Michoacán, donde los cárteles mandan

Grupos delictivos controlan grandes porciones del presupuesto de los municipios michoacanos. Y aunque el gobernador Alfredo Ramírez desestimó las revelaciones de Guacamaya Leaks al respecto, lo confirman sacerdotes y funcionarios de los cabildos amenazados y desplazados, como los de Aguililla y Penjamillo. Esos ayuntamientos están sumidos en crisis a las que el gobierno estatal ofrece soluciones políticas sin tocar el problema de fondo: la infiltración de la delincuencia organizada.

Los municipios de Penjamillo y Aguililla se han convertido en ejemplo de los conflictos internos en ayuntamientos derivados de la infiltración de la delincuencia organizada en Michoacán durante las actuales administraciones federal y estatal, bajo las siglas de Morena.

En ambos municipios, los alcaldes electos en 2021 no están en funciones: en el primer caso, Gilberto Mejía Salgado, por desaparición antes de entrar en funciones; en el segundo, César Arturo Valencia Caballero, por homicidio, cuando ya ejercía el cargo.

En Penjamillo, el complicado trance derivado de la desaparición del alcalde electo y la situación de inseguridad y control por el crimen organizado tocó fondo en semanas recientes y derivó en un conflicto político que llevó al Congreso a designar, el miércoles 23, un concejo municipal.

El 20 de septiembre, horas después de que la mayoría del cabildo de Penjamillo rechazara aprobar la Ley de Ingresos para 2023 propuesta por la alcaldesa Xóchitl Kareli del Río Carranza, un comando de 15 hombres encapuchados irrumpió de noche en los domicilios de dos regidoras, sobajándolas junto con sus familiares, golpeándolas y amenazándolas. Les advirtieron que obedecieran a la alcaldesa por ser “la jefa”.

Ese mismo día desapareció Valentín Duarte Rivas, secretario municipal de Obras Públicas. La última vez que se le vio fue por la tarde, cuando abordó su auto a las afueras de la presidencia municipal.

En consecuencia, la síndica y cuatro regidoras huyeron de Penjamillo. Ya en Morelia presentaron denuncia ante la Fiscalía General del Estado, donde inicialmente no se les quiso recibir por corresponder a otra región, y después se argumentó que el asunto era competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Las cinco integrantes del cabildo solicitaron al Congreso local y al gobierno del estado interceder para que el Ejército o la Guardia Nacional les proveyeran protección por desconfiar de la Secretaría de Seguridad Pública, pero la respuesta de las autoridades castrenses fue negativa.

Veinte días después de su desplazamiento hicieron público su caso frente a la inacción de las autoridades. Fue la intervención del Instituto Electoral de Michoacán, tras la denuncia que promovieron por violencia política de género, la que propició que se les dotara de seguridad al dictar el 14 de octubre medidas de protección inmediatas.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2404 de la edición impresa de Proceso

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: PATRICIA MONREAL.

LINK: https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/11/30/michoacan-donde-los-carteles-mandan-297900.html