En días recientes, César de Castro, abogado de García Luna, quien fuera asesor, amigo, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, solicitó a la Corte la anulación de cargos.
La defensa de García Luna argumentó que no era posible que, siendo funcionario federal de México en los sexenios de Vicente Fox y Calderón, si el gobierno de Estados Unidos sabía que estaba involucrado con el narcotráfico, mantuviera con su cliente relaciones de trabajo.
Para probar su argumento, De Castro solicitó a la Corte exigir al Departamento de Justicia la transcripción de 2001 a 2012, de las reuniones y conversaciones que tuvo García Luna con altos funcionarios del gobierno estadunidense, como el expresidente Barack Obama.
Así, De Castro exigió a la Corte anular 4 de los 5 delitos que achacan a su cliente: conspiración continua en empresa criminal, conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional, conspiración para poseer cocaína con intento de distribución y conspiración de importarla.
Los fiscales federales del gobierno de Estados Unidos le recuerdan a la Corte que, de 2001 a 2005, García Luna fue el titular de la Agencia Federal de Investigaciones con Fox y, de 2006 a 2012, secretario de Seguridad Pública con Calderón, posiciones con las que controló a la ahora desaparecida Policía Federal.
“El acusado utilizó su posición en el gobierno federal de México para apoyar al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos de múltiples millones de dólares”, subrayan los fiscales en su misiva a la Corte Federal en Brooklyn divulgada este sábado.
“Específicamente el encausamiento indica que, de enero de 2001 a julio de 2020, el acusado conspiró con miembros del Cártel de Sinaloa para importar a Estados Unidos grandes cantidades de narcóticos, y en 2018, después de mudarse a Estados Unidos, mintió sobre su conducta en un intento por hacerse ciudadano estadunidense”, resaltan los fiscales.
Por los delitos que le imputa el Departamento de Justicia y si es declarado culpable por un jurado durante un juicio calendarizado para el 9 de enero de 2023, García Luna sería sentenciado a cadena perpetua como pena máxima y a 20 años de cárcel como mínima.
“El acusado pide que se desechen los primeros 4 cargos de este encausamiento argumentando que, aun cuando aceptó sobornos del Cártel de Sinaloa, él se retiró de la conspiración en 2012, cuando dejó el gobierno mexicano y se mudó a Estados Unidos. La Corte debe negarle su petición”, enfatizan los fiscales en su pedido.
Respecto a las transcripciones que solicita la Defensa al Departamento de Justicia, los fiscales le señalan la Corte que durante el juicio y ante el jurado probarán los delitos que le imputan a García Luna.
“La conducta y actos del acusado después de 2012 demuestran que él nunca renunció a sus objetivos de conspiración”, complementan los fiscales.
A la Corte, el Departamento de Justicia la actualiza al indicarle que a la defensa de García Luna le han entregado miles de documentos sobre las imputaciones, incluidas las declaraciones de 15 agentes federales que serán testigos y de otros seis testigos cooperantes.
El gobierno de Estados Unidos sostiene que cuenta en su poder con más de un millón de fojas que presentará ante la Corte para probar las acusaciones, amén de decenas de miles de documentos financieros, fotografías, videos, grabaciones y el contenido de aparatos electrónicos como computadores y teléfonos inteligentes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J JESÚS ESQUIVEL.
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