Luego de casi dos meses de protesta, las estudiantes dijeron que además tienen un pliego petitorio que el gobierno estatal firmó en 2019 que hasta la fecha no ha sido cubierto en su totalidad.
En un escrito, recordaron que, desde el 28 de septiembre, tanto el gobierno federal como el estatal suspendieron las mesas de diálogo que sostenían con la representación estudiantil.
“... En lugar de prestarse al diálogo y resolver las múltiples problemáticas que nos aquejan como institución, han orquestado una estrategia para dividir y confrontar a las alumnas, a través del ofrecimiento de plazas laborales y otros favores”, denuncian.
Además de esto, indican se ha usado la fuerza policial, les han retirado la ración alimenticia, el gas del comedor y han ejercido presión académica.
En ese sentido acusan que el 3 de noviembre, las autoridades usaron a un grupo minoritario de estudiantes y a personas ajenas a la institución para apropiarse de las instalaciones de la Normal.
No obstante, agregan, el 4 de noviembre, las estudiantes en protesta con el apoyo de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, recuperaron el plantel.
Ese mismo día en la mañana, las estudiantes denunciaron que autoridades federales desplegaron un operativo con la intención de reprimirlas cuando se encontraban realizando un bloqueo en el Eje Central a la altura de Bellas Artes en la Ciudad de México.
Ese día retornaron a Teteles de Ávila Castillo luego de que la Secretaría de Educación del Estado de Puebla (SEPP) había dado por hecho que estaba resuelto el conflicto y reanudarían las actividades académicas después de casi dos meses de estar tomadas las instalaciones.
En un comunicado, el gobierno de Puebla acusó que al regresar de la Ciudad de México, el grupo de normalistas apoyados con estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, volvieron a tomar el plantel educativo y las acusaron “de ejercer prácticas de hostigamiento y violencia en contra de compañeras que solo buscan concluir su preparación profesional”.
Las estudiantes en protesta aseguraron que el gobierno del estado ya ha tomado el conflicto como un “asunto personal” en contra del consejo estudiantil y a favor de directivos de la institución.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
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