Leonardo Reyes Cayente fue asesinado entre la noche del 12 de diciembre y la madrugada del 13 de diciembre de 2018 por policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. De acuerdo con sus familiares, el joven de 23 años fue atacado por los elementos a orillas de la carretera cuando salió de su casa en la comunidad Corralejo de Abajo a buscar señal de teléfono para hablar con su novia.
El gobierno de Guanajuato, a través de la vocera para temas de seguridad Sophia Huett López, declaró que Leonardo Reyes era un delincuente que había atacado a balazos a los elementos de FSPE, pero la familia ha emprendido una batalla legal que lleva casi cuatro años para exigir justicia por la muerte del joven que días antes llegó de Texas, Estados Unidos, para pasar las fiestas decembrinas en familia.
En una audiencia que duró poco más de cuatro horas, la jueza escuchó a los asesores jurídicos de la familia Reyes Cayente, quienes exhibieron contradicciones en los testimonios de los seis elementos del Grupo Táctico de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), declaraciones en las que se basó Ramona Álvarez Pérez, entonces fiscal a cargo del caso, para dar carpetazo a la investigación por considerar que los policías actuaron en legítima defensa.
Existen relatos de familiares de Leonardo Reyes que, llegaron a la escena alertados por los disparos y se escondieron entre la maleza, escucharon a los elementos de FSPE montar la escena para que pareciera que había chocado él mismo su camioneta y le colocaron dos armas de fuego, una de ellas en su mano. La exfiscal invalidó las declaraciones de la familia.
Al inicio de la audiencia en la que se analizaría si se reabría o no la investigación por el asesinato de Leonardo Reyes, el enviado de la Fiscalía General del Estado anunció que no entraría a debate porque la fiscal que llevó el caso ya no formaba parte de la institución, incluso enfrenta una denuncia en su contra.
En marzo de 2020 y tras una resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en la que resolvió que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato violentó el derecho de acceso a la justicia que tiene la familia de Leonardo Reyes por mantener sin avances la investigación, la encargada del caso, Ramona Álvarez, determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de los policías.
En la misma resolución que se encuentra en el expediente 83/18-D de la Procuraduría de Derechos Humanos, se concluyó que los policías hicieron uso excesivo de la fuerza y dejaron morir al joven, pues en ningún momento pidieron el apoyo de unidades de emergencia para que atendieran las heridas de bala que le causaron en el tórax y el abdomen.
"Se dejó morir a Leo, eso es una omisión clarita, es un delito... Nuestra teoría es que lo mataron por homicidio calificado", declaró Mikhail Antonio Ornelas, uno de los abogado de la familia, después de la audiencia en la que se expusieron a la jueza los datos de prueba que incluyó el resultado de la necropsia en el que el médico señala que la muerte de Leonardo Reyes se produjo por la cantidad de sangre que perdió tras ser herido de bala de armas que portaban los policías estatales.
La señora Guadalupe Cayente señaló que por primera vez una autoridad de Guanajuato la escuchó, en referencia a la jueza de control que revirtió el archivo de la investigación y ordenó que se incluyera en la carpeta peritajes sugeridos por los asesores jurídicos.
"Estoy contenta porque al menos ya nos dejaron hablar, ya es una ganancia. Nunca nos dejaban hablar... Aquí estamos de pie, siguiendo con la lucha", compartió al salir de la audiencia con la fotografía de su hijo en las manos, la imagen que la ha acompañado durante los últimos años.
Agregó que buscarán que se cumpla con la reparación integral del daño. "Yo siempre he dicho: a mi hijo ni con todo el dinero del mundo me lo van a devolver, ni con todo el dinero del mundo mi hijo va a regresar con vida, yo sé, pero sí tengo derecho como madre".
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARMEN PIZANO.
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