La ASF hizo observaciones sobre el Programa de Apoyo para Refugios para 2021. La Red Nacional de Refugios reconoció que operó con pendientes, pero también con diversos obstáculos, lo mismo ha pasado este año, con retrasos en la entrega de recursos desde el Gobierno federal.
El año pasado fue el último que el programa estuvo a cargo de la Secretaría de Bienestar, a través del desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), ya que desde marzo de 2022 Bienestar transfirió su operación a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Lejos de mejorar, la RNF ve con preocupación el funcionamiento de estos espacios donde a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas se les brinda alojamiento, alimentación, ropa, además de servicios de salud y educativos.
Wendy Figueroa, directora de la RNF, denunció que hasta finales de octubre tres refugios que dependen de autoridades estatales, ubicados en Hermosillo, Sonora; Mérida, Yucatán, y otro en Morelos no habían recibido recursos para operar, por lo que tuvieron que recurrir a préstamos y donaciones para subsistir.
📣Los días pasan, las violencias contra mujeres, sus hijas e hijos aumentan y tristemente el recurso 2022 de la 1a Convocatoria sigue sin llegar a más de un #Refugio🏠
— Red Nacional de Refugios, AC (@RNRoficial) October 17, 2022
🚨Urgen presupuestos progresivos, oportunos y con enfoque de género.
¡Por la garantía de los #DDHH!✊🏼💜 pic.twitter.com/Fhn9zx2jtf
Los retrasos, agregó la activista, también significaron violaciones a los derechos de las trabajadoras de estos espacios y obstaculizó el apoyo que se brinda a las mujeres.
“Esto refleja que tanto en los refugios operados por el Gobierno como por la sociedad civil se violentaron derechos y que no se aplicó en tiempo y forma el presupuesto”, expuso en entrevista.
La directora de uno de los refugios de la región noroeste, citada por la RNF de manera anónima en un estudio que difundieron en abril, narró que no contar con el recurso las forzó, por ejemplo, a reducir la cantidad de medicamento a comprar, retrasar las capacitaciones a mujeres y extender los procesos médicos y jurídicos tanto de ellas como de sus hijas e hijos.
“[Hemos tenido que] ver la cara de angustia de las colaboradoras porque deben renta, se complica la compra de alimentos y su familia enferma. Literal una de ellas me dijo: ¡quiero venir a trabajar, pero sólo me quedan 50 pesos! No tener el recurso representa violentar los derechos humanos de colaboradoras y familias”, lamentó.
En los refugios atienden casos como los de Claudia, de 14 años, quien recibió atención después de que su mamá fue víctima de feminicidio.
“Nunca pensé que a esta edad sabría que el amor romántico mata, lo sé porque mi madre fue asesinada por alguien que dijo amarla, aún tenemos mi hermana y yo la imagen de ese día. No teníamos esperanzas, llegamos al refugio y volvimos a nacer”, contó la adolescente en el análisis difundido en abril por la RNF sobre cómo opera el programa.
Las autoridades están obligadas a brindar protección y atención integral y especializada a las mujeres víctimas de violencia, este derecho lo contempla tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Recomendación 19 que desde 1992 hizo el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) al Estado mexicano.
Estos espacios tienen un papel importante en la prevención de la violencia feminicida. Sólo en el primer trimestre del año, los refugios y centros externos del país brindaron atención a 2 mil 331 mujeres, niñas y niños, más que en el mismo periodo del año pasado, cuando atendieron a 2 mil 041, según datos de la RNF.
FALLOS DE 2021 PODRÍAN SEGUIR EN 2022
De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública de la ASF, en 2021, el primer año que funcionó como un programa presupuestario, el apoyo para refugios se ejecutó con manuales de organización y de procedimientos específicos desactualizados, ya que el Indesol trabajó con un manual de febrero de 2018 que no establecía las funciones del programa, tampoco se creó un Manual de Procedimientos específicos, esto aunque la Secretaría de Bienestar ordenó al Indesol desde mayo de 2021, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de su reglamento, que un plazo de 180 días expidiera manuales de organización, de procedimientos y servicios al público.
La dependencia argumentó que sí trató de actualizar su manual, pero la alineación con las metas y objetivos institucionales no fueron autorizados.
“El INDESOL, hasta su abrogación, no contó con manuales de Organización y de Procedimientos alineados al Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar del 13 de mayo de 2021”, concluyó la ASF en la auditoría de cumplimiento 241.
Wendy Figueroa reconoció que en los últimos años han tenido que operar con instrumentos que no están actualizados, lo que deja en incertidumbre a las trabajadoras.
“No se actualiza el tabulador de honorarios profesionales, el tabulador de cuánto se va a solicitar para gastos de operación, eso por supuesto que impacta en la asignación del presupuesto para cada espacio de protección”, mencionó.
Figueroa teme que la observación de la ASF sobre la falta de lineamientos actualizados difícilmente se resuelva para 2023, pues en el último año han solicitado reuniones con la Conavim para crear en conjunto los lineamientos que estarán vigentes para que a los refugios les sigan asignando recursos, pero hasta este mes no han concretado una reunión.
