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La de Colima, aunque a finales de 2021 fue reportada por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU como unipersonal, para este año ya cuenta con tres personas encargadas de buscar a 962 desaparecidos.
En algunas comisiones, la información reportada por la CNB sobre sus estructuras es contradictoria respecto de lo que ellas mismas registran en sus diagnósticos más recientes para acceder al subsidio federal de 2022. En la mayoría de los casos, esto se debe a que dependen de empleados temporales, cuya contratación está sujeta, a su vez, a obtener el recurso federal; por ello, vuelven a incorporarse a sus labores hasta que pasan los primeros cinco o seis meses del año.
En otros casos, sin contar con empleados temporales, solo cuatro personas buscan a 4 mil 259 desaparecidas, como pasa en Michoacán, o a mil 128, como pasa en Nayarit. En Sonora, solo tres funcionarios buscan a 4 mil 249 desaparecidos, según lo reportado por la comisión estatal en su diagnóstico de este año, obtenido a través de una solicitud de información. Mientras tanto, en San Luis Potosí, 35 personas buscan a 568, pero en Quintana Roo apenas seis buscan a 565 y en Durango seis buscan a 707.
Otros estados, aun con una estructura más amplia, enfrentan panoramas más adversos: en Baja California, donde se alcanza un registro de mil 265 personas desaparecidas, hay dos empleados fijos en la comisión, frente a 18 temporales que dependen de la obtención de recursos. Además, este organismo pasó de tener 25 personas en 2021 —ya con las temporales— a 20 en 2022.
La comisión de Tamaulipas, entidad con 11 mil 065 personas desaparecidas, tiene una estructura de 14 integrantes, mientras que la CDMX, que ya acumula 3 mil 636 desaparecidos, trabaja con 11 funcionarios en 2022. Incluso algunas de las comisiones más grandes, como la del Estado de México, conformada por 76 miembros, aseguran que sus recursos son insuficientes y no cuentan con la capacitación necesaria.
“La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México es una de las CLB con mayor número de personal y se ha procurado la contratación de personas con perfiles acordes a las funciones que llevan a cabo. No obstante, se requiere de especialización tanto del personal en el área de búsqueda de gabinete, como en búsqueda de campo. Aunado a esto, pese a tener el mayor número de personal, este es insuficiente para atender la problemática que aqueja a todo el territorio estatal en relación con el número de casos de desaparición que son reportados”, se lee en el diagnóstico presentado por la entidad ante la CNB este año.
La comisión de Chiapas, donde hasta ahora hay un registro de mil personas desaparecidas, cuenta con nueve empleados fijos y cinco temporales, y plantea un escenario mucho más difícil. El organismo asegura que tiene 13 equipos básicos de cómputo con internet, tres impresoras y una copiadora, pero no con los consumibles ni la papelería necesaria; de los recursos para la operación de las actividades de la comisión, como los viáticos para acciones de búsqueda, señala que son escasos porque el presupuesto asignado es insuficiente. Sin embargo, en 2021, esa comisión devolvió poco más de 6 millones de los más de 8 que le habían sido otorgados.
“Los materiales utilizados en algunos de los casos fueron comprados con recurso del personal que labora en la comisión para realizar las funciones mínimas requeridas, incluyendo el servicio de limpieza, lo cual minimiza las capacidades operativas de la comisión, no solo por el reducido número de personal, sino por las limitaciones técnicas y de recursos para la realización de las funciones encomendadas”, señala su diagnóstico.
En Chihuahua, donde la comisión cuenta con 20 personas, de las cuales nueve son agentes estatales de investigación y siete agentes del Ministerio Público, el organismo reconoce que su personal no tiene certificación en materia de búsqueda de personas ni una especialización respecto del Protocolo Homologado de Búsqueda y el Protocolo Adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes.
Para el organismo de Michoacán, sus recursos son insuficientes ante las necesidades crecientes de contexto local. Además, plantea la necesidad de mejorar el equipamiento de sus áreas para la búsqueda, el panteón y el laboratorio de identificación forense, así como la ampliación de la capacidad de procesamiento de la información para generar análisis de contexto, patrones de desaparición y registro de seguimiento de caso, según informa en su diagnóstico para 2022.
