En razón de las violaciones declaradas en la Sentencia, la Corte ordenó diversas medidas de reparación: a) dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal; b) adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva; c) realizar las publicaciones y difusiones de la Sentencia y su resumen oficial; d) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; e) brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, y f) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de costas y gastos.
México reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos identificó como violados en su Informe de Fondo y firmó un Acta de Entendimiento con los representantes de las víctimas del caso.
RESUMEN OFICIAL DE LA SENTENCIA: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_470_esp.pdf
TEXTO INTEGRO DE LA SENTENCIA: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_470_esp.pdf
Las víctimas fueron detenidas el 12 de enero de 2006 en la carretera México-Veracruz cuando su automóvil se descompuso y luego de que una patrulla de la policía que se había acercado realizara una requisa del vehículo, habiendo encontrado elementos que consideraron incriminantes y eventualmente relacionados con la delincuencia organizada. Durante dos días fueron interrogados y mantenidos incomunicados. Con posterioridad fue decretada una medida de arraigo que implicó su confinamiento por más de tres meses hasta que fue decretada la apertura del proceso penal por el juez de la causa y las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por un período de 2 años y medio aproximadamente. El 16 de octubre de 2008 fue pronunciada la sentencia en firme que absolvió a las víctimas del delito de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo, y el mismo día, fueron liberadas.
El caso abordó el análisis de dos figuras que se encuentran establecidas en la normatividad mexicana: el arraigo y la prisión preventiva.
Con respecto al arraigo, establecido en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia de 1996 así como en el artículo 133 bis al Código Federal Procesal Penal de 1999, la Corte consideró que, por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, resultaba contraria al contenido de la Convención, en particular vulneraba per se los derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia de la persona arraigada. Asimismo, concluyó que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído, a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo, en perjuicio de Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López por la aplicación de esa figura en el caso concreto.
En cuanto a la prisión preventiva, que fue aplicada en el caso, y que era contemplada en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, la misma resultaba per se contraria a la Convención Americana porque no hacía mención a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. En esa medida, la Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas.
El Tribunal también indicó que las condiciones de incomunicación y aislamiento en las que las víctimas estuvieron privadas de su libertad bajo la figura del arraigo violaron su derecho a la integridad personal, y que la requisa del vehículo en el que se encontraban vulneró su derecho a la vida privada. Por último, la Corte expresó que el Estado era responsable por una vulneración al derecho a la vida privada en perjuicio de Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile por los cateos llevados a cabo en la casa de su madre, así como en una tienda que era el negocio de la familia.
Por primera vez en la historia, Corte IDH declara inconvencional un artículo de la Constitución: Carbonell
El abogado y director del Centro de Estudios Juridicos Carbonell AC., Miguel Carbonell, se congratuló luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara inconvencional la figura del arraigo prevista en el artículo 16 de la Constitución Mexicana.
“¡La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de declarar inconvencional la figura del arraigo prevista en el artículo 16 de la Constitución mexicana! Importantísimo precedente que nos obliga a modificar esa aberración prevista constitucionalmente desde 2008. ¡Bravo!”, expresó en una serie de mensajes en Twitter.
El litigante señaló que por primera vez en la historia, la Corte IDH realizó esta declaración por lo que dijo habrá que modificarlo lo antes posible.
Y espero que sientan vergüenza quienes votaron a favor esa reforma en 2008.
Carbonell aseveró que desde que fue presentada la mencionada iniciativa por el entonces presidente Felipe Calderón, señalaron que el arraigo violaba estándares interamericanos.
“Nos ganaron esa discusión pero la historia nos terminó dando la razón. Hoy lo certifica la Corte Interamericana. Momento histórico“.
Añadió que la figura del arraigo permite detenciones sin juicio y sin acusación por hasta 80 días, con fines investigativos.
“Está prevista en el artículo 16 constitucional y a partir de hoy ya no se puede volver a aplicar a nadie, por mandato de la Corte Interamericana (Caso Tzompaxtle)”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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