De los ocho hijos que procreó María Herrera, dos: Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera, fueron víctimas de desaparición en agosto de 2008 en el estado de Guerrero, mientras que Gustavo y Luis Armando fueron víctimas del mismo delito en septiembre de 2010.
Representada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la petición de Herrera Magdaleno se fundamenta en que, “en distintos niveles, hubo participación en las desapariciones –al menos por aquiescencia– de autoridades con el crimen organizado, seguida por una falta de investigación y búsqueda diligente por las instituciones mexicanas”.
María Herrera y su representación consideraron que “al no encontrar recursos efectivos a nivel interno” para localizar a sus cuatro hijos, “la familia Herrera decidió acudir a la CIDH”.
En un pronunciamiento, el Centro Prodh destacó que en la búsqueda de sus hijos, María y su familia han decidido acompañar a las familias de personas desaparecidas que como ellos “enfrentan la negligencia estatal”, a través de la conformación del Colectivo de familiares en Búsqueda María Herrera y posteriormente la Red de Enlaces Nacionales, integrada por más de 167 colectivos de búsqueda en todo el país.
La organización recordó que “la familia Trujillo Herrera es emblemática de la participación activa de las familias en la búsqueda de personas desaparecidas y del afrontamiento de los obstáculos y violaciones a derechos humanos que viven día a día los familiares y colectivos de búsqueda”.
En el contexto de país en que más de 100 mil personas están desaparecidas y de que el gobierno actual ha deslegitimado la actuación de la CIDH, la familia Trujillo Herrera decidió presentar su petición ante la Relatoría de México, encabezada por la comisionada Esmeralda Arosamena de Trointtiño, considerando que “los esfuerzos para hacer frente a las desapariciones (en México) continúan siendo insuficientes y requieren de acciones coordinadas de todas las instituciones encargadas de la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, así como de atención a víctimas”.
El documento presentado resalta que por las desapariciones de Jesús Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo, el Estado mexicano ha incurrido en violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y personalidad jurídica, contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Entre las alegaciones se establece que el Estado mexicano también ha violado el derecho de la familia Trujillo Herrera de acceder a la verdad y la justicia, “derivado del tiempo transcurrido y las omisiones y negligencias que han caracterizado a la investigación que a la fecha, no ha dado resultados”.
En su carácter de activistas, también se han violado los derechos a la integridad y a defender derechos humanos en condiciones de seguridad, “por todas las afectaciones, impactos y riesgos a los que han estado expuestos la familia durante la búsqueda de sus seres queridos y el acompañamiento a otras familias”.
En la comunicación, se hace referencia al “incumplimiento del Estado mexicano de implementar adecuadamente, a nivel interno, todas las disposiciones para asegurar la búsqueda e investigación, incluyendo las establecidas en la Ley General en la materia, así como la falta de una política integral acorde a la magnitud de la crisis que hoy rebasa las 100 mil personas desaparecidas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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