Los dos también forman parte de la estadística de más de 90% de casos impunes en México, pues aunque interpusieron sendas denuncias contra sus agresores en la Fiscalía General de la República (FGR), sus carpetas de investigación fueron cerradas tras declararse el no ejercicio de la acción penal.
Ambas fueron determinaciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), autoridad adscrita a la FGR en la que se iniciaron las carpetas.
De acuerdo con periodistas víctimas y organizaciones que defienden la libertad de expresión, la fiscalía implementa esta y otras resoluciones de manera recurrente con el propósito de cerrar casos de violaciones contra la prensa, aunque existan elementos para continuar con las investigaciones.
Después de una petición de acceso a la información en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la FEADLE entregó las estadísticas sobre el número de carpetas cerradas, determinación (resolución) que acordó y delito denunciado en cada caso. Son investigaciones concluidas de 2016 y hasta mediados de 2022.
En el análisis efectuado se encontró que el no ejercicio de la acción penal y la incompetencia externa son las dos figuras más empleadas por la fiscalía para cerrar?carpetas.
De un total de 352 expedientes concluidos, en 162 se determinó el no ejercicio de la acción penal. Es decir, la FEADLE resolvió que no podía continuar con las investigaciones por alguna de las nueve causales de sobreseimiento previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Algunas de las causales que, bajo su criterio, acuerda la FEADLE, son: el hecho no se cometió o no es delito, la inocencia del imputado es clara o está exento de responsabilidad penal, no se cuenta con los elementos suficientes para una acusación o la extinción de la acción penal (se agotó el tiempo).
Por otro lado, 148 carpetas se cerraron por incompetencia externa. Quiere decir que la fiscalía concluyó que los presuntos delitos debían ser investigados por el Ministerio Público local.
Ambas determinaciones suman 88% de las carpetas cerradas. Otros expedientes se concluyeron por acuerdo reparatorio (25 casos), abstención de investigar (10) e incompetencia interna (siete).
“La actuación de la FEADLE se engloba dentro del problema estructural y sistémico de la impunidad en México”, sentencia Luis Eduardo Knapp, coordinador de defensa de la oficina en México de Artículo 19, la organización internacional de en pro la libertad de expresión.
Especifica que “en ciertos casos, con expediente en mano, observamos tendencias preocupantes en las que hay mala actuación de la fiscalía especial. Advertimos que las investigaciones no debieron concluirse, que pudieron hacerse más esfuerzos para conseguir que los delitos no quedaran impunes”. A la FEADLE, agrega, le resulta más fácil decretar el cierre de las carpetas.
Organizaciones internacionales en defensa de la libertad de expresión consideran a México un país que, sin tener un conflicto bélico declarado, es el más peligroso para ejercer el periodismo: al menos 17 periodistas han sido asesinados en el país en 2022 y un total de 157 del año 2000 a la fecha, de acuerdo con un recuento realizado por Artículo 19.
Esa organización reportó que en el primer semestre de este año se atacó a un informador cada 14 horas en promedio. El caso más reciente –y uno de los más mediáticos– fue el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva la noche del pasado jueves 15: dos personas en una motocicleta le dispararon mientras conducía su camioneta, cuyo blindaje le salvó la vida.
Amenazas, la constante
El delito de amenazas contra periodistas tiene el mayor registro en el número total de indagatorias iniciadas por la FEADLE de 2010 a 2022: con 727 casos de un total de mil 575, de acuerdo con el último reporte estadístico de la fiscalía, de octubre último.
La información entregada vía transparencia revela que las amenazas son el delito que más se repite en los 352 expedientes concluidos, con 198 registros. Le siguen abuso de autoridad (con 35), homicidio (29), robo (24), lesiones (17), privación de la libertad (12), daño en propiedad privada (12), tentativa de homicidio (siete) y otros.
Además, 121 carpetas cerradas bajo la determinación de no ejercicio de la acción penal se iniciaron por amenazas.
Uno de esos casos desestimados es el de la periodista Yanely Fuentes. En febrero de 2019, acompañada legalmente por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), denunció ante la fiscalía especial las agresiones y amenazas que comenzaron desde 2017 por parte de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), una consecuencia de su trabajo publicado en el periódico local Diario Alternativo, que fundó y en el que documentó acusaciones de tortura de presos en las cárceles de ese grupo que asegura ser de autodefensa.
La UPOEG, respaldada por la Ley 701 de Guerrero, que otorga autonomía a los pueblos originarios, creó una policía comunitaria, como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que también intimidó a Fuentes después de que ella informó sobre supuestas prácticas similares a las de la UPOEG. La periodista relaciona a ambos grupos armados con el crimen organizado.
Las amenazas de la UPOEG se extendieron al periódico. El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), otorgó medidas de protección a Fuentes, a Antonio Julián Chepe, director del diario, y a un voceador. Ella narra que la CRAC lanzó una orden para aprehenderla a principios de julio de 2019. Huyó de la Costa Chica y desde hace más de tres años no ha podido regresar.
