Durante una conferencia de prensa este lunes, Ciria Hernández, madre de Keren, denunció las irregularidades en el caso y exigió justicia.
El 11 de diciembre de 2015, miembros de la policía federal y de la policía de Tlaxcala detuvieron sin una orden a Keren Ordónez, de entonces 19 años, junto con su hija a quien había dado a luz un mes antes, y a su entonces pareja, y la acusaron de supuestamente participar en un secuestro.
La joven originaria de Xalapa, Veracruz, fue separada de su hija, golpeada y asfixiada, afirmó en la conferencia Neftalí Pérez, abogado del Centro Prodh. La tortura se encuentra acreditada por un dictamen médico con base a los Protocolos de Estambul, aclaró el defensor, mientras que Keren ha denunciado estos actos anteriormente.
Asimismo, Ordóñez fue trasladada a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), donde permaneció incomunicada durante 4 horas, fue sometida a tortura y un interrogatorio, al tiempo que la amenazaron con hacerle daño a su bebé, e incluso desaparecerla, ya que no contaba aún con un acta de nacimiento por su corta edad.
Más tarde, fue llevada a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE), donde fue obligada a firmar una declaración ministerial autoincriminatoria sin que las pudiera leer, relató Pérez, al tiempo que denunció que se trató de una prueba fabricada.
En ella, se le responsabilizaba de un secuestro realizando labores de cuidado acontecido al interior de la casa donde se encontraba su ex pareja.
Por su parte, el Ministerio Público instruyó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familia de Tlaxcala, mejor conocido como DIF, que recogiera a la bebé, sin dar previo aviso a sus familiares o a las autoridades correspondientes de Veracruz.
De acuerdo con el abogado, sus familiares permanecieron 12 días sin saber su paradero, hasta que lograron su restitución.
A su vez, Keren fue trasladada al penal de Apizaco y sentenciada a 50 años, tras recibir una defensa pública “inadecuada”, subrayó Neftalí Perez.
Aunque su ex pareja y padre de su hija, también fue detenido y procesado junto con Keren por el mismo secuestro, recuperó su libertad en 2019, tras cumplir una condena de cinco años de prisión.
En 2021 le fue concedido a Karen un amparo directo, por lo que el proceso se encuentra abierto actualmente. Sin embargo, este no es relativo a las violaciones a derechos humanos cometidas, entre las que se encuentra retención ilegal, tortura y detención arbitraria, sino para añadir mayores pruebas al expediente, explicó el abogado.
Melissa Zamora, del Centro Prodh, recalcó que el caso es representativo de las realidades que viven las mujeres privadas de su libertad, así como de un sistema de justicia desigual y discriminatorio.
Reiteró que las autoridades han sido omisas de la vulnerabilidad que vivía Keren al momento de su detención, ya que era una madre joven con un recién nacido, que no contaba con apoyo para la manutención de su hija. Esto, apuntó, la colocó en el lugar de la detención cuando ocurrieron los hechos, ya que había sido citada por su expareja para recibir los recursos económicos necesarios.
Melissa Zamora subrayó que su expareja recibió una condena de 4 años, misma que ya compurgó y actualmente se encuentra en libertad, lo que muestra la desigualdad y discriminación por razones de género.
Por último, anunció que el caso de Keren se sumaría a la campaña del Centro llamada Rompiendo el silencio, diseñada por las Mujeres de Atenco, que recoge 29 casos.
La campaña busca visibilizar y combatir la tortura sexual y por razones de género en contra mujeres que son atacadas y/o detenidas por agentes policiales o castrenses, así como evidenciar que se comete con diferentes objetivos, como represión, intimidación, humillación y generación de pruebas inculpatorias, entre otros.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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