El primer pronunciamiento se dio por parte de la Red Jurídica de Universidades Públicas y donde participa la UNAM, la UAM, las universidades de Chiapas, Guanajuato, Baja California Sur, Guerrero, Nuevo León, entre otras; ahí reafirman su compromiso “con la defensa de la autonomía universitaria”.
Además, hicieron un exhorto al Congreso local para que reconsidere su decisión de llamar a comparecer al rector de la UABC y le pide que siga “velando desde su competencia por la defensa y respeto de la autonomía”.
La Red Jurídica de Universidades Públicas, conformada por los departamentos jurídicos de cada una de las casas de estudios, le recuerda al Congreso local que han sido justamente los legisladores quienes han dotado de autonomía a la UABC, pero, sobre todo, “han asegurado su defensa ante las tentaciones de intervención desde los poderes públicos”.
En medio de la elección del nuevo rector de la UABC, el Congreso de Baja California centró su atención en la máxima casa de estudios, primero con la intención de modificar la Ley General de la Universidad, le siguieron señalamientos en contra del rector y su familia, a quien involucró en la entrega de un contrato para la colocación de paneles solares en la universidad, lo cual fue rechazado por el mismo Valdez Delgadillo.
Le siguió el rechazo a la cuenta pública de 2019, a pesar de que la Auditoria Superior del Estado dio por solventadas sus observaciones, y finalmente con el acuerdo para que el rector comparezca ante el Congreso local y dé cuenta del uso de los recursos.
Hoy, además de la Red Jurídica de Universidades Públicas, el Consorcio de Universidades Mexicanas emitió un manifiesto dirigido al Congreso, a la sociedad en general y a la comunidad universitaria en particular, para llamar a respetar la autonomía universitaria, pero sobre todo a la Ley General de Educación Superior y a la Constitución Política, que son las leyes que amparan la misma.
El documento de cinco puntos destaca que existe por parte de los legisladores “un claro intento de intromisión que viola flagrantemente el principio de autogobierno”.
La agrupación de universidades que actualmente preside la Universidad Autónoma de Baja California, manifiesta “nuestra profunda preocupación por un intento más, desde el Poder Legislativo, de transgredir la autonomía universitaria"
Considera que el respeto al estado de derecho “sólo se fortalece cuando las instituciones, sin excepción alguna, respetan la ley de forma irrestricta”; antes, recuerda que la Ley General de Educación Superior y la Constitución Política, amparan dicha autonomía.
En el mismo sentido, la Red Jurídica de Universidades Públicas remite a Congreso a que lea “el artículo segundo de la Ley General de Educación Superior”, el cual establece:
“Artículo 2.- Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía contarán con todas las facultades y garantías institucionales que se establecen en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la normatividad que deriva de éstas y, en lo que resulte compatible, por las disposiciones de la presente Ley.
“Los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas, en todo momento, respetarán de manera irrestricta las facultades y garantías a las que se refiere el párrafo anterior, por lo que no podrán menoscabar la facultad y responsabilidad de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley de gobernarse a sí mismas; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; así como administrar su patrimonio.
“Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3o. constitucional.
“Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.”
La cita para comparecer es el 13 de diciembre, y dos días después se realizará la elección del nuevo rector entre 15 aspirantes que se inscribieron para sucederlo. Valdez Delgadillo entregará el cargo el 27 de enero del año 2023.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
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