La FEADLE abrió la carpeta de investigación por los delitos de amenazas y abuso de autoridad. Aunque Fuentes presentó sus publicaciones periodísticas y los videos de las agresiones, se decretó el no ejercicio de la acción penal, según el acuerdo que forma parte de la investigación FED/SDHPDSC/UNAI- GRO/0000117/2019, con fecha 3 de marzo de 2020.
La FEADLE desechó primero el delito de abuso de autoridad con el argumento de que la UPOEG no pertenece a algún cuerpo de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, aunque la periodista advierte que, en su declaración, no mencionó que sus agresores fueran funcionarios, sino un grupo armado.
En segundo lugar, porque, después de interrogar a la mamá de la periodista y de que un testigo se declarara indispuesto, la fiscalía especial argumentó que no existían evidencias de las amenazas. Los presuntos agresores, sin embargo, no fueron investigados, tal como puede constatarse en el expediente del acuerdo.
“Las amenazas eran graves, pero la FEADLE dijo que (investigarlas) no era de su competencia, que no se habían registrado durante el desarrollo de mi ejercicio periodístico, porque no estaba en cobertura”, rememora la periodista.
El asesor jurídico de la CEAV, Óscar Adán Hernández, impugnó ante un juez la determinación de no ejercicio de la acción penal. Argumentó que la FEADLE no realizó una investigación exhaustiva. El procedimiento fue desechado a mediados de este año porque la impugnación se inició a destiempo.
En el caso de Ezequiel Flores, “según nuestra valoración tras revisar el expediente, la fiscalía pudo hacer más, pero no fue así”, determina Luis Eduardo Knapp, de Artículo 19.
En abril de 2020 Flores fue forzado a desplazarse tras ser amenazado de muerte por el grupo armado que se ostenta con el nombre de Policía Comunitaria General Heliodoro Castillo. La intimidación fue respuesta a su trabajo como corresponsal de Proceso en Guerrero.
En septiembre pasado, este semanario (edición número 2394) informó que Flores interpuso una denuncia ante la FEADLE, por la cual se inició una carpeta de investigación por amenazas de muerte.
La misma fiscalía señaló, en el oficio 086/2021 del 30 de noviembre de 2021, que las publicaciones periodísticas del corresponsal afectaron a grupos paramilitares. El viernes 2 de septiembre, el agente del Ministerio Público federal adscrito a la FEADLE, José Eduardo Limón Camacho, determinó el no ejercicio de la acción penal “por prescripción”, de acuerdo con la indagatoria que forma parte de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEADLE-GRO/307/2020.
Consultado por la situación actual de su caso, el periodista, que recibe medidas del Mecanismo de Protección, informó que “se impugnó la resolución (de la FEADLE) y la decisión de revertir o confirmar es de una juez federal”.
Mientras las carpetas concluidas por no ejercicio de la acción penal suman 352, la FEADLE, en su informe de octubre pasado, reporta menos indagatorias en las que se ejerció la acción penal, con 227 casos desde 2016. Se acumulan, además, sólo 32 sentencias en una década.
Según los datos de la fiscalía, se cuentan mil 13 determinaciones del Ministerio Público desde 2016. Si son 352 carpetas concluidas, significa que en más de una tercera parte de sus resoluciones la FEADLE- optó por una resolución distinta a la judicialización: declaró el no ejercicio de la acción penal, se declaró incompetente u otra.
La organización Propuesta Cívica ha presentado juicios de amparo ante jueces federales contra las negativas de atracción de casos. Ha ganado cuatro: se ordenó a la FEADLE agotar todas las líneas de investigación e indagar la probable vinculación con el ejercicio de la libertad de expresión.
“Siguen las declaraciones de incompetencia. En algunos casos se generan análisis de contexto, se analiza la producción periodística de las víctimas, pero esto no se aplica siempre”, indica Sara Mendiola, directora ejecutiva Propuesta Cívica.
La FEADLE, agrega, registra pocos resultados. “Los autores intelectuales no se investigan. Faltan muchas mejoras: personal profesionalizado y recursos. Es algo inexplicable que, en el país más violento y mortífero contra la prensa, una fiscalía con ese perfil no sea fortalecida con recursos suficientes”.
Funcionarios y delincuentes, ¿los agresores?
La organización Reporteros sin Fronteras considera que este año es el “más mortífero jamás vivido por la profesión en el país” y que este drama exige acciones urgentes de las autoridades mexicanas.
En su último informe, sin embargo, la FEADLE registra sólo ocho sentencias por homicidio. En un caso, la pena fue de ocho años. “Sigue siendo parte de la cifra de 98% de impunidad”, exclama Luis Eduardo Knapp.
De acuerdo con la información proporcionada, la FEADLE ha concluido 29 investigaciones por homicidio tras determinar incompetencia externa, es decir, por considerar que correspondía investigar al Ministerio Público local.
Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2408 de la edición impresa de Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GUILLERMO RIVERA.
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