De acuerdo con el texto del IFDP, Brenda Quevedo presentará las observaciones adicionales que considere pertinentes y el Estado mexicano deberá emitir lo que considere oportuno.
De acuerdo con el Instituto, la CIDH notificó el pasado 5 de enero a Quevedo Cruz, a quien describió como sobreviviente de tortura y víctima de diversas violaciones a sus derechos humanos, la admisión de su petición P-718-10 (Informe No. 353/22).
“La CIDH informó que estudiará las posibles violaciones a sus derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección de la honra y la dignidad, protección judicial, igualdad ante la Ley y derecho a no ser objeto de tortura, además de que podrá analizar la vulneración a la integridad psicológica de sus familiares”, señaló.
Además, la Comisión consideró que las alegaciones de parte de la peticionaria “no resultan infundadas y requieren efectivamente de un estudio de fondo”, lo que constituye, de acuerdo con el IFDP, un paso importante al acceso a la justicia, verdad y reparación de Quevedo Cruz, pues se podrá estudiar en una sede internacional las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio.
Brenda Quevedo “presentará las observaciones adicionales que considere pertinentes, por lo que posteriormente el Estado mexicano deberá emitir lo que considere oportuno, previo al estudio de fondo o al acogimiento de solución amistosa a que se refieren los dispositivos normativos aplicables”.
El IFDP expuso que una vez que ocurra lo anterior, la Comisión podrá deliberar sobre el fondo de las violaciones a derechos humanos y, en caso de confirmar que las hubieron, recomendar al Estado lo que considere pertinente. En caso incumplimiento a las recomendaciones, la CIDH podrá someter el asunto al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
El Instituto destacó que, además de la admisibilidad de la petición notificada por la CIDH, el pasado 25 de agosto de 2020 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, emitió la opinión 45/2020 en donde se reconocieron diversas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de Quevedo Cruz y recomendó su liberación inmediata.
“Confiamos en que —al igual que lo han determinado diversas instancias internacionales— se resolverá que la privación de la libertad de Brenda Quevedo Cruz es arbitraria y que el remedio adecuado sería su liberación inmediata. Por lo que este caso puede llegar a generar cambios estructurales en contra del abuso de la prisión preventiva, así como en las medidas para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres sobrevivientes de tortura”.
EL CRIMEN DE HUGO ALBERTO
El 11 de julio de 2005, Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado y asesinado cuando tenía 36 años de edad, según la afirmación de su madre Isabel Miranda de Wallace, misma que está respaldada por una resolución judicial, pese a que la evidencia del caso ha sido cuestionada por investigaciones periodísticas y por diversos organismos que señalan que los acusados fueron torturados para confesar el crimen.
Según la versión de la presidenta y fundadora de Alto al Secuestro, al no saber nada de su hijo, interpuso una denuncia ante entonces la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), pero como, aseguró, no tuvo apoyo de las autoridades se dio a la tarea de buscar a los presuntos secuestradores de su hijo. Para este propósito colocó varios anuncios espectaculares con los rostros de quienes acusó de ser los secuestradores de su hijo y la recompensa que ofrecía por su captura, misma que llegó a los 250 mil pesos.
De acuerdo con lo que sostiene Isabel Miranda, su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda fue llevado con engaños por seis personas a un departamento de la colonia Insurgentes Mixcoac, en la capital mexicana, en donde lo asesinaron. Su cuerpo, según esta versión, habría sido tirado en un canal de Cuemanco. Además, afirmó que los plagiarios le solicitaron un rescate por 950 mil dólares, pero se concretó la entrega.
Tras la detención de Juana Hilda González Lomelí, en 2006, se implicó en el caso a Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, César Freyre Morales, a quienes Isabel Miranda no se ha cansado de señalar como los presuntos responsables del crimen de su hijo, pese a que varios de estos han acusado de tortura para obtener su confesión.
LAS ACUSACIONES DE TORTURA
El 9 de enero de 2006, González Lomelí fue detenida tras lo cual confesó el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, en el que implicó al resto de los acusados. Sin embargo, como refirió el propio IFDF, la confesión de Juana Hilda habría sido obtenida bajo tortura sexual y psicológica, además, se realizó en una casa de seguridad sin la presencia del abogado defensor de la presunta responsable.
Luego de la captura de González Lomelí y de que ésta confesó, bajo circunstancias irregulares, el nombre de sus presuntos cómplices, tuvo lugar la detención de Brenda Quevedo Cruz, el 28 de noviembre de 2007 en Estados Unidos, y hasta 2009 fue extraditada a México.
Pero la persecución mediática en contra de Brenda inició, como en el caso de Juana Hilda, desde 2005, cuando Isabel Miranda la exhibió en espectaculares acusándola de secuestradora, sin que en ese momento existieran pruebas periciales que confirmaran esas imputaciones, con lo que violó la presunción de inocencia de la joven, quien entonces tenía 24 años de edad.
La periodista Guadalupe Fuentes López consignó en el reportaje titulado Brenda: 14 años presa sin sentencia. Por Wallace. Pero su destino podría cambiar, publicado el 16 de julio de 2021 en SinEmbargo, que Quevedo Cruz fue objeto de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, el 27 de noviembre de 2009, con base en un trabajo de documentación del Grupo de Trabajo de la ONU.
“Entre las 18:30 y las 19:00 horas, personal de seguridad y custodia del centro penitenciario acudió a su celda y le comentaron que se le trasladaría a una audiencia con el director del penal. En lugar de esto, la introdujeron a un cuarto en donde se encontraban dos hombres vestidos de traje y encapuchados. Posteriormente, los hombres le vendaron los ojos, le esposaron las manos y la sentaron en una silla. Estos comenzaron a amenazarla, golpearla y colocaron una bolsa de plástico en su cabeza para crear sensación de asfixia, con el propósito de que confesará su participación en el delito acusado”, se lee en el documento del Grupo de Trabajo de la ONU emitido el 8 de octubre de 2020.
El 7 de octubre de 2010, se agrega en el informe, Quevedo Cruz fue trasladada al penal de las Islas Marías y el 13 de octubre nuevamente sufrió de actos de tortura: “se le vendaron los ojos, le envolvieron los brazos con una cobija y encima le pusieron cinta adhesiva. Posteriormente, un hombre introdujo su puño con fuerza entre sus piernas varias veces, mientras le preguntaba, “¿qué se siente?”. Continuaron echándole agua en la cara con el propósito de crear una sensación de asfixia; le suministraron toques eléctricos y la amenazaron con tomar represalias contra sus familiares”.
De acuerdo con el testimonio de Brenda, los funcionarios que la torturaron, los cuales pertenecían a la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), le dijeron que iban por órdenes de la señora Miranda de Wallace.
Por ello, y luego de documentar graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, el Grupo de Trabajo de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) envió al Gobierno mexicano, 29 de septiembre de 2020, una misiva en la que pidió liberar a Brenda Quevedo.
“El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de México que tome las medidas necesarias para remediar sin demora la situación de la Sra. Quevedo Cruz y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señaló el organismo en la carta dirigida a Salvador Leyva Morelos Zaragoza, titular de la unidad contra la tortura del IFDP, instituto que pedirá ante un juez su liberación.
No obstante, el 17 de noviembre pasado un Juez federal le negó el cambio de medida cautelar promovido por el Instituto de la Defensoría Pública, para llevara su caso en libertad, por lo que Brenda Quevedo aún continúa en prisión.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario