La sentencia del tribunal agrario por el caso de Unión Hidalgo, Oaxaca, es un avance para que otras comunidades indígenas que han sido afectadas por empresas transnacionales puedan recuperar sus territorios, aseguró la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).
Ahora, organizaciones cercanas al caso y de la zona del Istmo de Tehuantepec esperan que se asiente un precedente jurídico que impulse la recuperación de terrenos comunales, que denuncian fueron ocupados de manera ilegal, así como el derecho a un territorio sin las afectaciones que causan los parques eólicos al medioambiente y a la sociedad.
La disputa entre Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial mexicana de la española Renovalia Reserve, y los habitantes de la zona del Istmo de Tehuantepec comenzó en 2006, cuando representantes de la compañía empezaron a buscar a los comuneros individualmente para prometerles dinero y beneficios a cambio de contratos que les permitiera colocar sistemas de generación de energía eólica.
Guadalupe Ramírez, una de las afectadas y comunera de Unión Hidalgo, recordó en entrevista para SinEmbargo que en ese año llegaron representantes de la empresa española al municipio y reclutaron a gente de la zona para intentar convencer a los comuneros que se firmaran contratos de arrendamiento sobre la tierra de uso comunal. Algunas de las personas que se sumaron a la empresa hablaban zapoteco, por lo que habitantes sintieron mayor confianza.
“Yo firmé uno de esos contratos, y esa fue la razón por la que vimos cómo estaban hechos los contratos, pero antes de eso, nosotros ignorábamos totalmente, no teníamos ninguna información de lo que era un parque eólico y todo lo que traía”, expresó. “Fue así como firmamos un contrato de arrendamiento, pero en esos momentos nadie pudo decir nada por lo que ellos ofrecían, con mentiras, ofreciendo dinero. La comunidad de Unión Hidalgo es una que carece de muchas cosas, tiene muchas necesidades, y si a esas necesidades le sumamos la ignorancia de que no conocíamos lo que traía un parque eólico, claramente de eso se aprovechan estas empresas”.
Aunque inicialmente los representantes aseguraron que el documento era de “buena fe” y se podrían hacer ajustes según las necesidades e inconformidades de los comuneros, esto no se respetó, e incluso uno de los trabajadores de la empresa les comentó que si ya habían firmado, “se chingaron (sic)”, apuntó Ramírez.
“Ya no podíamos remediar nada, según ellos. Todavía fuimos a ver al Gobernador del Estado (entre 2004 y 2010 gobernó Ulises Ruiz Ortiz, y posteriormente Gabino Cué Monteagudo) para presentarle nuestras inconformidades y tratar de anular los contratos, pero tampoco recibimos respuesta; el Señor nunca nos recibió (…) y eso hizo más difícil todavía en nuestra situación de querer anular los contratos”, expuso.
“Nosotros en nuestra comunidad ni siquiera sabíamos de que ya las tierras estaban dadas a diferentes empresas, tanto de las comunidades vecinas, y unos [comuneros] estuvieron de acuerdo y otros no, pero ya cuando nos dimos cuenta ya todos los terrenos, todas las comunidades, estaban repartidas con estas empresas. Entonces, sí es muy triste porque a los que menos toman en cuenta son a las comunidades indígenas que son las dueñas de esas tierra. Esto fue lo que hizo difícil la situación, pero nunca perdimos la esperanza, de que algún día tenía que llegar la justicia”.
Los efectos que la construcción y operación del parque eólico tuvo en la zona se empezaron a hacer evidentes a habitantes y a organizaciones acompañantes: se tumbaron árboles para crear caminos y vialidades; daños y muertes de aves y murciélagos que habitan y migran por la zona aérea ocupada por los generadores; la contaminación del río local y los pozos artesanales, los cuales se empezaron a secar por afectaciones de las obras del parque; el aceite utilizado para los aerogeneradores se chorrea e incluso infiltra en los campos de cultivo; la contaminación auditiva y lumínica causaba problemas al sistema nervioso de los habitantes y al ganado.
