En 2019, primer año en el que se distribuyeron más de 240 millones de pesos entre 20 comisiones estatales, el órgano fiscalizador auditó los recursos destinados al programa U008 “Subsidios para las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, y concluyó que la CNB no tuvo mecanismos de supervisión para verificar que a los recursos transferidos a las comisiones estatales se les diera uso y destino para acciones de búsqueda de personas.
Además, señaló que durante ese ejercicio no realizó visitas de verificación a las comisiones locales para conocer la aplicación de los recursos y dar seguimiento a las acciones realizadas en materia de búsqueda. Tampoco hizo un informe o reporte de los resultados obtenidos en torno a la operación de esos organismos, ni contó con un sistema para concentrar información sobre la gestión de los recursos.
Consultada al respecto, la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, aseguró que, al momento, sí existen visitas de verificación, aunque, operativamente y en términos de recursos, no es posible hacerlas en todos los estados. Sin embargo, las comisiones estatales tienen la obligación de presentar un informe detallado sobre el ejercicio de los recursos. “Hacemos visitas de verificación aleatorias, y cuando hemos encontrado irregularidades, las hemos informado a la auditoría”, añadió.
La CNB detalló que, en lo que va de 2022, se han llevado a cabo cinco visitas de verificación de la existencia y funcionamiento de los bienes y servicios en los que se aplicaron los recursos del subsidio federal del ejercicio 2021, así como seguimiento de las acciones para implementar el proyecto ejecutivo 2022 en Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Quintana Roo y Oaxaca.
Quintana precisó que en los lineamientos que se están elaborando para 2023 se están buscando los mecanismos para que las comisiones estatales únicamente adquieran un número de bienes congruentes con la cantidad de personal que tienen.
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la CNB, los gobiernos estatales deben aportar una coparticipación equivalente al 10% del subsidio federal. “No obstante, no se estableció el mecanismo de control con el que la CNBP verificaría el cumplimiento de dicha disposición”, señala la ASF en la auditoría de cumplimiento 2019-5-04000-19-0012-2020.
Sin visitas de verificación en 2021
Para el ejercicio 2021, la CNB, además, no realizó visitas de verificación a las comisiones estatales para conocer la aplicación de los recursos y ejecutar el seguimiento de las acciones realizadas en búsqueda, debido a los acuerdos extraordinarios de la Secretaría de Salud para el combate a la pandemia por COVID-19, según justificó la propia dependencia.
En su auditoría de cumplimiento 2021-0-04100-19-0068-2022, dada a conocer el 28 de octubre, la ASF revisó el ejercicio de 464 millones 260 mil 100 pesos de la partida presupuestaria 43401 “Subsidios a la prestación de servicios públicos”, otorgados a las entidades federativas para realizar acciones de búsqueda.
Desde la emisión de los lineamientos, la ASF comprobó que la CBN no estableció las áreas encargadas de recepción, análisis, evaluación y autorización de las solicitudes de recursos, fechas de verificación y observaciones, así como la obligatoriedad o no de autorizaciones por parte de comités estatales de proyectos ejecutivos.
Por otro lado, el órgano fiscalizador constató que, de los recursos transferidos a 30 entidades por más de 580 millones, estas reintegraron poco más de 121 millones, que en nueve estados (Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Estado de México) representaron entre el 30% y el 100% del total ministrado.
“Sobre el particular, no se proporcionó la información que justifique los motivos por los cuales no se ejercieron dichos recursos ministrados, por lo que estos no fueron destinados para realizar acciones de búsqueda en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, sostuvo la ASF.
Cinco de las entidades que mayores porcentajes devolvieron se encuentran entre las que más altas cifras de personas desaparecidas tienen: Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y CDMX.
Para ejemplo, cuatro comisiones
En 2019, la ASF fiscalizó en lo particular el destino de los recursos del subsidio federal recibidos por las comisiones de CDMX y Coahuila.
Para la primera, determinó que la Secretaría de Administración capitalina no transfirió la coparticipación del 10% a la que estaba obligada —únicamente 1 millón de pesos ese año—. Además, existieron omisiones administrativas en la adjudicación de los contratos mediante los que se ejercieron los recursos.
A ello se suma que, el 11 de agosto de 2020, la ASF realizó una inspección física en la comisión local para constatar la existencia y operación de los bienes adquiridos. Ahí, descubrió que dos drones y cuatro comunicadores, recibidos desde diciembre del año anterior, no habían sido utilizados “porque no cuentan con presupuesto y personal capacitado y certificado para su manejo”.
En tanto, el monto auditado y comprobado para Coahuila, de 91 millones 856 mil 800 pesos para 2019, no coincidió con el registro del subsidio ni con el informe trimestral que la comisión estatal presentó a la CNB por dos proyectos ejecutados ese año.
En 2021, más equipos sin usar
En 2021, la ASF documentó que la comisión de Baja California no contaba con manuales de organización y procedimientos, lo que el organismo justificó como consecuencia de que la entidad no tiene una Ley Estatal en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
Esta comisión suscribió ese año 29 contratos por 51 millones 349 mil 500 pesos, de los que la ASF revisó 12 por 45 millones 9 mil 100 pesos.
Durante la verificación física, la ASF encontró que dos videoproyectores recibidos meses atrás se habían extraviado dentro de las instalaciones de la comisión, mientras que cinco radios portátiles, un equipo forense, dos kits de luces forenses y dos computadoras estaban guardados en su empaque original sin ser utilizados.
Además, un sistema forense para el registro de medidas antropométricas de cráneo humano, modelado tridimensional y progresión de fotografías para comparar con la base de datos de personas desaparecidas no había sido implementado por falta de carga de información de otras instituciones: Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado y autoridades municipales.
En la comisión de Puebla, el órgano fiscalizador reportó una situación similar: en mayo de 2022, comprobó que desde el año anterior un vehículo equipado, una unidad de apoyo de procesamiento de fosas y una miniexcavadora se encontraban resguardados sin uso.
Al no proporcionar evidencia de las bitácoras de uso de los vehículos, el organismo justificó que esto se debía a que no contaba con recursos suficientes para combustible, que supuestamente debían provenir de la coparticipación estatal.
En tanto, respecto a software y licencias que ya tenían instaladas, la comisión de Puebla informó que su uso para el análisis integral de geolocalización de personas desaparecidas dependía de la información (sábanas de datos) que la fiscalía del estado le llegara a compartir.
Además, la ASF halló un probable perjuicio a la hacienda federal por 3.5 millones de pesos porque el organismo estatal no presentó ninguna evidencia documental de una supuesta capacitación impartida en 217 municipios con mil 085 participantes.
Ante ello, como parte de su informe, el órgano fiscalizador recomendó a la CNB verificar que las comisiones locales cumplan con las obligaciones establecidas en los convenios donde se les asigna el subsidio y que informen sobre sus resultados.
Además, supervisar que dichos proyectos se evaluaron de forma trimestral y que las comisiones locales remitieron su informe final y acta de cierre con documentación probatoria, así como realizar visitas de inspección a cuando menos una selección de comisiones.
En el mismo año, la ASF también documentó que la CNB no acreditó que los servidores públicos que la integraron durante el ejercicio 2021 se encontraran certificados y especializados en búsqueda de personas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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