Los documentos presentados por las comisiones de Sonora y Zacatecas dejan ver dependencia de contrataciones eventuales. La primera explica: “A la fecha en esta comisión se encuentran únicamente tres personas laborando, y se están haciendo las gestiones pertinentes para que el personal que se encontraba por honorarios se reintegre a la brevedad, así como también se ha solicitado se dote a esta comisión de más personal”.
En tanto, la comisión de Zacatecas asegura que tiene abogados, criminólogos, arqueólogos, antropólogos, trabajadores sociales, ingenieros en sistemas y expertos en la materia de ciencias forenses, pero depende de eventuales “para dar mejores resultados”.
La comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, reconoce que la falta de personal sigue siendo uno de los mayores problemas de las comisiones estatales. Sin embargo, afirma que el personal no puede depender únicamente del subsidio federal que reciben los estados, sino que la coparticipación estatal también debe servir para su contratación.
“El personal no puede depender solo de la parte que le corresponde a los estados de los subsidios; tendrían que tener personal contratado y sumarlo mediante la coparticipación estatal del 10%. Luego hay muchos reclamos a principios de año que preguntan a qué hora van a caer los subsidios para que puedan contratar a las personas de las comisiones, cuando eso lo permitimos nosotros para incentivar que haya gente, pero en realidad mantener una estructura le corresponde a las entidades. No puede depender la operación de eso”, señaló.
Además, detalló que, para la construcción de los próximos lineamientos, se está buscando la manera de que las comisiones locales no puedan adquirir una mayor cantidad de bienes que el personal que tienen para operarlos.
El informe del CED de la ONU sobre su última visita a México advierte que, aunque la creación de todas las comisiones ha sido un paso importante, “muy pocas cuentan con recursos humanos y materiales suficientes para su operación, y algunas son unipersonales”.
“Tanto el gobierno federal, a través de la CNB, como el Sistema Nacional de Búsqueda, han reiterado a las y los gobernadores de las entidades federativas su obligación en la construcción, fortalecimiento y mantenimiento de las comisiones locales de búsqueda”.
La Ley General y la vigilancia ciudadana
La Ley General sobre desaparición de personas establece que las comisiones nacional y locales deben contar, como mínimo, con un grupo especializado de búsqueda, un área de análisis de contexto y un área de gestión y procesamiento de información, además de la estructura necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
El artículo 62 especifica que estos organismos también deben tener consejos estatales ciudadanos que funjan como órganos de consulta. En respuesta a solicitudes de información a las comisiones, solo ocho pudieron dar cuenta de la instalación y conformación de su consejo ciudadano: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla y Zacatecas. Sin embargo, Coahuila, con un consejo de 16 personas instalado desde 2019, afirmó que “hasta el momento no ha sido consultado para ninguna acción”.
Los consejos ciudadanos deben tener una participación de equilibrio, y sobre todo de vigilancia y retroalimentación, para verificar que las comisiones estén funcionando como se espera desde la sociedad y el gobierno, sostiene Édgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Esa complementariedad implica no solo que estén instalados, sino dotarles de infraestructura segura para sesionar. Chávez dice que esto ayuda a la ciudadanía a saber que tiene una comisión, cómo funciona, qué atribuciones tiene y qué pueden hacer las personas en caso de tener a un familiar desaparecido.
“Se supone que somos los aliados, en este caso, los consejos estatales o las personas que estamos acompañando, o que hacemos este ejercicio también de acompañamiento de las autoridades, y aliados de las víctimas, porque están ahí para ver que realmente funcione o dotar de información de por dónde no se está buscando o algo no se está haciendo bien”, afirma.
Aunque 21 comisiones estatales refirieron el número de personas destinadas a los grupos especializados de búsqueda, Durango no solo indicó que su consejo ciudadano no se ha conformado, sino que además no tiene grupo especializado y, por ello, no le aplicaba reportar ninguna acción de búsqueda.
En tanto, la comisión de Puebla señaló que no cuenta con personal específico para el grupo especializado de búsqueda, sino que en cada acción se despliegan brigadas que varían en número de personas. Jalisco y Zacatecas reservaron el nombre de los servidores públicos que conforman ese grupo, alegando razones de seguridad, pero el segundo sí reveló la identidad de sus consejeros ciudadanos.