Cuando los comuneros de Unión Hidalgo empezaron a manifestar su inconformidad, buscaron asesoría legal para tomar cartas sobre el asunto. En ese momento, se percataron que los empresarios se habían coludido con funcionarios públicos para que se hicieran escrituras de la propiedad comunal, y emprendieron una batalla legal de varios años.
“La empresa empieza a llevar a notarios públicos a que les hicieran escrituras, ahí es donde varios de los comuneros de Unión Hidalgo empezaron a pensar que eso no está bien, porque ellos saben que son una comunidad agraria”, explicó Juan Antonio López, coordinador de justicia transnacional de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), la organización que hizo el acompañamiento jurídico del caso. “Nos dimos cuenta que, efectivamente, había ahí un tema de corrupción por parte de algunos funcionarios, pero también engaños y de mentiras por parte de la empresa”.
De acuerdo con López, pudieron detectar presuntos actos de corrupción por parte de notarías públicas que realizaron las escrituras a favor de la empresa, a pesar de que por tratarse de una propiedad comunal las parcelas no se rigen por este modelo de reconocimiento legal.
“Estas notarias y este notario [que identificamos] les empiezan a hacer escrituras públicas a toda la región donde hay parques eólicos –empiezan a ser realizadas e inscritas a partir del 2008–, y posteriormente empiezan a hacer contratos. Después, la empresa habla con el Registro Público de la Propiedad y funcionarios del Gobierno del Estado empiezan a presionar el Registro Público la Propiedad, y también funcionarios del Registro acceden a inscribir estas escrituras públicas; posteriormente les realizan contratos de arrendamiento y los inscriben, y de ahí vienen ya una serie de gravámenes sobre las tierras y las vuelven, según esto, las vuelven propiedad privada, y se están dando este carácter de propiedad privada donde están inmiscuidos exfuncionarios de gobiernos estatales anteriores”, detalló sobre el modus operandi de la empresa.
En un primer momento, la organización tomó la representación legal de los comuneros e intentó dialogar con la empresa para recuperar los terrenos, pero no tuvo suerte y se remitieron a los tribunales.
RENOVALIA RESERVE Y SU FILIAL MEXICANA, DEMEX
Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca (Demex) es una empresa filial mexicana de la transnacional Renovalia Reserve, una compañía que empezó a raíz del español Grupo Forlasa bajo el nombre Renovalia Energy. Posteriormente, se creó una unión entre Renovalia y la estadounidense First Reserve, “el mayor fondo de inversión de energía e infraestructuras del mundo”, anuncia la página web de Demex.
La filial mexicana es dueña de la concesión 05OAX153987/22EADA13 ante la Comisión Nacional de Agua (Conagua), emitida en octubre del 2014 a favor de Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2 S.A.P.I. de C.V. por una superficie de 400 metros cuadrados en Unión Hidalgo, región hidrológica de Tehuantepec en Oaxaca, para el uso “Servicios”.
Por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Demex cuenta con dos permisos de autoabastecimiento emitidos en junio de 2009 y julio de 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012): E/823/AUT/2009 y E/939/AUT/2012, ambas por generación de energía tipo eoloeléctrica.
El registro actualizado al 30 de septiembre de 2022 de la institución gubernamental indica que los permisos de 2009 y 2012 tienen una capacidad de generación autorizada de 90 y 137.5 megawatts y una inversión estimada de 180 y 275 millones de dólares; y tienen una generación estimada de 333.02 y 508.75 horas gigawatts por año, respectivamente.
El primer permiso emitido corresponde a “Polígono I, localizado en terrenos del Municipio Unión Hidalgo y Polígono II, localizado en terrenos del Municipio Juchitán de Zaragoza, ambos en Oaxaca”, con empresa líder Renovalia Wind International de España.
