Desde noviembre de 2022, los abogados del exfuncionario pidieron aplazar la audiencia intermedia para alcanzar un acuerdo reparatorio que le impida ir a juicio por las acusaciones que lo relacionan con la trama de corrupción de la constructora Odebrecht.
El exfuncionario compareció esta mañana ante el Juez de control Gerardo Genaro Alarcón López en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México. Al igual que en el proceso penal en su contra por la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados, sus abogados buscan evitar la audiencia intermedia porque significaría que Lozoya Austin sea juzgado por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.
En las audiencias intermedias un juez se encarga de valorar los datos con los que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR) y la persona acusada y define cuáles serán tomados como pruebas para el juicio oral. La FGR ha adelantado en audiencias previas que presentará los testimonios de exdirectivos de Odebrecht que conformarían la entrega de sobornos a Lozoya Austin.
Al igual que en el proceso por el caso Agronitrogenados, la defensa de Lozoya también pidió aplazar la audiencia 30 días –pero finalmente fue reprogramada para el 10 de marzo—con el argumento de que no han podido analizar todos los medios de prueba que la FGR ha incluido a la carpeta de investigación.
“Hay un CD que contiene diversos registros que nos facilitó la FGR, uno de ellos no se ha podido abrir”, dijo Ontiveros en entrevista con medios. Los abogados pidieron una prórroga de 30 días y finalmente la audiencia fue reprogramada para el 10 de marzo.
Durante la audiencia, Gilda Austin, madre de Lozoya Austin, quien también es investigada por este caso, pidió a Pemex que concrete un acuerdo porque ya ha estado detenida en Alemania y cumplió más de mil días en arraigo domiciliario, por lo que no ha podido ver a sus familiares. La mujer dijo confiar en el “sentido humano y de justicia” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en más de una ocasión ha dicho que la condición que pone su Gobierno para llegar a un convenio es la reparación del daño.
La mujer consideró que su hijo ha cumplido y no se ha negado a pagar la reparación del daño.
“[Ella] se dirigió al Juez, dijo que lo debido, lo que procede, es un acuerdo con las institucionesdel Estado mexicano. Ella manifestó que su hijo Emilio está dispuesto a reparar totalmenteel daño fijado por las instituciones del Estado y que ella confía, como también confiamos los defensores, en el Presidentede la República Andrés Manuel López Obrador”, expuso Miguel Ontiveros, abogado de quien fue coordinador internacional de la campaña para la Presidencia de Enrique Peña Nieto, al salir de los juzgados federales.
Desde el año pasado, el funcionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto había pedido posponer la audiencia intermedia ya que espera concretar un acuerdo reparatorio con autoridades federales y así evitar un juicio.
Lozoya Austin fue detenido en España en 2020 y extraditado a México en julio de ese año, desde entonces ha buscado un acuerdo reparatorio con autoridades federales para obtener su libertad a cambio de pagar el daño al erario que causaron los actos de corrupción bajo su gestión en Pemex y de brindar información que sirva para inculpar a otros políticos en la trama de corrupción.
La FGR le imputa los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, la dependencia busca sancionarlo con la pena máxima de cada uno de ellos, por lo que de ir a juicio y ser encontrado culpable podría pasar hasta 46 años y seis meses privado de la libertad y tendría que pagar una multa de 87 millones de pesos.
El director de Pemex entre 2012 y 2016 ha sido acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la trama Odebrecht. De acuerdo con la FGR, Lozoya obtuvo ese dinero cuando formaba parte del equipo de campaña de Peña Nieto y lo utilizó para la contienda electoral así como para obras públicas ya en el Gobierno.
Además de Lozoya, Gilda Margarita Austin, su madre, también es acusada de asociación delictuosa pues, según la fiscalía, recibió en su cuenta bancaria parte del dinero obtenido por su hijo mediante sobornos, por lo que enfrenta su proceso penal en arraigo domiciliario. De ser hallada culpable, la mujer podría pasar más de 20 años privada de la libertad.
