La reciente liberación de un regidor electo y dos personas más –acusadas del homicidio del periodista Jacinto Romero en Ixtaczoquitlán–, así como la excarcelación de la exdiputada federal del PRD Norma Azucena Rodríguez, vinculada con el homicidio del candidato Nicanor Martínez, en Tihuatlán, evidencian las fallas en la integración de las carpetas de investigación.
Los jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación han otorgado amparos para dar la libertad a los imputados, revelando un patrón común de la Fiscalía y la policía estatal: las pruebas están sustentadas en declaraciones de testigos protegidos o en dichos de terceras personas que no llegan a concretarse como prueba sólida para demostrar la culpabilidad; y los informes policiacos están basados en hechos que no se pueden comprobar.
Gobierno incapaz
Desde la llegada de Cuitláhuac García al gobierno, en diciembre de 2018, más de 25 políticos, exfuncionarios y líderes opositores han sido encarcelados, primero por ultrajes a la autoridad –delito derogado por inconstitucional el 28 de febrero pasado– y luego por otras acusaciones. Abogados veracruzanos señalan en entrevista que la situación es grave, porque el sistema de justicia es utilizado para venganzas políticas y la Fiscalía basa las detenciones en la fabricación de pruebas respaldadas por la policía estatal.
“Son investigaciones hechas por encargo sólo para afectar al personaje político, no hacen nada para integrar carpetas de investigación, porque sólo hay el interés de frenar alguna aspiración política; saben que los procesos se van a caer cuando lleguen con un juzgado federal, pero mientras, cumplen el cometido de paralizar al opositor”, advierte el penalista Felipe de Jesús Fernández Basilio.
Sobre el trabajo de la Fiscalía veracruzana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en agosto pasado cuando felicitó a la fiscal por la captura y vinculación a proceso de Yessenia “N”, presunta autora intelectual del homicidio de siete miembros de su familia en Boca del Río. Entonces dijo que Hernández Giadans ha demostrado con hechos que una mujer en esta responsabilidad puede dar excelentes resultados.
Pero lo plasmado por jueces federales en sentencias de amparo en al menos una docena de detenciones –analizadas para este reportaje– revelan cuestionables resultados del trabajo de la Fiscalía. Según los jueces, algunas acusaciones carecen de coherencia y racionalidad.
Apenas en septiembre, de gira por Veracruz, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, tachó al gobierno de Veracruz de ser la expresión más clara de represión política y de cómo se persigue a los opositores; “se les quiere aplastar a través del uso de las instituciones y del Ministerio Público, quieren acabar con la oposición y quitar de en medio toda competencia que ponga en riesgo la gubernatura para 2024”.
Y es que durante el actual gobierno se ha encarcelado a varios militantes de ese partido, como Rogelio Franco, exsecretario de gobierno y candidato plurinominal a la diputación federal; Gregorio Gómez, candidato en Tihuatlán; Nicolás Ruiz, candidato en Minatitlán, y Norma Azucena Rodríguez, diputada federal.
Nueve meses después de llegar al gobierno, García logró destituir al fiscal Jorge Winckler, vinculado al gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, y en su lugar impuso a Verónica Hernández, quien era directora jurídica en la Secretaría de Gobierno. Al final, Winckler corrió la misma suerte que el exfiscal Luis Ángel Bravo: fue encarcelado en julio pasado por el delito de desaparición forzada y enviado al penal de máxima seguridad en Almoloya.
Las pifias
Las sentencias de jueces de distrito que han sido ratificadas por magistrados de tribunales colegiados señalan las deficiencias en las carpetas de investigación.
Es el caso de Roberto Trinidad –regidor electo de Morena en Ixtaczoquitlán–, Casto Emilio y Ana Laura Rosas Rodríguez, detenidos en noviembre de 2021 por el homicidio del periodista Jacinto Romero, asesinado el 19 de agosto de 2021 en Ixtaczoquitlán, en la zona centro de Veracruz. El juez de distrito consideró que los hechos que refirió la Fiscalía en su argumentación no tenían conexión racional con la conclusión que emitió de ordenar su prisión.
La Fiscalía acusó a Trinidad de amenazar al periodista, mientras que Casto Emilio y Ana Laura fueron imputados por estar cerca del lugar de los hechos y presuntamente ayudar al homicidio. En la sentencia de amparo que les dio la libertad en octubre pasado y que fue ratificada por el Segundo Tribunal Colegiado, el juez de distrito estimó que los datos de prueba aportados por la Fiscalía eran insuficientes.
