Los montos desglosados aparecen en una nota informativa de la Sedena, obtenida por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y compartida a Proceso, Animal Político y Aristegui Noticias; se trata de un documento que la dependencia envió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en agosto de 2021, cuando el organismo fiscalizador investigaba una operación irregular entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y Comercializadora Antsua, la cual determinó que la empresa y la dependencia desviaron al menos 324 millones de pesos.
En ese documento, firmado por Jaime Efraín Tinoco Miranda –el enlace de la dependencia con la ASF--, la Sedena recalcó que suscribió el contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 con Comercializadora Antsua el 12 de abril de 2019, por el cual realizó 8 pagos de entre 15 y 30 millones de pesos. Sin embargo, la Sedena indicó a la ASF que no le entregaría la copia del contrato, con el pretexto de que la información se encuentra “reservada como asunto de seguridad nacional”.
A pesar de este precedente, el pasado 11 de noviembre, más de un año después de ese correo, la Sedena aseveró, en respuesta a una solicitud de información que presentó R3D, que “después de realizar una exhaustiva búsqueda” en sus archivos, no localizó “expresión documental que atienda” la solicitud, por lo que declaró la inexistencia de la información.
Esta respuesta no es sorprendente, pues a lo largo de la administración actual las dependencias han abusado de ella, empezando con la propia oficina de López Obrador: de manera muy regular, la Presidencia de la República responde a solicitudes de información con el mismo machote, llegando a menudo a niveles absurdos, como cuando afirmó que no tenía la lista de empresarios que acudieron a Palacio Nacional para comprar “cachitos” de la llamada rifa del avión presidencial.
Más allá de eso, la negativa de la Sedena exhibe, una vez más, que no tiene ninguna intención de cumplir con la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 5 de octubre prometió que se daría a conocer toda la información sobre este contrato.
López Obrador lleva años asegurando que su gobierno ya no utiliza el spyware Pegasus, que la administración de Enrique Peña Nieto usó para espiar a cientos de periodistas, activistas y opositores políticos.
Pero a principios de octubre pasado, Proceso, Animal Político, Aristegui Noticias y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) documentaron que una agencia de gobierno de la administración de López Obrador utilizó Pegasus para intervenir los teléfonos de por los menos dos periodistas, un defensor de derechos humanos y un opositor político.
La investigación periodística, bautizada #EjércitoEspía, ya señalaba que la Sedena había ocultado en varias ocasiones la existencia de ese contrato por un "servicio de monitoreo remoto de información" con Comercializadora Antsua, empresa que en aquel entonces tenía la representación para vender la tecnología de NSO Group en México, incluyendo Pegasus.
Después de la investigación, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de López Obrador, trató de demeritar la revelación, al aseverar que “lo único que informa realmente (la investigación) es que Sedena contrató un servicio de monitoreo remoto de información a una empresa particular, además, sin incurrir en ninguna ilegalidad”.
De hecho, el pleno del INAI ordenó ayer a la Sedena que vuelva a buscar en sus archivos y entregue el contrato al solicitante –en este caso, R3D--, bajo el argumento de que la dependencia “no realizó una búsqueda exhaustiva de lo solicitado, y existe información pública oficial y notas periodísticas que dan cuenta de la celebración de los contratos solicitados (…) es claro que sí cuenta con la información requerida”.
Durante la sesión, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas recalcó que el Ejército suele “dar a entender que todo lo que toca, todo lo que le corresponde es hermético, y que desde esta perspectiva está todo imantado de Seguridad Nacional; y eso naturalmente no es, ni es posible, ni es dable”.
De acuerdo con Acuña, las instituciones de seguridad abusan del concepto “amplio y elástico, cada vez más grande de seguridad nacional”, pues recordó que “la seguridad nacional es una excepción a la regla de la información como un asunto público”, y en este caso “se comprobó que Pegasus había sido un arma para perseguir y para espiar”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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