La FGR detalló en la acusación presentada ante un Juez en enero de 2022, y que fue citada por agencias y medios internacionales, que los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht fueron transferidos a Lozoya Austin través de empresas ligadas con su familia; el dinero lo habría sido usado, entre otras cosas, para comprar una propiedad en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.
Desde que Lozoya llegó a México, en julio de 2020, continuó su proceso legal en libertad por más de un año, pero en noviembre de 2021 la FGR solicitó su detención ante el riesgo de que el político se fugara, esto luego de que se difundieron fotos de él cenando en un restaurante de lujo de la Ciudad de México, ahora sus abogados insisten en lograr un acuerdo con autoridades federales.
Miguel Ontiveros, abogado del exfuncionario, dijo el 7 de noviembre pasado, cuando se difirió la última audiencia, que su cliente ha aportado entrevistas y datos de prueba que dan “frutos muy importantes para el Estado”, por ello insistió en alcanzar un acuerdo reparatorio con Pemex
Este 4 de enero el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si Lozoya está dispuesto a llegar a un acuerdo debe reparar el daño. Aunque el mandatario se refirió específicamente al caso del fraude de 280 millones de dólares por la compraventa de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, donde también está acusado el exdirector de Pemex, dejó la puerta abierta para las acusaciones por Odebrecht.
“En todos los juicios que están en proceso por corrupción, si hay detenidos que quieren resolver su asunto, lo que se está pidiendo respetuosamente a la Fiscalía y a los jueces es que se repare el daño, que eso sea lo primero”, expuso en conferencia de prensa.
La defensa de Lozoya aseguró en noviembre que, como muestra de la voluntad de cooperar con la FGR, su cliente se ha ofrecido a ratificar “cuantas veces sea necesario” la denuncia por corrupción que hizo en agosto de 2020 y en la que menciona a políticos como los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como al excandidato presidencial Ricardo Anaya por su relación en actos de corrupción.
El abogado Ontiveros también insistió en la inocencia de Lozoya. En noviembre del 2022 dijo a medios de comunicación que un acuerdo reparatorio no significa que Lozoya Austin acepte algún tipo de responsabilidad penal: “más bien [se trata de] señalar a las personas que se beneficiaron, esos es lo que todos queremos saber: ¿dónde quedaron, quién tiene y quién se benefició finalmente de las maletas de dinero que fueron entregadas?“.
El abogado opinó que tanto el expresidente Enrique Peña Nieto, como el excandidato presidencial Ricardo Anaya y otros senadores sí tendrían que ser investigados por la trama de corrupción.
Desde diciembre de 2016 se reveló el pago de sobornos a funcionarios de México y otros países de América Latina para obtener beneficios en contrataciones públicas, pero hasta ahora el único político de alto nivel con un procedimiento penal abierto por el caso Odebrecht es Emilio Lozoya.
Aunque los abogados del funcionario aseguran que están cerca de concretar un acuerdo reparatorio, organizaciones como Tojil –que solicitó en julio de 2020 a la FGR que le dejara conocer la carpeta de investigación y, al ser parte de la ciudadanía, se le reconociera como víctima de la corrupción por la que se investiga a Lozoya– ha cuestionado que la medida aplique para este caso por tratarse de corrupción a gran escala y por lo tanto ser de interés público.
“La reparación del daño tiene que entenderse de manera integral y aquí claramente se está quedando corta. No solamente significa regresar lo que fue desviado, sino todos los daños que se pudieron haber producido. El mensaje que se está mandando desde la Fiscalía es que en este país se pueden desviar y robar recursos públicos y el peor escenario será regresarlos. Eso habla de crear un incentivo para futuras generaciones de personas del servicio público que cometan delitos porque sabrán que la probabilidad de ser sancionados es muy baja”, dijo a SinEmbargo Adriana Greaves Muñoz, cofundadora de Tojil, en abril pasado.
AUTOR: MONTSERRAT ANTÚNEZ ESTRADA.
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