Uno de los elementos cruciales de la segunda investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron las 467 capturas de pantalla de 37 conversaciones de actores involucrados tanto en la desaparición como en el asesinato de los jóvenes. El GIEI, coadyuvante en la investigación, advirtió que esa información es inconsistente.
Dos meses después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) las puso en duda con lo que se tambalea uno de los elementos que cimentaron la nueva investigación:
“Los mensajes de WhatsApp filtrados son inconsistentes y no es posible garantizar su originalidad, por lo tanto, tampoco pueden ser consideradas como pruebas en el proceso de judicialización del caso Ayotzinapa”, alertaron.
Esta afirmación se contrapone a la defensa que Encinas hizo del material. En la presentación de agosto pasado explicó que las 467 capturas, que permitieron reconstruir 37 conversaciones entre 36 actores que participaron en los hechos, fueron sometidas a un análisis técnico y de contexto “sobre sus contenidos, personajes y ubicaciones en tiempo, lugar y circunstancia, cotejándose con testimonios, documentos, llamadas telefónicas y declaraciones ministeriales y judiciales, a fin de corroborar la información proporcionada”.
Para el GIEI, las capturas de pantalla generan una mayor incertidumbre y “enorme malestar”, y ponen en riesgo la investigación. Francisco Cox Vial, uno de los expertos independientes, dijo que el análisis forense a los mensajes de WhatsApp alerta que podrían ser falsos y “no pueden considerarse una prueba digital” porque tampoco puede confirmarse que fueron emitidos de los celulares de los que supuestamente salieron. Las capturas de pantalla sugieren que pudieron ser falseados.
Las pruebas que el GIEI viene exigiendo desde hace tiempo son las que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De acuerdo con el posicionamiento dado a conocer este lunes, hay información en los archivos de inteligencia de Sedena y en el Centro Nacional de Inteligencia, en específico monitoreos y escuchas telefónicas en tiempo real del 26 de septiembre de 2014, y de los días subsiguientes e incluido el 4 de octubre de 2014, entre otros, que se encuentran parcialmente recogidas en notas oficiales de los archivos de Sedena. Dichos mensajes no han sido proporcionados al GIEI.
Derivado de eso, el GIEI se centró en las capturas de pantalla. Con ese material la Secretaría de Gobernación y la CoVAJ se construyó la nueva narrativa de los hechos, desde la salida de los estudiantes de la Normal a Chilpancingo, Tierra Colorada y la escisión a Iguala, el traslado y llegada a Iguala, Rancho del Cura y la Central de Autobuses y la salida e inicio de la violencia y los actos de desaparición.
Con estos datos, informó Encinas, se acreditó plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y, por supuesto, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos.
EL CONTENIDO DE LOS MENSAJES
En el informe de la CoVAJ la mayoría de los mensajes están testados, es decir, bajo resguardo por cuestiones legales.
Aunque algunos fueron filtrados, vulnerando así el caso completo, en el informe final es posible encontrar las conclusiones a las que se llegaron con base en las capturas, como que el 26 de septiembre de 2014, a las 17 horas el estudiante Bernardo Flores Alcaraz, alias el Cochiloco, informó “a un grupo de estudiantes y a los conductores de los autobuses que irían al Rancho del Cura, cerca de Iguala, a realizar actividades de boteo y toma de camiones”.
A las 19:16 horas se logró identificar que los estudiantes estaban en las cercanías de Iguala, ya en el Rancho donde permaneció el camión 1531. Horas después inició la persecución y los actos de violencia de parte de las policías municipales, militares e integrantes de la delincuencia organizada.
De las 21:33 a las 21:42 de ese mismo día, el Cochiloco, quien iba a bordo de uno de los autobuses hizo llamadas para informar a sus compañeros en la Normal sobre los ataques de los que eran víctimas. También se logra identificar a cinco personas, pertenecientes a la Policía Municipal de Iguala, involucradas en la persecución y realizando disparos con armas de fuego.
También este material permite identificar que no sólo fue la Policía de Iguala, sino también la de Huitzuco que es la vinculada a los hechos de violencia cerca al Palacio de Justicia.
Lo que ocurre con el camión 1531, desde donde escribió mensajes el estudiante Bernardo Flores, es crucial. Primero, todos ellos desaparecieron. Pero con base en las capturas de mensaje se concluyó que esto ocurrió a manos de la Policía de Iguala que los habría llevado a Loma de Coyotes, mientras que otros fueron llevados a Huitzuco. Esa información salió de un mensaje del 28 de septiembre.
También que hubo conversaciones entre los mandos operativos del grupo de Guerreros Unidos por lo que es factible, aseguró la CoVAJ, que el elemento que desencadenó la violencia contra los normalistas fue la percepción que este grupo tuvo de que la presencia de los estudiantes era una señal de una infiltración del grupo de Los Rojos y la posibilidad de “perder la plaza”.
Otro caso que se logra traducir con base en las capturas de pantalla es el del asesinato de Julio César Mondragón, pero todos los mensajes están en resguardo, al igual que las órdenes de ejecución de los estudiantes, que incriminan en gran medida a José Luis Abarca, entonces Presidente Municipal de Iguala.
De los mensajes se incriminan a 18 personas que participaron en la ejecución y desaparición de los normalistas y ellos también se escribieron sobre los distintos destinos que tuvieron.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
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