“Una cosa es la protesta social y otra apoderarse del espacio de los oaxaqueños”, afirmó el secretario general de Gobierno, Jesús Romero López, al precisar que solo10 familias triquis fueron desalojadas porque con el pretexto de ser desplazadas convirtieron el Palacio de Gobierno en un mercado del comercio informal.
Efectivamente, en el ocaso del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, se registró una escalada de violencia en el que nombraron municipio autónomo a San Juan Copala, lo que generó conflictos entre el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), el independiente (MULTI) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), lo que motivó al desplazamiento forzado de decenas de familias triquis.
Fueron 135 indígenas triquis beneficiados con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se instalaron en plantón frente al Palacio de Gobierno. De los beneficiarios de medidas solo quedan cinco personas.
Romero López reveló que muchos de los actores han recibido durante más de una década mas más de 70 millones de pesos, en acciones de viviendas, apoyos alimentarios, vehículos y se han negado a retornar a sus comunidades so pretexto de la violencia.
Ese grupo de desplazados triquis se pelearon y hasta las familias se separaron para tener su propia parcela de poder. Actualmente operan cuatro grupos el de Lorena Merino, Reyna Martínez Flores, Sergia Martínez y otro que ni siquiera es desplazado.
El gobierno del estado y municipal informaron que, de manera conjunta, realizaron acciones de verificación del comercio informal en la vía pública, con la finalidad de recuperar después de 12 años el Zócalo Capitalino y los Portales del Palacio de Gobierno, y con ello garantizar el derecho al libre tránsito de todas las personas.
Esta acción se llevó a cabo después de haber agotado las instancias de diálogo, en las que se invitó al comercio irregular a retirarse de este espacio público, ofreciéndoles alternativas de reubicación para la comercialización de sus productos, además de atender y canalizar de manera efectiva las exigencias que originaron su llegada a este espacio y su permanencia.
Los cuerpos de seguridad pública que intervinieron no portaban ningún tipo de armas, de lo cual se dio fe pública.
En la estrategia de recuperación intervinieron los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal en coordinación de los órganos autónomos como lo son la Fiscalía General del Estado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y el Sistema Estatal DIF, destacando que en todo momento se privilegió el diálogo.
Además, se garantizó el respeto de los derechos humanos y salvaguardó la integridad de las personas que ocupaban el espacio público, cumpliéndose los protocolos para la protección en especial de la niñez, mujeres y adultos mayores.
Esta acción, explicaron, responde a una postura clara: los espacios públicos son de todas y todos, especialmente el Zócalo, que representa un escenario de encuentro familiar, cultural, social, político y de libre manifestación consagrado en nuestra Constitución.
El secretario general de Gobierno, explicó que se buscó a todas las organizaciones incluyendo las de desplazamiento, víctimas y desaparecidos para realizar una reunión de paz y justica el próximo 15 de diciembre para revisar la agenda de derechos humanos.
Sin embargo, los cuatro grupos de triquis que lo integran 10 familias e instalaron 26 locales se negaron y ante su cerrazón, el presidente municipal, Francisco Martínez Neri y el gobernador Salomón Jara tomaron el acuerdo legal donde solicitaron el apoyo de inspectores para retirar los enseres en palacio y la lateral.
Para ello, se “pidió la fuerza pública y el operativo duró seis horas, de la una de madrugada a las seis de la mañana.
Reconoció que hubo situaciones medianamente tensas porque los triquis golpearon a los estibadores e inspectores que retiraron sus puestos.
En el desarrollo del operativo, hubo algunas familias que prefirieron que las llevaron a sus domicilios ubicados en Atzompa, la colonia Gómez Sandoval, Mexicapam y Xoxocotlán.
En el operativo se localizaron enervantes y bebidas adulteradas, así como un espacio como “picadero”.
Al final se estableció un perímetro de seguridad, se realizó la limpieza del Palacio, el Zócalo y la Alameda.
Finalmente, destacó que existe un documento emitido, desde 2013, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que se niega a 135 personas Triquis de Oaxaca ampliar “medidas cautelares” para exhortar al Estado Mexicano” para venta de artesanías en corredores de Palacio de Gobierno de Oaxaca.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
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