“Se trata de un condominio de interés social construido a principios del siglo XX, que está catalogado como patrimonio artístico y que se encuentra habitado por personas de bajos recursos, entre ellos, varios adultos mayores y madres solteras que son propietarios gracias a que adquirieron un espacio con un programa del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo)”, explica R, vecino del inmueble, quien prefiere mantener su identidad en el anonimato por miedo a represalias.
En 2020, uno de estos departamentos fue vendido a una persona ajena a estas familias beneficiadas por el Fonhapo. Actualmente se oferta a través de la plataforma de Airbnb, lo que ha causado molestia entre los condóminos, por la entrada de desconocidos al edificio y porque el nuevo dueño colocó cámaras de seguridad en áreas comunes.
“El asunto es que, además, el dueño es una persona que le ha dado por amedrentar a los vecinos con el argumento de que viene de una familia de empresarios con mucho dinero, y todo lo quiere arreglar así. Cuando se dio el reclamo colectivo por las cámaras que instaló —que apuntan al patio central y los pasillos del condominio— iniciamos un proceso de conciliación ante la Procuraduría Social (Prosoc), pero él no se presentó y los aparatos de videovigilancia siguen ahí”, señala R.
Además de las quejas por la instalación de las cámaras, R menciona que el dueño del departamento realizó remodelaciones al inmueble sin contar con los permisos de Bellas Artes, hecho por el que se le denunció ante las instancias correspondientes y lo multaron. Después de esto, la relación con él se volvió más hostil, y cada que hay algún reclamo por las incomodidades, responde a los inconformes que hablen con sus abogados.
J, vecina de Dr. Atl 269 desde hace 44 años —y quien también pidió anonimato por miedo a represalias—, es otra de las residentes molestas con las modificaciones que ha realizado el dueño del departamento que ahora aloja a turistas. “Como mujer me siento acosada, porque hasta antes de la llegada de esta persona, nuestro edificio era muy seguro, pero ahora me siento vigilada, y como madre y abuela de mujeres no me parece que un desconocido nos esté grabando quién sabe para qué”.
“Los turistas entran y salen, pero son completamente desconocidos, y él como dueño no está, además que nunca informó formalmente a la administración que estaba rentando el espacio. Todo esto ha causado problemas de convivencia y de confianza entre los vecinos”, comenta J.
También para H, otra vecina que pide mantener su nombre oculto, las cámaras resultan invasivas, lo que la ha llevado a prohibirle a su hijo salir al patio a jugar, además de que —dice— teme por su seguridad a causa de las personas desconocidas que llegan como huéspedes. Al igual que los otros vecinos, señala que quejarse ante las autoridades no sirve de nada, y solo ha incrementado la tensión con el dueño del Airbnb.
“Es muy prepotente, la verdad yo sí temo porque algún día me haga algo, o que utilice de forma indebida los videos de mi hijo o los otros niños que juegan en el patio. Nos sentimos muy inseguros porque cada ocho días, por lo menos, entra y sale gente extraña, y pues cualquier situación que se presente, ni el dueño ni la empresa de hospedaje se van a hacer cargo”, lamenta.
Un negocio subsidiado por los contribuyentes
De acuerdo con el sitio web del Fonhapo, a través del Programa de Apoyo a la Vivienda, el gobierno federal “otorga subsidios a los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea del bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda”, mediante los cuales obtienen subsidios, como es el caso del pago del predial y del agua.
A través de este fondo fue que los vecinos de Dr. Atl 269 pudieron comprar los departamentos en los que varias familias han vivido por generaciones. R explica que “aunque la arquitectura es de lujo, es una vecindad popular adquirida a través de programas de vivienda social, como está establecido en las escrituras de cada departamento”.
“Esta vecindad en algún momento de la historia fue de un solo dueño, pero los inquilinos lo compraron por medio de este crédito y se estableció el régimen de condominio de interés social para gente de bajos recursos. No está bien que como contribuyentes estemos pagando para que algunos le saquen ganancias, porque quienes vivimos acá somos personas que, aunque en algunos casos tenemos educación de nivel superior, vivimos con salarios precarios. Me da coraje que se exotice la vida popular desde una actitud tan clasista y conflictiva”, reclama R.
“Está mal lo que está haciendo, porque los contribuyentes son quienes están subsidiando un Airbnb, cuando este dinero tendría que ir para el apoyo de personas de bajos recursos, de personas que realmente necesiten vivir en un espacio así como esta vecindad, y no sacando mil 300 pesos por noche para alojar a quién sabe quién”, agrega.
En la plataforma, este alojamiento se oferta con la promesa de “vivir una verdadera experiencia mexicana. Recién remodelado con arquitectura porfiriana se encuentra en un edificio de más de 150 años de antigüedad, ubicado en el corazón del barrio Santa María la Ribera, en donde viven artistas y todavía se respira un ambiente local y auténtico”.
Desde que se dio el anuncio de la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, sobre el convenio suscrito por la Ciudad de México con Airbnb y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), académicos, activistas y vecinos de diferentes colonias han advertido que el crecimiento de la empresa de hospedajes en la capital ha provocado el encarecimiento de la vivienda y la expulsión de inquilinos porque los departamentos donde rentan van a ser convertidos en alojamientos de corta estancia.
En algunos casos, como el de los vecinos del edificio Vizcaya, ubicado en la avenida Bucareli, los propietarios se han organizado para no permitir que los departamentos sean alquilados a turistas. En otros, los inquilinos no han corrido con la misma suerte, como ocurrió en el edificio Victoria, en la calle de López, donde los dueños ya les advirtieron que deben desalojar el inmueble, porque de ahora en adelante se va a rentar a través de Airbnb.
En Dr. Atl 269, R y J señalan que la lucha de vecinos organizados continuará para buscar que el anfitrión del Airbnb, al menos, acceda a quitar las cámaras de seguridad —aunque es uno de los elementos con los que se promociona— y a integrarse a los canales de comunicación entre inquilinos, para que puedan mejorar la convivencia y la confianza. Más no pueden hacer, ya que nada prohíbe que este espacio de interés social pueda ser alquilado.
H no está segura de si se quedará para luchar por un buen ambiente vecinal y mayor seguridad en el condominio. Con sentimientos encontrados, entre coraje y tristeza, cuenta que está considerando mudarse para otro sitio donde no tenga que lidiar con molestias, aunque sabe que eso implica ceder a las presiones del dueño del Airbnb, que —según lo que les ha comentado— espera hacerse de más departamentos para incluirlos en la plataforma.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
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