En entrevista con Proceso, la lideresa sindical asegura que la falta de solución en el conflicto los obligó a ratificar la queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), interpuesta en 2019 antes de estallar la huelga; además dice que recientemente solicitaron a la jefatura de la oficina en México del organismo internacional que sea facilitador del diálogo con el gobierno federal, debido a la falta de “voluntad política” para resolver sus demandas.
Además, con este movimiento de huelga, que se inició el 21 de febrero de 2020 por las múltiples inconformidades que generó la dirección de Sanjuana Martínez Montemayor, la administración obradorista ya tiene el récord del conflicto laboral más largo de su gobierno y el más extenso en un organismo público en la historia del país, ya que se trata de la agencia de noticias del Estado mexicano.
Por si fuera poco, dos de los aspirantes presidenciales, los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, son integrantes del órgano de gobierno de Notimex y, aunque podrían coadyuvar en la solución, nada han hecho.
Otro dato a destacar es que en medio de la llamada “austeridad republicana” del gobierno lopezobradorista, y pese a estar en huelga, la agencia de noticias recibe mayor presupuesto cada año.
“Oficialmente no genera información mediante los canales oficiales, pero hemos visto que, como parte de esa actuación ilegal, lo que hacen las personas que operan de forma ilegal es que, si pones en internet ‘conferencia mañanera’, va a aparecer que hay cinco o siete personas que son trabajadoras de la agencia (Notimex) y todos hacen un tuit referente a la información de la mañanera y en todos arroban a Notimex y a NotimexTV.
Hacen como campañas vía redes sociales. Y cuando hay un tema que a la directora le interesa difundir, esas mismas personas replican esa información en redes”, explica Urrea Torres.
Dos realidades
El 1 de mayo de 2019 el gobierno de López Obrador publicó el decreto de creación del “Nuevo Modelo Laboral”, basado en justicia, libertad y democracia laboral en México. Para el 7 de noviembre de ese mismo año publicó el Decreto Promulgatorio del Convenio 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los derechos de sindicación y de negociación colectiva.
El 15 de marzo de 2022 el Senado aprobó sumar a México a la ratificación del Convenio 190 del mismo organismo, con el cual se comprometió a erradicar la violencia y el acoso laboral. Sin embargo, aun cuando esas iniciativas pusieron a México como ejemplo en la escena mundial, Adriana Urrea, secretaria general del Sutnotimex, asegura:
Tenemos un gobierno que está firmando convenios y ratificando acuerdos de respeto a la libertad sindical y de asociación y contra el acoso laboral, pero tenemos en la agencia de noticias del Estado la violación absoluta de esos convenios y una dirección que va en contrasentido completamente de lo que el gobierno federal ha planteado a partir de la reforma laboral de 2019.”
Advierte que la negativa de la directora “y todas las acusaciones que ha venido haciendo contra el propio movimiento de huelga no sólo van contra los trabajadores y el sindicato, van contra el propio gobierno que ha promovido esas reformas y esos cambios en diversos aspectos en materia laboral y que, por la actuación de la directora, se echan para abajo”.
En un breve recuento de los hechos destacados en esos mil 10 días de huelga, Urrea asegura que el gobierno y la dirigencia de Notimex han atentado contra su representación sindical y le han propuesto eliminar su contrato colectivo de trabajo y su renuncia como condiciones para resolver la huelga, además de que la mayoría de sus trabajadores fueron despedidos por su actividad sindical y también han sufrido acoso laboral e intromisión en la vida sindical.
Por ejemplo, dice, a ella le abrieron tres carpetas de investigación: dos administrativas y una penal. Luego de pasar por audiencias y demás partes del proceso, las autoridades correspondientes resolvieron que no es culpable en dos de las acusaciones. En la tercera, que le imputa un supuesto desvío de 2 mil 400 pesos, se amparó y está en espera de la resolución. “Más allá de pagar esa cantidad, que podría ser baja, yo no cometí el delito”, asegura.
Largas de la autoridad
Urrea Torres recuerda que en mayo de 2021, tras una manifestación en Palacio Nacional, López Obrador pidió a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que interviniera para resolver el conflicto en Notimex con la ayuda de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el vocero presidencial, Jesús Ramírez.
Se hicieron mesas “de alto nivel” en las cuales hubo acuerdos importantes sobre sus peticiones: reconocimiento de bilateralidad, reconocimiento de la representación sindical, respeto al incremento salarial de los años que lleva la huelga, el pago de salarios caídos y el reconocimiento de los trabajadores activos en huelga, así como la reinstalación de todos los despedidos injustificadamente.
El punto que nos detuvo fue el de las reinstalaciones, porque la dirección (de la agencia de noticias) se opuso con el argumento de que estaba combatiendo la corrupción y que había denuncias en mi contra”, afirma.
