Reunidos por Reporteros Sin Fronteras (RSF), adoptaron 10 compromisos para que los ataques no queden sin respuesta penal y llaman a sus colegas a actuar contra la impunidad. La organización ha auspiciado este Llamamiento internacional para hacer saber a los fiscales que se enfrentan a situaciones difíciles que no están solos y, a las víctimas, que pueden lograr justicia.
De acuerdo con datos de RSF, desde 2010 han ocurrido más de mil asesinatos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en el mundo; tan solo este año, 50 comunicadores fueron asesinados por "causa o en el ejercicio de su labor periodística".
En México, 88% de las investigaciones sobre asesinatos de periodistas no llegan a ningún resultado, y los autores intelectuales de esos crímenes casi nunca son condenados.
En Filipinas, los principales responsables de la masacre de 32 periodistas en 2009 siguen en libertad. Los autores intelectuales de los asesinatos de Norbert Zongo en Burkina Faso, en 1998; de Anna Politkóvskaya en Rusia, en 2006, o de Gauri Lankesh en India, en 2017, entre muchos otros, siguen sin ser castigados por la imperdonable dejadez, cuando no por el encubrimiento, de las autoridades.
“Las trabas a la acción de los fiscales son frecuentes en sumarios sensibles que afectan a temas de gran interés público. Es habitual descubrir, como sucede en México, que el vínculo entre el asesinato y la actividad periodística de la víctima nunca ha sido objeto de una investigación seria. Los fiscales deben poder investigar sin arriesgar su propia vida, la de su familia, o su carrera", dijo Antoine Bernard, director de Incidencia y Asistencia de RSF.
"Dejar sin condena el asesinato de un periodista es banalizar el crimen, incitar a que se vuelva a cometer, amenazar al conjunto de los periodistas. Asesinar a un periodista es atentar contra el derecho a la información de poblaciones enteras, es reducir la capacidad de los ciudadanos para formarse una opinión y decidir libremente, es agredir directamente al corazón de los derechos humanos", señala el pronunciamiento.
Los primeros firmantes del Llamamiento son Laura Borbolla, exfiscal de la Fiscalía Especial para la Atención de Violaciones a la Libertad de Expresión (FEADLE) de México, entre 2012 y 2015, ejerce actualmente como fiscal en México; Raquel Dodge es la antigua fiscal general de la República en Brasil, cargo que desempeñó entre septiembre de 2017 y septiembre de 2019. Es conocida por su trabajo contra la corrupción, el crimen organizado y los derechos humanos.
Matus Harkabus es fiscal de la Fiscalía Especial de Eslovaquia y actualmente trabaja en la unidad que se ocupa del crimen organizado, el terrorismo y los delitos extremistas; Pascal Kake es actualmente fiscal del tribunal de Mahagi (Ituri, República Democrática del Congo), donde han sido asesinados ocho periodistas en los últimos diez años.
También Lord Ken Macdonald KC es el antiguo director del Ministerio Público (Director of Public Prosecution, DPP) de Inglaterra y Gales y jefe de la Fiscalía de la Corona; Predrag Milovanovic es actualmente fiscal adjunto principal de la Fiscalía de Serbia. Solicitó y logró la condena en primera instancia, durante el juicio de 2021, del autor intelectual del incendio provocado en la casa del periodista Milan Jovanovic en 2018.
Finalmente Charden Bédié Ngoto es fiscal de la República en la República del Congo (Brazzaville), en Dolisie, la tercera ciudad del país y Hussein Thomasi es Procurador General (Solicitor General) de Gambia, desde diciembre de 2020.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO HERNÁNDEZ LÓPEZ.
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