Así lo afirmó la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, en una carta enviada a la Corte para que avance el caso judicial contra el ex funcionario federal mexicano. Sin embargo, los abogados de García Luna han asegurado que la acusación contra su cliente es frágil, porque abandonó la vida pública al concluir el Gobierno de Calderón Hinojosa, el 30 de noviembre de 2021, y han pedido que se desechen los cargos en su contra, bajo el argumento de que ya han prescrito.
Asimismo, la Fiscalía neoyorquina sostiene que el ex funcionario federal mexicano empezó a trabajar para el Cártel de Sinaloa desde que asumió como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), durante la Administración de Vicente Fox Quesada, en enero de 2001, y que esos vínculos se mantuvieron hasta julio de 2020.
“El acusado conspiró con miembros del Cártel de Sinaloa, al aceptar sobornos y ayudarles en sus actividades de tráfico de drogas”, se lee en el último documento presentado por la Fiscalía neoyorquina, ante la Corte del Distrito Este de Nueva York.
Los fiscales neoyorquinos han afirmado que abundan los ejemplos de cómo García Luna facilitó las actividades criminales y se mantuvo como un contacto de primer nivel del citado Cártel. Señalaron, por ejemplo, que el ex titular de la SSP no interfirió en el envío de cargamentos de varias toneladas de narcóticos de Sinaloa con destino a Estados Unidos y que filtró información sensible de operaciones policiales para evitar que sus líderes fueran capturados.
Según el mismo documento, el ex funcionario federal mexicano, en cambio, se concentró en perseguir a capos rivales y colocó a servidores públicos corruptos en posiciones de poder, en zonas que eran controladas por la organización delincuencial sinaloense.
Las autoridades estadounidenses han asegurado que tienen 15 testigos con experiencia en tareas de Seguridad y otros seis testimonios potenciales de testigos colaboradores para respaldar sus acusaciones. No obstante, los abogados de García Luna sostienen que no se le han facilitado todas las pruebas en su contra, para poder construir una defensa efectiva.
“Estos materiales, que incluyen cientos de notas de reuniones con potenciales testigos colaboradores, contienen información relevante sobre el Cártel de Sinaloa, sus miembros, sus métodos de operaciones, incluso el amplio uso de sobornos”, señalaron los abogados de García Luna.
La información recopilada, según dice la Fiscalía neoyorquina, detalla cuántos sobornos recibió García Luna, qué hizo a cambio de ese dinero y qué otros servidores públicos están salpicados por el esquema corrupto. Las autoridades afirmaron que el ex funcionario federal mexicano recibió varios millones de dólares del narcotráfico.
Por su parte, los abogados García Luna piden que se retiren cuatro cargos en contra de su cliente, relacionados con el tráfico de cocaína y su pertenencia a organizaciones del narcotráfico. También dicen que las acusaciones se basan en la hipótesis de que sacó ventaja de su posición durante los gobiernos de Fox Quesada y de Calderón Hinojosa, pero aseguran que se desmoronan, si se considera que su cliente no ocupó ningún cargo de relevancia en las Administraciones que precedieron.
“Es evidente que al retirarse de la vida pública y abandonar México en 2012, el señor García Luna se retiró de cualquier supuesta conspiración”, afirma la defensa del ex funcionario federal mexicano, que también señala que el punto clave es que los delitos reclamados prescriben después de cinco años y que el exfuncionario fue recién acusado hasta 2019, tras su arresto, siete años después de su retiro de la política.
“Dada la prominencia de su cargo, es obvio que los miembros del Cártel de Sinaloa, que supuestamente se beneficiaron de la poderosa posición que ocupó el señor García Luna, entendieron que esos beneficios se acabaron con su renuncia”, se lee en un escrito presentado por los abogados.
Los defensores de García Luna tienen hasta el 9 de noviembre de 2022, para presentar un contraargumento. También es posible que el juez Brian M. Cogan, ordene una audiencia para definir si procede el pedido de que se deseche o no el caso. En agosto del presente año, tras múltiples prórrogas fijó el inicio del juicio para enero del próximo año.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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