Durante su participación en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario de seguridad advirtió que este tipo de acciones “ponen en riesgo la seguridad pública” y “son parte de las acciones que generan impunidad en el país”.
“Esta Juez se excede en sus facultades porque plantea la contradicción entre una Ley de carácter general y la Constitución, en términos del Artículo 105 sólo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia y esta Juez en un primer momento decretó la suspensión de un decreto emanado del Poder Legislativo”, dijo.
Ricardo Mejía recordó que la resolución de la Jueza fue impugnada ante un Tribunal Colegiado y quedó sin efecto la suspensión provisional, no obstante, la Magistrada dictó una nueva resolución en este caso estableciendo la suspensión definitiva del decreto.
“Esta resolución, a todas luces inconstitucional, ya fue recurrida nuevamente por el Ejecutivo federal, porque se excede la Juez y está generando efectos suspensivos sobre un decreto del Congreso de la Unión”, señaló el funcionario.
Asimismo, el Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana confió en que el Tribunal Colegiado revoque la suspensión definitiva concedida por la Jueza Karla María Macías Lovera.
Baia Baia...
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 10, 2022
El subsecretario de @SSPCMexico, @RicardoMeb, criticó a la juez Karla María Macías Lovera, de Guanajuato, por suspender la entrega de la Guardia Nacional a la SEDENA.
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“Lo queremos hacer del dominio público porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública […] Tenemos confianza en que el Tribunal Colegiado revoque esta nueva suspensión decretada por esta Juez, pero sí se considera que son parte de las acciones que generan impunidad en el país”, concluyó.
El pasado mes de octubre, la Jueza federal, con sede en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó la suspensión definitiva a la organización Uniendo Caminos México, la cual advirtió que de pasar la Guardia Nacional a manos de la Sedena se potenciaría el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los derechos humanos, ya que su incorporación podría generar un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libre manifestación de ideas, expresión y reunión.
En ese sentido, la impartidora de justicia recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los estados deben limitar el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, ya que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo y no a la protección y control de civiles.
Además, la Jueza consideró que la suspensión definitiva debe otorgarse con base a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y precedentes de la Corte Interamericana.
La Jueza federal refirió que en caso de que la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena ya haya comenzado, los recursos deberán restituirse a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con base en el Presupuesto de Egresos de 2022.
“Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”, dijo la Jueza.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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