Frente a la situación, activistas señalan que la garantía del derecho al aborto en el estado es un avance importante, pero advierten que derogar la causal de violación —hasta ahora se desconoce si por una acción voluntaria o involuntaria— constituye un retroceso en materia de derechos humanos y de los derechos de las víctimas de violencia sexual.
Además, la definición de aborto, tal como quedó en el Código Penal, establece que será delito después de la semana 12, y conserva penas de prisión en esos casos para las mujeres y las personas que les asistan, lo que impacta al personal de salud. Solo se podrá acceder al aborto después de ese periodo, según la publicación oficial de las reformas al artículo 97, por las causales de aborto espontáneo, alteraciones genéticas o congénitas graves o peligro de muerte de la madre.
“Es una historia agridulce; la catalogaría así porque tiene sus cosas positivas y negativas. Sí nos debemos alegrar porque ya es un derecho en Quintana Roo abortar hasta la semana 12 de gestación. Cualquier mujer o persona con capacidad de gestar (incluidas en la legislación) o que esté gestando, que quiera un aborto, va a poder hacerlo sin riesgo de criminalización, y ya hay una obligación por parte de la Secretaría de Salud estatal para brindar esos servicios”, señala Ninde MolRe, coordinadora de incidencia de AbortistasMx.
Aunque con deficiencias, la iniciativa estaba bien elaborada, explica la activista; sin embargo, la sesión se desarrolló en la madrugada, por lo que se leyó la exposición de motivos pero no el articulado. Parecía ser el mismo proyecto pero en el decreto final el articulado es diferente al de la iniciativa original. La gobernadora Mara Lezama contaba con 10 días para vetarla parcialmente, pero el viernes 28 por la mañana se publicó en el Periódico Oficial con la causal de violación derogada.
“A la luz de la NOM 046, de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya han hablado de que no se puede poner un plazo y una limitante, de alguna forma sí están volviendo a poner ese plazo, además de un tema de criminalización, porque si abortas autoprocuradamente en casa y es por violación, podrían criminalizarte si es que eres denunciada”, dice MolRe.
Ahora, las opciones son que en el Congreso se presente una nueva iniciativa solo con la adición de la causal de violación o que, dentro de 30 días naturales, se interponga una acción de inconstitucionalidad por parte de las fiscalías o comisiones de Derechos Humanos estatales o nacionales, que tendría que esperar a la resolución de la Corte.
“Es muy importante recordarle a la población que la NOM 046 es la norma obligatoria para víctimas de violencia sexual para todos los servicios de salud del sistema nacional. ¿Qué pasa en Quintana Roo? Si se acerca una víctima de violación, tienen que brindar el servicio porque la NOM 046 no establece un plazo y no requiere de una denuncia. Desde esa parte, sí está ya la obligación y la Corte ha resuelto cinco casos en específico sobre aborto por violación donde refuerza esta obligatoriedad”, subraya MolRe.
Un largo camino hacia la despenalización
Antes de que se aprobara la iniciativa que finalmente despenalizó el aborto en Quintana Roo, se habían presentado otras siete desde 2011, la última apenas el año pasado. La Legislatura anterior del Congreso local las rechazó y el discurso antiderechos prevaleció. En 2020, incluso hubo una toma del Congreso por parte de activistas, hasta que finalmente este año se encontró voluntad política.
“Fue realmente la voluntad legislativa de hacer las cosas, sobre todo cuando ya existen de por medio circunstancias tan importantes como la Suprema Corte de Justicia con todos sus criterios emitidos desde el año pasado; es cuando vemos las ganas de hacer las cosas y dejar de criminalizar a las mujeres y personas gestantes, sin dejar de lado esto de lo que nos enteramos hoy (la eliminación de la causal de violación). Esto dice mucho de la incidencia social que se ha hecho por parte de las colectivas, que es importantísimo de destacar”, asegura Celeste Patiña, vocera de REDefine Quintana Roo, red de activistas por los derechos sexuales del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).
Patiña considera que, a partir de ahora, hará falta mucha incidencia para garantizar el acceso, pues en los artículos transitorios de la reforma se contempla la obligatoriedad para la Secretaría de Salud local, pero es necesario seguir trabajando para que realmente suceda. Aunque la despenalización es un paso muy importante, en otros estados ya se han constatado las dificultades para aplicar los criterios en la práctica, dice.
“Lo vemos como seguir en la lucha; realmente la despenalización abre la luz en algunas cuestiones, pero también es ver más allá el fondo de toda esta estructura; realmente lo vemos como derribar una estructura sistémica, de bastantes años, en la cual tiene mucho que ver la criminalización, el negar derechos y necesidades de las mujeres y personas gestantes. Es largo y lo vemos en el sentido de seguir incidiendo, porque en papel se ve muy bien pero las realidades son otras”, señala Patiña.
MolRe acota que las reformas a la Ley de Salud no son forzosamente necesarias. Quintana Roo podría replicar el caso de Veracruz, que reformó el Código Penal pero no la Ley de Salud, y posteriormente el gobernador Cuitláhuac García emitió lineamientos para el aborto seguro en su estado. De la misma manera, en este mes se publicó la actualización de los lineamientos de aborto seguro a nivel nacional de la Secretaría de Salud, que deberían servir como base y orientación a los servicios de salud en la entidad.
Pascale Brennan, oficial de incidencia del programa REDefine del ILSB, reafirma que los retos ahora son la implementación y la garantía del aborto como servicio de salud. Quintana Roo ya es parte de la estrategia nacional que impulsa en todos los estados los servicios de aborto seguro por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Quintana Roo ya cuenta con dos servicios.
Brennan recuerda que 2018 marca el primer momento en el que se empezaron a ver los resultados de los movimientos de mujeres a favor del derecho a decidir, cuando tomaron fuerza en Argentina, y a partir de 2019 en diversos estados de México comienza a materializarse la despenalización; solo las reformas de la Ciudad de México eran anteriores a este año.
REDefine tiene presencia de activistas en 12 estados y en todos ellos han podido constatar un cambio en el contexto. Ejemplo de ello, dice, es Puebla, una entidad sumamente conservadora, pero que tiene un movimiento activista a favor del derecho a decidir muy fuerte y articulado. Ahí también se han presentado varias iniciativas que llegaron incluso a una toma del Congreso.
“Desde los feminismos vemos que el movimiento social que creció y creció es lo que dio el marco para que puedan suceder estos cambios políticos y legislativos, una presión por parte de la sociedad civil, un movimiento en las calles, escuelas y universidades; en las casas se habla cada vez más de aborto, el estigma se va reduciendo, no es tan tabú como como lo era. Sigue siendo, existen muchos retos en cuanto a lo que llamamos la despenalización social, pero el contexto ha cambiado muchísimo gracias a ese movimiento”, concluye la activista.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario