Desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente, el gobierno de Estados Unidos expulsó a México a más de 71 mil solicitantes de asilo extranjeros bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) –también conocidos como el plan Quédate en México– y devolvió en caliente a más de 2.5 millones de personas bajo la aplicación del Título 42.
A lo largo de los últimos cuatro años el gobierno federal, especialmente el canciller, Marcelo Ebrard Casaubon, han sostenido que estas medidas –severamente criticadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos– fueron producto de decisiones unilaterales de la administración del entonces presidente Donald Trump sin el consentimiento de México.
Esta versión oficial quedó derrumbada por altos funcionarios de la administración de Trump, quienes revelaron que Ebrard negoció y aceptó la implementación de los MPP durante el periodo de transición, semanas antes del arranque de la nueva administración. La única condición que puso el entonces futuro canciller consistía en ocultar el consentimiento del gobierno mexicano al plan Quédate en México.
De hecho, en los últimos días del periodo de transición, la prensa estadunidense reveló que el equipo de López Obrador negociaba en secreto con la administración de Trump para implementar un plan migratorio (Quédate en México), lo que fue desmentido con vehemencia por Olga Sánchez Cordero, designada secretaria de Gobernación.
Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado de Trump, sacó a la luz detalles de las negociaciones secretas que desembocaron en Quédate en México en su nuevo libro, Never give an inch. Pompeo, un político de ultraderecha quien encabezó la CIA y tiene aspiraciones presidenciales, reveló que se reunió con Ebrard en Houston el 15 de noviembre de 2018 y le dio un ultimátum:
“Marcelo, así está el trato. Si en 14 días el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) no pueden retornar cada uno de los solicitantes de asilo a México, vamos a cerrar completamente la frontera con México”, planteó Pompeo, quien agregó que indicó a Ebrard: “No necesitamos tu permiso para hacer esto, queremos ser cooperativos, pero no es una obligación”.
De acuerdo con Pompeo, Ebrard aceptó. “Marcelo tenía una pregunta final. Preguntó si tenía que hacer público el consentimiento de México a nuestras condiciones o si su gobierno podía decir que se oponía a ellas. ‘Me importa un bledo. Lo que te ayude en lo interno es todo tuyo’. Nos separamos, amistosamente, sabiendo que ambos teníamos mucho trabajo que hacer.
“Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores Ebrard enfrentaba varios retos. El primero estaba relacionado con su política interior: tenía que proteger a su jefe de parecer que cedió ante el Norte. Segundo, no podía trabajar con su propia embajadora en Estados Unidos porque estaba radicalmente opuesta a pensar siquiera en un concepto como ese”, agregó, en referencia a Martha Bárcena Coqui, la primera embajadora de la administración de López Obrador en Washington.
Estos párrafos le cayeron como un balde de agua helada a Ebrard, pues fueron ampliamente retomados por periodistas y adversarios políticos, lo que afectó su imagen como canciller justo cuando intensifica su campaña adelantada para ganar la candidatura presidencial de Morena a sus rivales actuales, Claudia Sheinbaum Pardo y Adán Augusto López Hernández.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2413 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario