La comunidad de Chicomuselo, en Chiapas, ya se había manifestado en contra de la actividad minera en la región, razón por la cual fue asesinado el defensor Mariano Abarca Roblero en 2009, pero ha vuelto a observar una reactivación minera, sin tener la certeza de quién está detrás. A la par, han denunciado hostigamiento, persecución y amenazas por sus labores en defensa del territorio.
La actividad minera en la zona fronteriza de Chiapas ya ha sido un motivo de conflicto entre el sector privado, instituciones gubernamentales y habitantes. Por ejemplo, en 2007 llegó la empresa canadiense Blackfire Exploration Ltd para extraer barita, titanio, oro, antimonio y magnetita, ante la cual se manifestaron en contra los pobladores de Chicomuselo y cuyo activismo resultó en el asesinato del defensor Mariano Abarca Roblero, ocurrido el 27 de noviembre de 2009. El crimen fue perpetrado en el país más letal para activistas de la tierra según el análisis más reciente de Global Witness, que ha documentado 154 homicidios en los últimos 10 años.
“Es preocupante cada vez más los problemas en Chicomuselo sobre la mina y sobre el conflicto entre cárteles de la región”, comentó al respecto un activista que se ha opuesto a la actividad minera en la región y quien pidió el anonimato por cuestiones de seguridad. “Hemos sido amenazados desde que esto empezó, y hasta la fecha hemos sido amenazados por grupos de choque y por grupos de personas que están a favor de la mina […] Es difícil salir de la comunidad e irse a vivir a otra parte, como lo están haciendo otras personas en los municipios alrededor, porque están siendo amenazadas por estos grupos de delincuencia organizada“.
Los habitantes han indicado que incluso se encuentran bajo un toque de queda, pues han sido intimidados de no estar afuera de sus hogares después de ciertas horas de la noche.
“Todos estamos atemorizados a lo que pueda pasar, que pasen otras cosas, que sería lamentable porque como está actuando la empresa minera, manejando grupos de choque como cuando empezó la empresa Blackfire que de esa forma empezó a atemorizar, y hoy lo vuelven a hacer y a generar nuevamente conflicto entre la sociedad”, recalcó.
Aunque las actividades de la minera fueron inicialmente suspendidas en diciembre de 2010 por la falta de un estudio de impacto ambiental en la construcción de una carretera que conectaba hacia la mina, pobladores de Chicomuselo han visto camiones de carga en los últimos meses que transitan por la zona, presuntamente llenos de material para la extracción de minerales y barita, y a personas que no son de la región trabajando en el área.
“Se han visto entrar camiones como cuando muy empezó la empresa Blackfire, unos camiones grandes de alto tonelaje, las vemos atravesar ya con con el mineral. Desconocemos el destino, pero sí, ya hay esa extracción de mineral; hay conflicto con las comunidades, con los ejidatarios de la comunidad, porque (…) ya llegaron los representantes de la mina al ejido a decirles de que ellos van a entrar a sacar el mineral, les guste o no les guste”, denunció en este sentido José Luis Abarca Montejo, hijo del defensor Mariano Abarca.
Según el activista, las autoridades federales y locales no han tenido un acercamiento con la comunidad para dialogar al respecto de sus denuncias, e incluso la Presidenta Municipal Chary Yanet Ríos Ordóñez ha negado tener conocimiento de la situación.
“Hay una ausencia del Estado, un silencio del Gobierno estatal, municipal y federal. Desde el Pueblo Creyente [de Chicomuselo] y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio se ha insistido en dialogar con la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) para revisar que no hay manifiestos de impacto ambiental para reactivar la extracción minera”, detalló al respecto Victorico Gálvez, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Centro Frayba).
Ante el silencio de las autoridades, el Centro Frayba ha expresado su preocupación por la seguridad e integridad de los activistas y habitantes, así como por una posible persecución judicial y criminalización de los defensores del territorio.
SinEmbargo buscó al Gobierno de Chiapas y a la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa) para un comentario respecto a la situación de Chicomuselo y la denuncia de una posible reactivación minera ilegal en la región, pero al momento de la publicación no obtuvo respuesta.
ACUSAN POSIBLE PRESENCIA DE GRUPOS CRIMINALES
La canadiense Blackfire Exploration Ltd está disuelta desde el 29 de agosto de 2017, según el registro del Gobierno de Alberta, y su filial mexicana Blackfire Exploration Mexico no se encuentra en el padrón del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía en su actualización más reciente del 17 de agosto de 2022, a pesar de que se mantiene como concesionario único de siete títulos vigentes de los 14 que originalmente tenía.
Uno de los títulos –para el lote La Mulita ubicado en el municipio Chicomuselo– fue cedido a la empresa mexicana Mina de Barita de Chiapas SA de CV, con domicilio en Toluca, Estado de México. De acuerdo con los registros de la Semarnat, ni en 2022 ni en 2021 se ingresó o resolvió algún trámite sometido al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) para el municipio de Chicomuselo.
Esto genera la duda en los habitantes: ¿quién está detrás de la reactivación minera en la zona? Una de las hipótesis planteadas por activistas es que se podría tratar de un nexo con el crimen organizado, cuya presencia en la región ha incrementado en los últimos años. Un habitante de la región que se ha opuesto a la actividad minera en la región y pidió el anonimato por cuestiones de seguridad advirtió que un grupo de alrededor de 50 personas armadas habían entrado a un ejido cercano a Chicomuselo, donde les anunciaron a los ejidatarios que iban a comenzar la extracción de minerales, “les gustara o no les gustará”.
“Sabemos que es un grupo de choque, y se habla de una de una este organización social que ya ha abarcado muchas zonas en los municipios de la Frontera Comalapa; es una organización que hasta ahorita este creemos que tiene vínculo con el narcotráfico”, detalló.
Las cifras y reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dejan claro el incremento de tráfico de drogas en el estado: en el 2021, Chiapas fue el estado con mayor kilogramos de cocaína asegurada con mil 252 kilogramos, y para febrero del 2022 también apuntalaba los estados con mayor decomiso del estupefaciente.
“Algo que es algo muy difícil de comprobar, y también de verificar, es quién está detrás de la intención de reactivar esas concesiones. Se habla mucho, por ejemplo, del crimen organizado, que no sería la novedad ya porque también está muy involucrado en algunas otras concesiones mineras, o explotación, o intereses mineros, en el país, como es en Michoacán y en otros lados.”, sumó Gustavo Castro, secretario de la asociación civil Otros Mundos Chiapas. “Estamos en el contexto de una frontera, en el caso de Chicomuselo y Frontera Comalapa, que está terrible la violencia y la presencia del crimen organizado, entonces no dudo que haya presencia o interés de estos sectores en el mercado negro de la barita”.
BLACKFIRE EXPLORATION EN MÉXICO
La empresa canadiense que tenía sede original en Calgary, Alberta, cuenta actualmente con nueve concesiones mineras vigentes para la explotación de recursos a nombre de su filial mexicana en los municipios chiapanecos de Chicomuselo, Motozintla y Tapachula. La organización Mining Watch Canada denunció que desde que inició labores en el 2007, Blackfire Exploration tuvo un “importante apoyo” de la Embajada canadiense para su operación.
De las nueve concesiones en México, siete están ubicadas en Chicomuselo: La Revancha, Ampliación La Revancha, El Leñadero, 7 Mulas, El Destino, La Revancha 2 Fracc. A y Fracc. B.
Blackfire Exploration Ltd se vio inmersa en polémica cuando se produjo el asesinato de Mariano Abarca Roblero, pues trabajadores de la compañía y funcionarios municipales coludidos —entre ellos el exalcalde de Chicomuselo, Julio César Velásquez Calderón— fueron señalados por los pobladores de haber participado en su homicidio. Incluso, el director general de Blackfire, Artemio Ávila Cervera, fue investigado en su momento por la muerte del defensor.
Inicialmente, las autoridades mexicanas detuvieron a tres personas por su presunta conexión con el asesinato del activista, y aunque una de ellas sí fue sentenciada y estuvo privada de su libertad, posteriormente fue liberada bajo un amparo de que no se había respetado el debido proceso.
Previo a su asesinato, Abarca Roblero fue demandado por Blackfire Exploration por asociación delictuosa, crimen organizado, ataques a vías de comunicación, daños a la empresa y alteración del orden público, entre otros cargos, los cuales fueron desestimados cuando no se reunió la suficiente evidencia para seguir el juicio.
MINERÍA HA PERJUDICADO EL TEJIDO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTE
Desde que inició la exploración minera en la región, habitantes de Chicomuselo y municipios colindantes comenzaron a sentir los efectos sociales que generó la presencia de empresas extractivistas. Por un lado, habían ciudadanos que estaban a favor del ingreso de la empresa “El Caracol” —la primera en iniciar actividades en la zona— y posteriormente de Blackfire Exploration, la cual había prometido que retribuiría a la comunidad con empleos, una compensación mensual y una carretera pavimentada, aunque pronto incumplió con sus acuerdos.
Por el otro, algunos habitantes se resistieron a la explotación de la tierra, denunciaron las afectaciones medioambientales y organizaron un movimiento en contra de la minería. Indicaron que la minería a cielo abierto estaba contaminando los ríos, provocando enfermedades en animales como peces, problemas de salud en los individuos y una gran deforestación en la zona.
“Es un conflicto que ya tiene varios años, que parecía que se había resuelto y expresa un poco la problemática que hay en Chiapas en estos momentos sobre la entrega de concesiones mineras”, consideró la académica Laura Valladares de la Cruz, quien ha analizado las repercusiones de la actividad minera en comunidades indígenas y originarias, entre ellas el caso de Chicomuselo.
“Este caso es importante porque nos ayuda a ver cómo se mueven los actores, en el caso del Gobierno pues otorgando las concesiones y siendo omiso a las quejas de los ejidatarios por el daño que estaba ocasionando la mina en términos ambientales y de salud, y además en términos de incumplimiento del acuerdo firmado con la propia minera. Entonces el Estado es omiso hasta que la movilización social se deriva en el asesinato [de Mariano Abarca]”, complementó.
Además de las afectaciones medioambientales y de salud, hubo costos sociales por las afectaciones que tuvo no sólo en las comunidades donde directamente se realizaban las actividades mineras, sino incluso por los municipios colindantes donde transitan camiones con material y recursos. “El impacto social es inmenso, tan inmenso como el daño ecológico”, argumentó.
AUTOR: TAMARA MARES RIVERA.
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