionados con las metas del instituto; por no proporcionar la documentación que comprobaba que las erogaciones correspondían a lo contratado; y por no reintegrar dinero no comprometido, devengado ni pagado, a la Tesorería de la Federación.
Finalmente, una cantidad de cinco millones 584 mil 770.94 pesos ejercida por el Instituto de Infraestructura Física del Estado de Aguascalientes (IIFEA) fue catalogada como un presunto perjuicio o daño a la Hacienda Pública Federal por no aplicarse penas convencionales por las entregas de bienes y obras con atrasos; y los restantes 359 mil 114.78 pesos con irregularidades del sector educativo fueron ejercidos por el Colegio de Educación Profesional Técnica estatal, el cual falló en presentar los comprobantes fiscales del componente de Educación para Adultos.
SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SECTOR SALUD
Durante el 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estatal fue señalado por derogar 127 millones 544 mil 647.53 pesos con irregularidades, según la ASF, puesto que no acreditó los pagos hechos a los proveedores y contratistas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
Dos años después, la Auditoría solicitó al Gobierno de Aguascalientes aclarar 15 millones 948 mil 150.91 pesos que supuestamente habían sido utilizados para comprarle a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) municiones, cargadores y armas, pero que su adquisición y entrega no pudo ser acreditada.
Por otro lado, la Auditoría Superior detectó irregularidades en el rubro de salud por un total de 35 millones 764 mil 878.87 pesos, los cuales correspondieron a pagos cancelados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación; pagos a trabajadores superiores a los establecidos en el tabulador autorizado; pagos a trabajadores que no cumplieron con los requisitos académicos para el puesto; omitir pagar penas a contratistas por entregar bienes adquiridos con retraso; adquisición de medicamento no correspondiente a las especificaciones del Catálogo Universal de Servicios de Salud; pagos excedentes para medicamento y material de curación; y el pago no autorizado de prestaciones al personal.
De este monto total, la entidad fiscalizadora pidió al Gobierno de Aguascalientes que aclarara 14 millones 369 mil 498.91 pesos por concepto de recursos no devengados y rendimientos de inversión generados en una cuenta bancaria que no fue encontrado, los cuales a su vez correspondían a dinero del presupuesto del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.
En lo que corresponde a obras públicas, el Gobierno hidrocálido fue notificado de 94 millones 373 mil 979.69 pesos irregularmente gastados, los cuales habían sido utilizados en pagar obras no ejecutadas o con trabajos no localizados; una red de agua potable y alcantarillado pagada en exceso por el Instituto del Agua sin autorización; trabajos de mala calidad en las obras con números de contratos FORTAFIN-A-0118-2018 y FORTAFIN-A-0125-2018 en el municipio de Aguascalientes; no aplicar penas convencionales por el atraso en ejecución de obras; y por la falta de amortización de los anticipos otorgados en obras.
En este mismo rubro se derogaron recursos públicos con anomalías en su ejercicio, correspondientes a obras sin una comprobación de la estimación hecha; y la falta de documentación para acreditar el uso de recursos en obras de mantenimiento de planteles educativos, un hospital y un batallón de infantería con su unidad habitacional militar.
AUTOR: TAMARA MARES RIVERA.
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