La asociación civil que interpuso el amparo que será analizado en la Suprema Corte quiere abrir la discusión de la laicidad del Gobierno de frente a decisiones como el uso de recursos públicos para colocar símbolos religiosos en espacios públicos.
El documento fue interpuesto por la asociación civil Kanan en contra del municipio yucateco de Chocholá, quien en el 2020 exhibió un nacimiento que fue adquirido con dinero del erario local. Las acciones del Gobierno municipal fueron señaladas por la organización por promover una religión –el catolicismo– por encima de otras, así como “hacer uso de edificios públicos para hacer manifestaciones de culto y manifestaciones religiosas personales” y la aplicación de recursos públicos, lo cual atentaría contra el Estado laico.
“Decidimos emplear un litigio estratégico cuestionando el tema de la laicidad del Estado frente a este tipo de decisiones [gubernamentales] y se nos hizo bastante accesible empezar esta discusión sobre algo que era aparentemente bastante claro, como el tema de los nacimientos de Jesucristo que es un símbolo de carácter católico y que ninguna otra religión realiza en México”, explicó Miguel Fernando Anguas Rosado, director de Kanan. “Decidimos utilizar esto para poner sobre la mesa la discusión sobre (…) [hacer uso de] un puesto de poder para difundir el Evangelio, o difundir mi propia religión que tengo en lo privado”.
En el contexto particular de Yucatán, que es donde se está poniendo en juicio el papel del Gobierno local en garantizar la laicidad del Estado, Anguas Rosado explicó que se han observado varias situaciones en las cuales el quehacer político, jurídico y legislativo está atravesado por ideas religiosas, con mayor énfasis en creencias de la iglesia católica, por lo que la asociación civil decidió abrir el debate y poner en la mira la relación Estado-religión a partir de un amparo sobre la colocación de un nacimiento con uso de fondos públicos.
“Buscamos que esto tenga un efecto generalizado en tener claridad sobre esta separación de iglesia-Estado, que es algo que está en la Constitución desde hace más de 100 años, pero que nunca –al menos en México– había existido un análisis judicial al respecto. Eso es el resultado general que queremos que exista, ese análisis, hacer que las personas sepan que es posible cuestionar a las autoridades por violar el Estado laico y que eso a su vez genera implicaciones en las libertades religiosas de quienes no se sienten identificados con la religión, que por ejemplo en este caso es la católica”, profundizó.
El semanario de la iglesia católica, Desde la Fe, publicó el pasado 30 de octubre un artículo editorial en el cual aseguró que la libertad religiosa está en duda a raíz del amparo, puesto que: “[esta sentencia] podría repetirse, convirtiéndose en un precedente en la Justicia mexicana, y veríamos entonces que cualquier ciudadano que se sienta agraviado por los adornos tradicionales y culturales en México, termine retirándolos y prohibiéndolos por orden judicial en cualquier ciudad o población del país. Como podemos ver, el precedente sería negativo. El proyecto de sentencia dice que esta resolución se fundamente en la laicidad que debe ser respetada por los gobiernos de México; sin embargo, la interpretación que está haciendo este proyecto de sentencia sobre la laicidad, trata sobre una Laicidad Negativa, es decir, evitar que las religiones sean asunto público, reservarlas a lo privado, y por lo tanto, prohibir cada vez mas la manifestación pública de la fe”.
En este aspecto, Anguas Rosado señaló que se trata de una tergiversación de la información, ya que el proyecto de sentencia que preparó el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá únicamente prohibiría que las autoridades coloquen símbolos religiosos en espacios públicos y que no se utilicen recursos públicos a este fin, pero no así a particulares, quienes podrían continuar teniendo manifestaciones públicas y abiertas de su fe de acuerdo con la legislación aplicable en la materia, como en el caso de procesiones y peregrinaciones.
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Para el académico Roberto Blancarte, investigador asociado del Grupo de Sociología de Religiones y de la Laicidad (GSRL) la Soborna en París, el amparo dejará en claro que los funcionarios públicos no deben de mezclar sus convicciones religiosas con su quehacer en la política, puesto que ya la Constitución ya establece que el Estado no debe de promover ninguna religión específica.
“Nosotros estamos acostumbrados con una mayoría católica –y más todavía una mayoría católica-cristiana– a que las instituciones públicas apoyen, o incluso ellos mismos establezcan símbolos religiosos, porque les parece que eso es lo que la mayoría quiere; sin embargo, no se dan cuenta que al hacer eso –aunque sea de una mayoría– están promoviendo un símbolo religioso, están promoviendo una religión en particular, y se supone que nuestro país es un país con una pluralidad religiosa importante, y que no todo mundo (…) está de acuerdo en que los símbolos religiosos ocupen los lugares públicos”, expuso.
Esto implicaría que se discrimina a las personas que profesan una religión distinta, o quienes no comparten esta fe ni la exposición de símbolos religiosos en espacios públicos.
“Nosotros estamos demasiado acostumbrados a que están todos los símbolos religiosos y nos parece lo natural, pero la verdad de las cosas es que que se utilice dinero público para promover una religión –cualquiera que sea, aún sea mayoritaria– no es correcto en términos ni jurídicos ni en términos de igualdad o lo que tenga que ver con la no discriminación hacia cualquier tipo de creencias o de minorías religiosas o de concepciones filosóficas”, ahondó el sociólogo.
Con respecto a cómo este debate también trastoca la mezcla entre religión y cultura, como es el caso de los altares por el Día de Muertos, el académico consideró que existen manifestaciones que son más culturales que religiosas, por lo que es necesario establecer matices y distinciones de qué tradiciones promueven una religión específica y están más vinculadas a una institución religiosa.
Por su parte, el antropólogo Elio Masferrer recordó que la Suprema Corte ha tenido un papel de defensor de derechos individuales, de tal manera que se garantice, por ejemplo, que dos personas del mismo sexo se puedan casar por el registro civil independientemente de convicciones religiosas e ideologías particulares, por lo que las instituciones religiosas y sus seguidores deberían de respetar los derechos de los demás, particularmente de minorías religiosas.
“No es que le prohíban a los católicos [colocar nacimientos o símbolos religiosos], no afecta a la libertad religiosa de las personas, sino lo que se está planteando es que no se pueden destinar fondos públicos, que es otra cosa”, detalló. “El asunto está en la tensión entre lo que es la cultura, las tradiciones culturales y la tradición religiosa de las personas que practican otra religión que no es el catolicismo, y está perfectamente garantizado por la ley que no se puede discriminar a ninguna religión ni se puede prohibir ninguna religión en el territorio mexicano”.
En este aspecto cultural, consideró que el amparo es “ingenioso” y “creativo” porque pone en relieve los cambios culturales que existen en México en materia religiosa. De acuerdo con las últimas cifras del Censo Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 90 millones 224 mil 559 personas con más de cinco años de edad, de un total de 126 millones que viven en México, profesan la religión católica; es decir, el 71.59 por ciento. En tanto, el restante 28.41 por ciento tiene una religión distinta o no tiene ninguna.
“En definitiva, vamos hacia una sociedad más secularizada que exige respeto a las distintas ideas religiosas y filosóficas. Los distintos grupos que no coinciden con la religión mayoritaria desarrollan estrategias para hacerse visibles, hacerse oír, y exigir a la mayoría que respete a la minoría. En ese sentido, es un desafío para construir una sociedad tolerante”.
AUTOR: TAMARA MARES RIVERA.
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