En cada comisión, el número de acciones de búsqueda puede variar de las 12 que realizó Tabasco en 2021 o las 16 de Colima en 2022 a las más de mil que reporta Puebla en 2021 y 2022. Únicamente 17 entidades dieron cuenta de las acciones de búsqueda que han realizado los últimos cuatro años.
Jalisco —que ocupa hoy el primer lugar en número de desaparecidos— informó que no cuenta con esa estadística, Aguascalientes señaló que no era posible referir esas acciones, Guerrero que no cuenta con la información porque sus bases de datos están en proceso de conformación, y Quintana Roo la reservó argumentando que están relacionadas con actos de investigación.
Las organizaciones también asumen costos y trabajo de búsqueda
Los micrositios Desaparecer en Baja California, impulsado por Elementa DDHH, y Tus Derechos, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD), son dos ejemplos de iniciativas de la sociedad civil ante los vacíos en la información y el trabajo de las autoridades, además del desorden y precariedad con el que operan las comisiones.
El primero es un proyecto que reúne información sobre desapariciones en Baja California, definido como un espacio “vivo” con actualizaciones constantes para la construcción de memoria colectiva, mientras que el segundo está destinado a dar información sobre los derechos que tienen, dónde exigirlos y qué trámites pueden realizar las víctimas o familiares en casos de desaparición de personas y tortura.
Renata Demichelis, de Elementa DDHH, relata que cuando llegaron a trabajar en Baja California, en 2019, se encontraron con una entidad en la que no existía documentación sobre el fenómeno y que, además, está muy alejada de los debates del centro del país, no forma parte de los focos de atención y ha enfrentado abandono.
Ante el cobijo de un discurso que minimizaba la inseguridad en el estado, particularmente en Tijuana, y sin información confiable, se acababa de adoptar la Ley de Víctimas y se había lanzado la primera convocatoria para ocupar la titularidad de la comisión de búsqueda. Apenas se empezaban a crear las instituciones que supuestamente darían solución y atención a la crisis.
“Nos dimos a la tarea, primero, de intentar llenar esos vacíos de información, nadie sabía cuántas personas había desaparecidas en Baja California; y segundo, empezar a hacer este seguimiento institucional: cómo se empezaban a configurar, velar para que, si no había ley local, por lo menos se siguieran los objetivos de la Ley General, etcétera. Así es como surge el proyecto, que en su momento implicaba buscar información y no quitar el dedo del renglón sobre cómo se iban a ir configurando las nuevas instituciones”, explica Demichelis.
Con el tiempo y el acompañamiento a colectivos, también fueron detectando las realidades a las que se enfrentaban constantemente las familias, y que tampoco estaban documentadas. Finalmente, después de tres años buscaron la mejor manera de darle salida a toda la información, y Desaparecer en Baja California se convirtió en una herramienta útil para diversos actores, que además abre con el contraste de las cifras reportadas por la fiscalía del estado entre 2007 y 2021 —más de 14 mil personas desaparecidas— y las que alberga el RNPDNO, apenas mil 154.
“Hemos visto un montón de discrepancias, y estamos todavía trabajando en las hipótesis, pero sabemos, porque el fiscal lo declaró, que están haciendo una reclasificación de las carpetas, no sabemos bien en qué consiste, pero en los últimos registros, valga la redundancia, y es parte de los fenómenos de doble y triple desaparición, desaparecen carpetas, nos reportan menos y sabemos que no es que estén encontrando a las personas o que se estén identificando restos; esa ha sido una consecuencia de publicar la información”, asegura la activista.
Con este proyecto, han descubierto también que no hay una documentación adecuada de los reportes que le llegan directamente a la comisión, y por eso ni siquiera es una fuente para el micrositio. De ese organismo, han percibido opacidad absoluta, que es una combinación que surge desde el desconocimiento de la ley hasta la posición deliberada de no querer rendir cuentas. A esto se le suma una forma de actuar reactiva a las solicitudes de los colectivos.