Sánchez Cordero propuso convocar a la Junta de Gobierno para que, como órgano máximo de la agencia, tomara una decisión y se resolviera la huelga. Se hizo la convocatoria, pero nunca se concretó la reunión, con el argumento de que se había terminado el periodo de la presidencia a cargo de la SRE, o sea, de Marcelo Ebrard.
Hasta ahí llegó ese intento de solución, pese a que el Sutnotimex ya había ganado 42 demandas de reinstalación y a que en 90% de las demandas había un acuerdo.
En agosto de 2022, al cumplirse 900 días de huelga, el sindicato hizo otra manifestación y López Obrador ordenó que el nuevo titular de Segob, Adán Augusto López, retomara el asunto. “Me reuní con él, le comenté todo y le dije que una manera de resolver el conflicto es retomando los acuerdos que están en las actas de la secretaría con las mesas de alto nivel”, recuerda la sindicalista.
También le dijo que para entonces ya se habían detectado irregularidades de la agencia con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Servicio de Administración Tributaria, “donde ha habido movimiento de trabajadores activos o contrataciones de manera irregular o ilegal durante la huelga, y ha habido requerimientos por incumplimiento de pagos.
“Le dije: ‘Esto va más allá de un tema laboral porque estas cuestiones de irregularidades administrativas podrían significar un daño mayor al Estado’. Me dijo: ‘Bueno, sí, lo vemos’. Y nunca más me ha querido recibir.”
Con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, fiel promotora del nuevo modelo de justicia laboral, “tenemos pendiente que nos den fecha para reunirnos”, añade. Peor aún, detalla que han ido a más de 20 reuniones promovidas por esa dependencia, desde antes de estallar la huelga, “pero la gran ausente siempre ha sido la directora” (Sanjuana Martínez), y aunque manda representantes, éstos declaran al presentarse que no tienen poder de decisión.
El 16 de noviembre último, al cumplirse los mil días de huelga, el Sutnotimex acudió de nuevo a Palacio Nacional y propuso juntar a los titulares de la Segob y de la STPS con el vocero presidencial para retomar los acuerdos. “La nueva directora de Atención Ciudadana asumió el compromiso de planteárselo al presidente para ver de qué manera se procedía, pero hasta el día de hoy (martes 22) no he tenido comunicación”, lamenta.
Con estos antecedentes, Adriana Urrea explica que el órgano de gobierno de Notimex está formado por ocho integrantes, entre ellos, los titulares de Segob y SRE. Y lanza: “Si lo vemos en términos políticos, hoy tendríamos a dos de los candidatos expuestos, como parte de la cabeza en Notimex, que no quieren resolver el conflicto laboral más grande que ha tenido esta administración y el más largo en la historia de nuestro país en términos de un organismo público”.
Peor aún, añade, si se revisa el capítulo 23 del T-MEC, ratificado por Ebrard Casaubón, “todo lo que establece ese capítulo está completamente violado con la actuación de la dirección de Notimex, que se refleja en las demandas que son motivo de huelga”.
Presupuesto sin producción
En los cuatro años del sexenio de López Obrador la agencia Notimex ha trabajado de manera “normal” apenas 1.2 años, pues con el estallido de la huelga su producción noticiosa prácticamente se paró. Sin embargo, el organismo dirigido por Martínez no ha dejado de recibir presupuesto y, por el contrario, éste ha ido en aumento, ignorando el discurso de la “austeridad republicana”.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, para 2019 el Congreso de la Unión le asignó 209.1 millones de pesos, en 2020 fueron 220.5, en 2021 –bajo el contexto de la pandemia por covid-19– tuvo 218.5 millones de pesos y en 2022 ascendió a 228.1 millones de pesos.
Para 2023, año de elecciones en el Estado de México y Coahuila, los diputados federales le asignaron 237.6 millones de pesos, es decir, 9.5 millones más, lo que representa la cantidad más alta en lo que va del sexenio para ese organismo, pese a que lleva casi tres años en huelga.
En ese presupuesto se encuentra el salario de Martínez, que asciende a 130 mil 922 pesos brutos mensuales (90 mil 990 netos), de acuerdo con el portal de internet Nómina Transparente de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública.
Adriana Urrea, periodista especializada en temas financieros y empresariales, destaca que en el Informe de Austeridad Republicana de 2021, entregado por la dirección de Notimex, “dice que se destinó el gasto para una corresponsalía en Monterrey. La directora vive en Monterrey. ¿Por qué tendríamos que tener una corresponsalía en Monterrey cuando ni siquiera hay operaciones?
“Además, cuando ella llegó a la dirección, se cerraron todas las corresponsalías del país y ahora la única que reportan es una en Monterrey, casualmente.”
Asegura que durante la huelga la agencia, pese a estar cerrada, ha seguido con la contratación de sistemas informativos anuales y considera que con éstos “se contratan bots o personal para hacer campañas en redes sociales… Lo que tenemos como prueba es que se paga ese servicio informativo, que no tendría que hacerse, y eso está reportado en el Informe de Austeridad Republicana”.
Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2404 de la edición impresa de Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
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