Ovidio Guzmán no es el Cártel de Sinaloa, pero sí fungió como un engranaje importante en operaciones de tráfico de drogas –cocaína y sintéticas como el fentanilo –y lavado de dinero que se consolidó tras la caída de su padre, Joaquín Guzmán Loera, sentenciado a una cadena perpetua en Estados Unidos.
Luego de la extradición de “El Chapo” a la Unión Americana el Cártel de Sinaloa se dividió en cuatro bloques: dos de ellos son liderados por Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar; otro lo encabeza Aurelino Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de “El Chapo” y uno más está bajo el mando de Ismael Zambada García, “El Mayo”, el capo más longevo de la delincuencia organizada y quien ha vivido durante décadas envuelto en la impunidad.
El Cártel de Sinaloa tiene su base en ese estado del norte de México, pero sus tentáculos poderosos atraviesan todo el territorio nacional; les compite en poder y control territorial el cártel de Jalisco Nueva Generación, el grupo más bélico que opera en el país con secuestros, extorsiones, tráfico de drogas sintéticas y huachicoleo.
La captura de Ovidio esta vez no resultó fallida, como ocurrió en octubre de 2019, cuando el presunto narcotraficante fue detenido y liberado por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, según explicó entonces, para evitar una masacre.
Dice el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval que la planeación de la captura de Ovidio les llevó seis meses. Llama la atención este largo plazo para preparar un operativo porque el año pasado, por ejemplo, Ovidio Guzmán acudió a la boda de su hermana, Grisel Guadalupe Guzmán. Esto fue el 25 de enero de 2022 en Culiacán, Sinaloa, y ninguna autoridad se ocupó de aprehenderlo.
La boda no sólo fue fastuosa sino que resultó un verdadero escándalo. Hubo un fuerte derroche de lujos, glamour, desfile de vehículos blindados, hombres armados que acordonaron la catedral de Culiacán, donde se efectuó la ceremonia religiosa.
En octubre de 2019 la familia Guzmán Salazar se vio sacudida por el operativo fallido que derivó en la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán. Gatilleros del cártel de Sinaloa decidieron enfrentarse con los militares con el fin de rescatar a “El Ratón”. En medio de múltiples contradicciones: que lo soltaron para evitar una masacre, que la orden la dio Alfonso Durazo, que el secretario de la Defensa…finalmente el presidente López Obrador salió a decir que él había dado la orden.
Este hecho se convirtió en el más ruidoso desde el punto de vista criminal y político. Después se sumó aquel saludo del presidente a la madre de El Chapo. Todo esto desató rumores respecto de una posible complicidad del presidente con el cártel de Sinaloa. Las versiones aumentaron a lo largo de más de tres años debido a que Ovidio Guzmán se movía con mucha libertad e impunidad.
Ahora que están por visitar México el presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la captura de Ovidio Guzmán no puede desligarse de este escenario: Es un trofeo para el mandatario norteamericano, pues el gobierno estadunidense ha mostrado su preocupación por el tráfico de fentanilo que va de México a Estados Unidos y que tan sólo en el 2022 causó unas cien mil muertes por sobredosis.
En la más reciente visita de la vicepresidenta Kamala Harris se habló de la urgencia de fortalecer la seguridad en los puertos. Esta petición hizo que el presidente López Obrador cambiara su decisión de no militarizar el país y optó por apoyarse en la milicia para apuntalar la endeble seguridad de puertos, aeropuertos y aduanas. Ahora los militares están a cargo de la estrategia de seguridad. Ahí se mantendrán hasta el 2028.
La captura de Ovidio Guzmán –aún no se informa si será o no extraditado a Estados Unidos –es un golpe contundente al Cártel de Sinaloa, pero no significa un triunfo ante la delincuencia organizada, pues el país está fuera de control debido a la imparable violencia.
El Cártel de Sinaloa se mantiene en operación y su estructura financiera está prácticamente intocada.
La fuerza de Sinaloa
Después del proceso electoral del 6 de junio del 2022, donde el Partido de Regeneración Nacional (MORENA) lo ganó casi todo, el cártel de Sinaloa se posicionó en territorios que anhelaba pero que no podía controlar debido a la presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), su acérrimo rival.