En 2021, la ASF también detectó que la Secretaría de Bienestar no incluyó en los 106 convenios de coordinación que el Indesol firmó la obligación de que las organizaciones de la sociedad civil e instancias de gobierno estatales o municipales encargadas de operar los refugios facilitaran los datos necesarios para elaborar informes trimestrales sobre los recursos otorgados, un requisito que sí establece el modelo del programa difundido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que la ASF recomendó “fortalecer los mecanismos de control y supervisión” del programa.
La directora de la RNF reconoció que homologar los formatos con los que se hacen observaciones a los recursos es un pendiente que el programa de refugios tiene también en este año.
“El tema es que las observaciones no se dan de forma inmediata o la información que comparten los enlaces. Por ejemplo, con las personas de la Conavim que están en contacto directo con las directoras de los refugios a veces la información no es la misma, la enlace A tiene información distinta al enlace B. Necesitamos que la información que todas las asesoras tengan esté homologada, porque a algunos refugios les piden requisitos que a otros no”, denunció.
Para 2021, las autoridades destinaron 405 millones pesos en 72 Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos y 34 Centros Externos de Atención, sus proyectos fueron elegidos por un grupo colegiado que analizó las propuestas de organizaciones civiles e instancias de gobierno estatales y municipales.
Pese a que los refugios y centros externos son importantes para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia así como de sus hijos, organizaciones como Fundar han criticado el poco aumento en su presupuesto, pues para 2022 se le destinaron 420 millones de pesos.
CUENTAS BANCARIAS Y FALTA DE DATOS
La ASF encontró que la Secretaría de Bienestar no verificó desde la etapa de selección de los proyectos la productividad de las cuentas bancarias abiertas por los 72 refugios y 34 centros externos que operaron en 2021, aunque las instancias debían contar con una cuenta productiva como parte de los lineamientos necesarios para acceder al presupuesto del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos.
“De 4 Refugios y 1 Centro Externo no se contó con evidencia documental de los estados de cuenta bancarios mediante los cuales se reflejaran los rendimientos financieros generados durante el ejercicio 2021, por lo que se desconoce cómo fue que la entidad fiscalizada validó que los rendimientos financieros generados por dichos entes se correspondieran con los reportados por los beneficiarios”, reportó la Auditoría.
La Secretaría de Bienestar aclaró que los rendimientos financieros generados se distribuyeron de acuerdo con las necesidades y demanda de la población de los refugios y los centros externos, también informó que les solicitó que sus cuentas bancarias fueran productivas y sus instrumentos de inversión respetaran al Reglamento de la Ley de la Tesorería de la Federación, pero la ASF enfatizó que la dependencia “no proporcionó evidencia de que durante las etapas de selección y elegibilidad de los proyectos se verificó que las cuentas bancarias cumplieran con tales características”.
Por ello, llamó a la dependencia a contar con toda la información necesaria para validar las cuentas bancarias de los beneficiarios del programa y los rendimientos que generan.
Figueroa explicó que, de igual forma, presentar una carta que validara la productividad de las cuentas también representó un obstáculo pues instituciones bancarias aumentaron los requisitos para entregarlas a las organizaciones civiles. “No estamos en contra de la transparencia de la rendición de cuentas, de mejorar las cosas que se tengan que mejorar pero también queremos información clara, la información te da poder de prevenir, de estar preparada y de evitar retrocesos como en la entrega de recursos”.
La ASF también hizo observaciones para 2021 por el pago a destiempo al personal, pues aunque los lineamientos de operación del programa establecen que los recursos tendrían que entregarse desde que se firmaron los convenios de coordinación entre la sociedad civil u otras instancias a cargo de los refugios o centros externos, durante la fiscalización se identificó que ocho refugios pagaron a su personal el mes completo en el que se suscribieron.
Aunque la Secretaría de Bienestar detalló que ese primer pago al personal de los refugios correspondió a la elaboración y entrega del Plan de Trabajo, como estipuló en su contrato, la Auditoría recomendó a la dependencia verificar “que los recursos otorgados a los beneficiarios de los programas de apoyo a su cargo se ejerzan y comprueben dentro de la vigencia de los instrumentos jurídicos”.
Actualmente, lo que más preocupa a la RNR, que hasta octubre de este año contabilizó 75 refugios y centros externos en operación, es que año con año el presupuesto está en riesgo, pues se les otorga sólo durante algunos meses, esto no ha cambiado aún cuando desde la Secretaría de Gobernación en 2019, con Olga Sánchez Cordero, se resaltó la importancia del programa por cómo impacta en la vida de las mujeres.
La RNF ha enfatizado que los cambios administrativos que cada gobierno hace afectan la operatividad del programa, por eso ha pedido contar en el Presupuesto de Egresos de la Federación con un fondo revolvente y multianual para el fortalecimiento, operatividad y continuidad de los Refugios y sus Centros de Atención Externa, algo que para el Presupuesto de Egresos de 2023 tampoco se concretó.
AUTOR: MONTSERRAT ANTÚNEZ ESTRADA.
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