A través de un documento entregado en la Misión Permanente de México ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, fechado el 22 de julio de este año, dado a conocer este jueves, luego de transcurridos los 60 días de plazo que se dio para la respuesta del Estado, los relatores retomaron información sobre el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, ocurrido el 20 de junio de 2022, atribuido a un grupo armado en Cerocahui, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.
Los relatores requirieron al Estado mexicano información sobre la existencia de denuncias de amenazas en contra de los sacerdotes antes de ser ultimados; si entre las líneas de investigación para identificar a los autores se consideró “la posible relación entre su asesinato y su trabajo a favor de los derechos humanos, así como las medidas que se han tomado para mantener a las familias de los defensores informadas sobre el progreso de la investigación", y si se está realizando “de conformidad con las normas internacionales pertinentes, en particular el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas”.
En el documento los expertos instaron al gobierno de López Obrador “a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades a las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, al tiempo que lo urgieron a tomar “medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber, ocurrido se repitan”.
Firman el escrito la relatora especial sobre la situación de defensores de derechos humanos, Mary Lawlor; el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, y el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay.
El 19 de septiembre de este año, la representación diplomática de México ante la ONU en Gienbra, notificó de la integración de la carpeta de investigación 65/2022/19 sobre los asesinatos de Mora Salazar, Campos Morales y Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, por los hechos ocurridos en Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua, lográndose la orden de aprehensión de dos presuntos responsables por parte de un juez de control.
Entre los detalles que la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua brindó, destaca que no se ha detenido a los imputados y que se continúa con la búsqueda de testigos.
La misma fiscalía informó que “al revisar los registros de los sistemas con que cuenta esa institución, no se localizaron denuncias y/o querellas por amenazas en contra de los referidos sacerdotes”, en tanto que el agente del Ministerio Público solicitó la colaboración de la Coordinación Estatal de la Unidad de Protección de Testigos y de Seguimiento a Casos de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas para proteger aun testigo protegido y su núcleo familiar.
El Estado mexicano refirió que hasta ahora la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Chihuahua “no ha podido tener contacto con los familiares” de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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