El documento de título de permiso señala como socios aprovechadores de la energía eléctrica a Renovalia Wind International, Grupo Renovalia de Energía, Caleras de Guanajuato, Corporativo Bimbo, Fábrica de Cal y Materiales de Construcción Purísima, Moldes y Exhibidores SA de CV, Galletas Lara, Cal de Aguascalientes, Pan del Hogar SA de CV, Fábrica de Galletas La Moderna, Gastronomía Avanzada Pastelerías SA de CV, Hazpan SA de CV, Continental de Alimentos, Ricolino, Mundo Dulce, Productos Marinela, Cal de Apasco, Caleras de la Laguna, Cal Química Mexicana, Operadora Vips, Calidra de Occidente, Suburbia, Calidra de Oriente, Panificación Bimbo, Barcel, Bimbo, y Nueva Wal-Mart de México.
El segundo está establecido para “Carretera Unión Hidalgo-La Venta s/n, en el sitio denominado Polígono Fase II, ubicado en terrenos del Municipio Unión Hidalgo, Oaxaca” y está a cargo de Gamesa.
Según la página oficial del Gobierno de Oaxaca, el proyecto de Parque Eólico “Piedra Larga Fase 1” de Demex se desarrolló con una inversión de 200 millones de dólares, 45 aerogeneradores y una capacidad nominal de generación de 90 megawatts. El portal indica que entró en operaciones comerciales en octubre de 2012.
Antes de su entrada en operación y de que se emitieran los permisos de generación eléctrica por parte de la CRE, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un resolutivo de Manifestación de Impacto Ambiental en el 2008 en el cual identificaba como impactos la pérdida de cobertura vegetal, probable modificación de hábitats, probables afectaciones a especies de la fauna silvestre (incluyendo aquellas con algún estatus de protección), y la posible colisión de las aves con los aerogeneradores, resultando en lesiones y/o muerte de los especímenes; mismas que fueron desestimadas parcial o totalmente al considerar acciones restaurativas y mitigantes por parte de la empresa, por lo que se emitió “la autorización de manera condicionada” del proyecto.
Además de esto, tiene otra Manifestación de Impacto Ambiental elaborada para la Línea de Transmisión Eléctrica Piedra Larga-La Ventosa, la cual tiene una longitud de 27 mil 940 metros, ubicada en terrenos pertenecientes a los municipios de Ciudad Ixtepec, Asunción Ixtaltepec, Juchitán de Zaragoza y Unión Hidalgo; y creada para trasladar la energía de los dos polígonos no contiguos que conforman el Parque Eólico “Piedra Larga” a la entonces ya existente subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “La Ventosa”. Este igualmente recibió una autorización condicionada por parte de la Semarnat.
Demex está dada de alta en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con clave de cotización DMXI y listada desde diciembre de 2015, con José Manuel Olea Avilés como director de finanzas y Sergio González Peinado como su director nacional. En su registro, la empresa filial especifica que su contrato de autoabastecimiento con Grupo Bimbo inició en noviembre de 2012.
EL CORREDOR EÓLICO PREOCUPA AL ISTMO
La presencia de parques eólicos en la región no es únicamente problemático por las prácticas de ocupación de tierras, en las cuales representantes de las empresas buscan a comuneros, dijo Mario Quintero de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Existen afectaciones medioambientales y sociales que han detectado en el Istmo de Tehuantepec desde 2006, detalló Quintero, cuando se constituyó la organización para dar seguimiento a las problemáticas de comunidades por la aparición de empresas de generación de energía eólica, con capital principalmente alemán, francés y español, como el caso de Demex.
“Nuestra lucha principal es para poder derogar una serie de contratos leoninos, que se realizaron por parte de las empresas eólicas hacia los campesinos”, explicó sobre el trabajo de la Asamblea. “Muchas veces las empresas grandes transnacionales crean sus empresas subsidiarias con régimen fiscales del país, y así es que pues generan toda una serie de incumplimientos y violaciones a los derechos agrarios e indígenas de las comunidades donde se han instalado”.
El 6 de agosto de 2009, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicaba el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables de la Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico, en la cual delineaba que “El mercado eólico mundial ha demostrado que esta tecnología y la industria asociada a ella pueden convertirse en una importante fuente de empleos, inversión, desarrollo tecnológico, integración industrial y creadora de nuevas empresas e infraestructura para el país, con beneficios ambientales”.