El juez detalló que no se comprueban las amenazas de Roberto Trinidad González Cruz contra el periodista ni su participación en el crimen. Sobre Casto Emilio Hernández y Ana Laura Rosas Rodríguez, señaló que no se acreditó su participación sólo por estar cerca del lugar del asesinato.
Apenas unos días después, el mismo Tribunal Colegiado dio la libertad a la exdiputada federal de PRD Norma Azucena Rodríguez y a Ethel Margarita Martínez –secretaria particular– detenidas en septiembre de 2021 y acusadas del homicidio de Nicanor Martínez Olguín, entonces candidato suplente de Morena a la alcaldía de Tihuatlán, en el norte de Veracruz, el 30 de junio de ese año.
Unos meses antes, el candidato del PRD a la presidencia municipal de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez –entonces pareja de la diputada Norma Azucena– fue detenido por elementos de la Policía Ministerial.
La Fiscalía señaló que tenía datos de prueba para considerar que Rodríguez era enemiga de Nicanor, pues había sido su pareja y pudo haber preparado, operado o ayudado a los autores materiales, primero buscándolos, luego entregándoles dinero así como un vehículo y armas. Las pruebas se basaban en el testimonio de un testigo protegido que escuchó comentar que la diputada y otra persona habían dado facilidades para cometer el asesinato.
El juez de distrito dijo que esos datos de prueba no eran idóneos ni arrojaban indicios que permitieran sostener una participación directa, y determinó que las pruebas eran meras especulaciones que no se sustentaban.
Nicolás Baltazar, quien fue abogado de Pasiano Rueda, actual alcalde del municipio de Jesús Carranza –encarcelado nueve meses por ultrajes a la autoridad, portación ilegal de arma y narcomenudeo–, advierte que las acusaciones que la Fiscalía presenta ante los jueces son señalamientos de testigos que en muchas ocasiones son los propios policías.
Pasiano Rueda, del Partido del Trabajo, fue encarcelado para impedirle participar en las nuevas elecciones del municipio celebradas en marzo de 2022, en las que finalmente resultó ganador.
Cuando fue detenido –en octubre de 2021–, los policías asentaron en el informe que portaba un arma de fuego sin permiso, que al intentar subirlo a la patrulla amenazó a los elementos policiacos y que al revisar su mochila hallaron 10 bolsas de polvo blanco, “al parecer cocaína”, con la leyenda “Veracruz 2020 CJNG” y 10 bolsas de hierba verde, al parecer mariguana.
Pero la fiscalía no pudo comprobar ante un juez federal que la detención hubiera sido legal, pues no existía flagrancia en narcomenudeo o delitos contra la salud. Los informes periciales –que llegaron tarde– permitieron saber que el polvo blanco no era cocaína, sino benzocaína, usada como anestésico.
“Pasiano cuenta que cuando fue llevado al Ministerio Público vio cuando los policías llenaban las bolsitas de polvo y ponían las leyendas, obviamente con la intención de encarcelarlo”, narra el abogado.
Otro de los casos más polémicos es el de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado y cercano colaborador del senador y aspirante presidencial Ricardo Monreal, que pasó seis meses en el penal de Pacho Viejo, Coatepec, acusado de ser autor intelectual del homicidio del candidato de Movimiento Ciudadano en Cazones de Herrera, Remigio Tovar (Proceso 2365).
Su liberación se logró con el voto unánime de magistrados del primer Tribunal Colegiado en materia penal del séptimo circuito, quienes determinaron que no existía ninguna prueba directa que acreditara su participación en el homicidio.
Otro caso es el del exsecretario de Gobierno Rogelio Franco Castán y candidato a la diputación federal del PRD, quien fue detenido en marzo de 2021 por el delito de ultrajes a la autoridad, por agredir a un oficial de policía.
Franco Castán era señalado por violencia familiar, pero como tenía un amparo fue acusado de ultrajes. Tras la derogación de ese delito, la Fiscalía le sumó dos acusaciones más, la primera por presunta extorsión y abuso de autoridad contra el exsecretario de seguridad Pública Arturo Bermúdez y la segunda por peculado equiparado, porque durante su encargo como secretario de Gobierno, en 2018 autorizó la presunta contratación ilegal de la empresa AV Real State LCC de Estados Unidos para recuperar bienes comprados por exfuncionarios duartistas en Texas.
Según esta acusación, todo ello tenía el propósito de promover la imagen del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, entonces candidato a la gubernatura. Franco ha ganado varios amparos para desestimar las acusaciones en su contra.