“Se sientan y esperan a que los colectivos les digan ‘necesito ir a este punto de búsqueda y necesito que me acompañes y necesito que vengas conmigo’, prácticamente la comisión no hace su chamba si no es porque los colectivos se la piden. Otro factor gravísimo es los perfiles; operan con poco presupuesto y poco personal; entonces, son realmente contratos temporales, de tres meses, que es problemático en sí, pero además no cumplen con los perfiles para ocupar esos cargos”, añade.
Al oeste del país, ante un contexto de impunidad —hasta hoy se han emitido solo 36 sentencias por el delito de desaparición a nivel nacional—, y particularmente en Jalisco, el CEPAD ha percibido que las respuestas de las autoridades no han ayudado a la garantías de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral.
Ante ello, las familias se acercaban con frecuencia a la organización para saber sus derechos, consultar qué hacer ante una desaparición, qué autoridades existen, cuáles son sus funciones y qué acciones pueden emprender. No había respuesta, lo que condujo a la construcción del micrositio Tus derechos, para brindar información a las víctimas y fortalecer sus conocimientos para que de manera segura y autónoma sepan los procedimientos ante las autoridades y tengan claridad en sus diligencias.
“Hemos visto, en muchas ocasiones, una situación de capacidad rebasada ante el contexto y ha sido una saturación en cuanto a ese dolor, ese sufrimiento de las víctimas y esa falta de información y falta de orientación de qué deben hacer. Tratamos de juntar nuestros conocimientos, nuestras experiencias, y en conjunto y construyendo estas herramientas con las familias, pensar qué pudiera realmente servir para responder a sus necesidades”, explica Anna Karolina Chimiak, de CEPAD.
Creada en 2018, la comisión de Jalisco fue una de las primeras ante la publicación de la Ley General, pero también como respuesta a una fuerte exigencia de los familiares de personas desaparecidas, recuerda la activista. Al inicio fue sumamente débil, con apenas una a tres personas empleadas. Con los años, ha crecido y empezado a conformar las áreas que mandata la ley, más una de atención que contempla la ley local.
“El área de búsqueda es una de las que más se trató de reforzar porque estuvieron muy presentes las prácticas más enfocadas en el gabinete, mediante oficios, y ante la constante exigencia de operativizar las acciones de búsqueda en campo, fue una de las apuestas reforzar esa área, igual que la de gestión y procesamiento de información, que ha trabajado en los datos de personas desaparecidas. Sin embargo, uno de los grandes pendientes es la creación del registro estatal de personas desaparecidas, que tiene ya un año de incumplimiento”, asegura.
Además, para el área de análisis de contexto no se dio la misma intención de fortalecerla, en parte porque la comisión estatal no cuenta con reglamento interno y no ha podido generar más plazas, según ha sabido CEPAD. Otro pendiente es la presencia efectiva de psicólogos para la atención a víctimas y acompañamiento en los operativos de búsqueda.
Pese a las intenciones de fortalecimiento que la comisión ha expresado a la asociación, es uno de los estados que desde 2019 ha devuelto montos significativos del subsidio federal: 5 millones 700 mil de los 9 millones 600 mil que recibió en 2019, 7 millones 300 mil de los más de 17 que recibió en 2020 y poco más de 12 de 33 millones que le fueron otorgados en 2021. Con una estructura de 45 personas, aseguró en respuesta a una solicitud de información que no cuenta con listado ni estadísticas de sus búsquedas de campo.
Édgar Chávez subraya su preocupación de que en México sigan sin existir los mecanismos de seguimiento necesarios cuando no hay un familiar que pueda buscar a las personas desaparecidas. Cuando hay una investigación y nadie que dé seguimiento, las carpetas sencillamente se cierran. Particularmente, en las desapariciones que vienen de décadas atrás, por edad o por salud, es posible que la familia ya no pueda salir a buscar o a revisar la carpeta de investigación, si es que la hay.
“Hay varias cosas que tenemos que repensar en este país; lamentablemente, se nos están acumulando, y yo creo que algo importante y reiterativo en las familias como una exigencia es la no repetición. Si no hacemos un antes y un después de lo que tenemos en este momento, va a ser un acumulativo por décadas, y entonces, vamos a seguir buscando a personas nuevas, y a otras y a otras, y es un ciclo sin fin”, concluye.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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