También se le acompañaba una advertencia: si bien presenta la ventaja de que no se producen emisiones de gases de efecto invernadero, también generan contaminación visual y auditiva, tienen un impacto en la fauna que habita zonas de viento o las especies que migran por la región.
De acuerdo con la CRE, existen actualmente 28 permisos vigentes para la generación de energía eoloeléctrica en el estado de Oaxaca, de los cuales 24 parques ya se encuentran en operación. Los permisos corresponden a distintas empresas líder, entre ellas: Iberdrola, Mexicana de Cobre, Industrial Minera México, Wal-Mart, Acciona, Gamesa, Grupo Peñoles, Naturgy, Eoliatec de México y Enel Green Power.
El fallo emitido el pasado viernes por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 22, con sede en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, en contra de la empresa española y su filial mexicana Demex, es considerado un precedente importante para la defensa del territorio y de los derechos de las comunidades indígenas, y también pone sobre la mesa la necesidad de alianza entre distintas comunidades, señalaron tanto ProDESC como la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.
“Tenemos un Tribunal Agrario que está reivindicando los derechos de esta comunidad agraria y le dice: ‘Todos los actos que realizaron las autoridades para el despojo de tu territorio son nulos y te reconozco a ti como una comunidad, y reconozco que la única que puede firmar contratos de arrendamiento, de aprovechamiento, o cambiar el uso del suelo de todo el territorio comunal,–porque todas las comunidades agrarias son comunidades indígenas– es la Asamblea de Comuneros, el colectivo de la comunidad”, profundizó Juan Antonio López de ProDESC.
El coordinador de justicia transnacional de la organización expresó que el precedente jurídico que existe ahora refuerza la defensa del territorio agrario y también el territorio indígena, lo que marca un precedente “para que cualquier otra comunidad que se vea despojada por estas grandes empresas transnacionales, en contubernio con autoridades municipales, estatales o hasta federales, puedan iniciar procedimientos que les reivindiquen sus derechos sobre la tierra y territorio”.
“El trabajo es arduo, pero ya les marcamos el camino y esto le da la posibilidad a otras comunidades del territorio nacional de ver que sí se puede. No sólo es el precedente legal, sino es el precedente social que está dejando para que estos pueblos y comunidades indígenas, pueblos y comunidades agrarias que están viendo atacados, despojados de su territorio, digan ‘Sí podemos'”, reflexionó. “Ya hay un caminito recorrido que podemos seguir, y podemos lograr reivindicar nuestros derechos sobre la tenencia de la tierra, pero sobre todo sobre la propiedad ancestral y la propiedad legal que tenemos”.
Desde la Asamblea, Quintero compartió su deseo de que la promoción de amparos no se haga únicamente de forma individual, como fue el caso de Unión Hidalgo, sino que se alíen las comunidades afectadas en la región del Istmo de Tehuantepec para crear una estrategia jurídica más amplia.
“Entendemos y reconocemos la participación de los compañeros y compañeras comuneros de Unión Hidalgo, pero también como una crítica fraterna que mantenemos con ellos es que se focalizan solamente en las tierras, y en lo que ocurre en Unión Hidalgo, y no se regionaliza el conflicto. (…) El tema del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec no solamente está afectando tierras comunales de Juchitán, sino está afectando tierras de otros ejidos y de otras comunidades, y que aspira a expandirse para hacer un gran bastión energético de energía renovable en el país”, argumentó.
Sin embargo, reconoció que la sentencia ganada en el caso de Unión Hidalgo cuestiona lo denunciado: la propiedad de la tierra, no privada, lo que implica que “todos los proyectos eólicos están instalados en plena ilegalidad. “Si logramos que estas sentencias hayan estado jurídicamente, nos van a poder servir para iniciar una serie de demandas contra otros proyectos que ya están instalados y los que pretendan instalarse en estos territorios”.
AUTOR: TAMARA MARES RIVVERA.
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