Luis Enrique González Lira, abogado de Franco, advierte que una de las principales fallas de la Fiscalía es que hay una insuficiente e ineficiente investigación. “La investigación tendrá que ser tan fuerte y sólida para soportar la embestida de juicios de amparo, pero la Fiscalía integra carpetas de manera rápida sin una línea de investigación, con datos de prueba aislados que al final no se sustentan”.
A su consideración, se juega con la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. “En lo que se resuelven los amparos y las revisiones, la persona puede perder hasta nueve meses o un año tras las rejas”.
Las irregularidades de la Fiscalía han sido tema a nivel nacional. En la reciente comparecencia en el Senado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el senador Julen Rementería le pidió revisar el caso del panista Tito Delfín Cano., quien era candidato a la dirigencia del PAN cuando fue detenido, el 27 de noviembre de 2021, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude.
El juez de control le dictó prisión preventiva oficiosa de seis meses por la contratación ilegal de una empresa que construiría una planta de tratamiento de aguas residuales en 2012, cuando era alcalde de Tierra Blanca.
La irregularidad, que tiene más de 10 años, no fue denunciada en su momento por el Órgano de Fiscalización Superior; en mayo, cuando se cumplió su sentencia, el juez de control intentó ampliar la prisión preventiva otros seis meses, pero un juez federal determinó que esa intención era contraria a los principios constitucionales y vulneraba los derechos a la libertad y la presunción de inocencia de Delfín.
Pero Tito no alcanzó a salir de prisión. Ese mismo día le notificaron una nueva orden de aprehensión, esta vez por el manejo irregular de la basura en el relleno sanitario cuando era alcalde.
Caso emblemático
Para el abogado Nicolás Baltazar, presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana del Colegio de Abogados, el caso más emblemático del modus operandi de las autoridades para la violación de derechos humanos es el caso de seis jóvenes acusado de ultrajes a la autoridad por agredir con arma blanca a policías, en septiembre de 2021.
Baltazar se reunió con un equipo para analizar los expedientes de ultrajes a la autoridad, convocado para la fallida comisión del Senado que investigó las violaciones a derechos humanos en Veracruz. Recordó que en los videos que mostró la defensa se comprobó que los jóvenes no agredieron con ningún arma y quedó claro que los policías mintieron.
Sobre el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo la recomendación 140/2021, mediante la cual pidió investigar a los policías que fabricaron el delito y a los ministeriales de la Fiscalía que lo llevaron a audiencia. “Pero a la fecha no sabemos si hay una investigación. Es de terror ver cómo la policía se dedica a fabricar pruebas para encarcelarlos. Por eso decimos que el estado de derecho en Veracruz está quebrado”, señala.
La premura para dar resultados en justicia y resolver en tiempo récord casos de alto impacto ha hecho que la Fiscalía cometa errores garrafales. Como en el caso de la detención, en mayo pasado, de Jesús N, a quien la Fiscalía identificó como El Mara, presunto responsable del delito de homicidio doloso en agravio de la directora del portal El Veraz, Yessenia Mollinedo Falconi, y la reportera Sheila Johana García Olivera.
Luego de las manifestaciones de familiares del joven, la Fiscalía corrigió la plana y reconoció su equivocación: Jesús N era en realidad un universitario, homónimo del verdadero delincuente que aún sigue prófugo de la justicia.
Otro caso grave de violación a derechos humanos es el de July Raquel Flores, sentenciada a 60 años de prisión por participar en el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez, en junio de 2020 en Xalapa.
July Raquel denunció que durante su traslado de la Ciudad de México a Veracruz fue víctima de tortura y de agresiones sexuales por parte de agentes de la Fiscalía de Veracruz. La CNDH acreditó las denuncias de tortura y violación sexual, pero la Fiscalía General del estado y el gobierno de García rechazaron la recomendación.
Las diferencias de criterios entre la Fiscalía de Veracruz y los jueces federales han abierto un debate en el que incluso el gobernador acusó a los jueces de liberar delincuentes “con argumentos vagos y sin tomar en cuenta las pruebas de la Fiscalía”, mientras que la presidenta del Tribunal de Justicia de Veracruz, Isabel Romero, consideró que los jueces federales tienen criterios “raros” y son demasiado legalistas y garantistas al momento de emitir amparos, por lo que algunos casos se vienen abajo.
Reportaje publicado el 30 de octubre en la edición 2400 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.
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