Ahora, con los triunfos de MORENA en Sinaloa, Sonora y Baja California, entre otros estados, el cártel que comanda Ismael “El Mayo” Zambada se colocó como la primera fuerza criminal en la zona norte del país y, a través de diversas alianzas, domina todo ese corredor, uno de los más importantes en el tráfico de drogas –entre ellas la cocaína heroína, drogas sintéticas y fentanilo –así como el tráfico humano, otro de los negocios boyantes de esa organización criminal.
Se asegura que los operadores del cártel de Sinaloa fueron una pieza clave para que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador obtuviera el triunfo en trece de las quince gubernaturas que se disputaron el pasado 6 de junio; con ello, el grupo criminal más poderoso del mundo se colocó como una fuerza criminal importante. Lo curioso de todo esto es que ninguno de sus miembros son perseguidos por la justicia, a pesar de que su líder –“El Mayo” Zambada –es reclamado por la justicia estadunidense por tráfico de estupefacientes y existe una recompensa de diez millones de dólares por su cabeza. La captura de Ovidio es la segunda importante que golpea a ese cártel. La primera fue la detención de “El Chapo” Guzmán, en el gobierno de Enrique Peña. Luego fue extraditado tras fugarse por segunda ocasión ahora del penal del Altiplano.
Con el posicionamiento logrado en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California –además de los municipios aledaños a estas entidades –el cártel de Sinaloa ya cuenta con un “narco-puente”, constituido con territorios disponibles y aliados políticos, para traficar drogas hacia Estados Unidos. Una ciudad clave para este propósito es Tijuana, donde el cártel del mismo nombre encabezado por los Arellamo Félix han establecido alianzas con los sinaloenses, algo que habría sido impensable en la época de Benjamín y Ramón Arellano, fundadores del legendario y violento cártel de Tijuana, uno de los primeros que logró alianzas internacionales: se asoció con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un movimiento guerrillero que se ligó al tráfico de drogas en la década de los ochenta y noventa.
Un cártel boyante
El Cártel de Sinaloa lo ha tocado absolutamente todo desde que fue reactivado, en el año 2001, tras la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien se evadió del penal de Puente Grande dieciséis días después de que el entonces presidente Vicente Fox tomó posesión como presidente de la República.
Ese grupo criminal fue, en estricto sentido, un proyecto de la derecha: se rearticuló con Fox y se consolidó con Felipe Calderón –el llamado “presidente de la Guerra” –en cuyo gobierno esa organización criminal tuvo la capacidad para tener a su disposición una secretaría de Estado: la Secretaría de Seguridad Pública que encabezó en ese sexenio Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por brindar protección a esa organización criminal.
Con Enrique Peña Nieto, los líderes de ese cártel –Juan José Esparragoza Moreno, El Azul”; Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán nunca fueron perseguidos puntualmente, todo lo contrario, se les brindó cobijo oficial. Debido a la presión internacional que ejerció el gobierno de Estados Unidos, en el segundo tramo de ese periodo gubernamental el entonces poderoso líder del clan empezó a ser buscado. Fue en 2014 cuando dieron con su paradero y lo encarcelaron en el penal de La Palma, de donde otra vez se fugó con apoyo gubernamental. Se dijo que mandó a construir un túnel para escaparse. La realidad es que le abrieron la puerta.
Esparragoza Moreno, “El Azul”, optó por autodesaparacerse: lo dieron por muerto, según la versión de su familia, falleció después de sufrir un accidente automovilístico. Pero hasta la fecha ninguna autoridad extranjera ni mexicana ha confirmado que el capo esté muerto. Un dato que nos aproxima a considerar que esté vivo es que en el actual gobierno se consolida el proyecto que él siempre anheló: construir una Federación de organizaciones criminales que controlen el negocio del tráfico de drogas en el país, que se pongan de acuerdo en el manejo de los negocios y territorios y que no generen violencia. Todo indica que el gobierno de la Cuarta Transformación consideró viable ese proyecto. Por ello, les concedió los territorios al crimen a cambio de que MORENA obtuviera triunfos arrolladores, como ocurrió, en la elección del pasado 6 de junio.
Así, el proyecto criminal y político se consolida.
Todo esto viene a cuento precisamente porque el cártel de Sinaloa ha negociado con todos los gobiernos. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ese grupo criminal lavó dinero a través de diversas empresas que son investigadas en Andorra, España, junto con el abogado Juan Collado Mocelo, defensor de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, respectivamente.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades de Andorra, el abogado postulante –quien está preso desde julio de 2019 – cobró en ese paraíso fiscal 45.9 millones de dólares de una red empresarial usada por el cártel de Sinaloa para blanquear fondos, según una denuncia periodística del diario “El País”.
En total son catorce empresas con cuentas en la banca privada de Andorra a las que recurrió para lavar su dinero la organización de “El Chapo” Guzmán. Según el periódico español, entre 2009 y 2013, movieron sumas multimillonarias a esa institución financiera, cuyo objetivo fue “blanquear” fondos del crimen.
Dice “El País” que las sociedades supuestamente eran instrumentos, no tenían actividad real y fueron empleados también por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales.
Para indagar quien o quienes se esconden tras el patrimonio de Collado –presuntamente los expresidentes Salinas y Peña, entre otros políticos acaudalados –las autoridades de Andorra solicitaron en mayo de 2017 a los investigadores identificar a los ciudadanos mexicanos que enviaran dinero al letrado, por ser su eslabón imprescindible a fin de determinar el origen de los fondos.
También se pidió entonces información sobre 23 cuentas en la BPA –entre otras unas 14 que fueron usadas por el cártel de Sinaloa –para averiguar la identidad de sus auténticos representantes.
La conexión México-España
La situación legal que enfrenta el abogado Juan Collado Mocelo, defensor de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, se agrava. Hace poco más de un año fue detenido por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada y ahora la Fiscalía General de la República (FGR) le fincó otro delito, el de defraudación fiscal por 36 millones de pesos, fondos que habría depositado en Andorra, España.
El abogado, quien antes de ser detenido se daba una vida de lujos y excesos, como el que mostraron las redes sociales tras la boda de su hija, donde el invitado especial fue el cantante Julio Iglesias, quien cantó en la fiesta, tendrá que demostrar de dónde obtuvo los recursos que dispone y que mantuvo celosamente guardados en bancos extranjeros.
Además, Collado Mocelo era abogado y socio de la caja de ahorro popular La Libertad, donde presuntamente se lavó dinero del crimen organizado, particularmente de Los Zetas, aunque también se dijo –y esa es la base de la investigación que realiza la FGR –que en dicha caja popular había dinero de los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto y que Juan Collado era, en realidad, el presunto testaferro de los exmandatarios.
Las cosas empezaron a ir mal para Juan Collado tras ser denunciado por uno de los socios de la caja popular La Libertad, quien dijo que el abogado lo despojó de un inmueble valuado en varios millones de pesos. A partir de ese caso, la FGR empezó una investigación que hasta la fecha continúa y que fue la base para solicitar ante un juez federal la orden de aprehensión que mantiene al defensor en prisión.
El día que fue detenido, Juan Collado se encontraba con Carlos Romero Deschamps, entonces poderoso líder petrolero, su cliente. Ambos se disponían a comer en el restaurante “Morton´s”, en Las Lomas de Chapultepec. Cuando los agentes federales ingresaron al sitio se dirigieron a la mesa donde estaban ambos personajes. Algunos comensales y meseros que presenciaron la escena contaron que al ver a los agentes Romero Deschamps se tiró al piso porque pensó que iban por él. Sin embargo, detuvieron a Juan Collado, quien en ese momento fue llevado a un vehículo y presentado ante la FGR, concretamente ante a Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido), donde rindió su declaración respecto a los delitos que se le imputaron.
Collado Mocelo está casado con la actriz Yadira Carrillo, quien ahora se queja por falta de dinero.
Las investigaciones en contra del abogado incluyen varios países. México, Estados Unidos y España. En este último país, donde radica el expresidente Peña Nieto desde que concluyó su mandato, Collado Mocelo dispuso de más de 30 millones de pesos de un banco, dinero que, de acuerdo con la FGR, no ha podido ser acreditado y se desconoce su origen.
El caso de Juan Collado abrió la posibilidad de que los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto puedan ser investigados, ya que su defensor presuntamente venía fungiendo como su testaferro, aunque tal señalamiento no ha podido ser acreditado por la FGR en forma fehaciente.
El cártel de Sinaloa es considerado uno de los grupos de tráfico de drogas más poderosos del mundo. Y su poder es de tan alto nivel como las complicidades políticas que han permitido su bonanza.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: RICARDO RAVELO.
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