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La Secretaría Ejecutiva del INE elaboró el documento por orden del consejero presidente, Lorenzo Córdova, y lo presentará en sesión este miércoles por la mañana.
En sus consideraciones finales, el informe —del que Animal Político obtuvo copia de una versión preliminar— señala que los cambios que implica esta última reforma electoral “tendrán repercusiones negativas en el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en nuestro país”.
“(Las reformas) afectan la integridad de las elecciones y los principios constitucionales de la función electoral, poniendo en riesgo el cabal ejercicio del voto ciudadano”, sostiene.
El documento se dará a conocer cuando una parte del “plan B” ya se publicó y entró en vigor, aquella con modificaciones a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas. La otra parte, la que tiene que ver con cambios a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, de Medios de Impugnación y del Poder Judicial, aún necesita una última aprobación por parte del Senado.
Dentro de su análisis del “plan B”, la Secretaría Ejecutiva se centra en cuatro temas: la reducción de la estructura del INE, los cambios planteados a los procedimientos electorales, las condiciones de las contiendas y los plazos para que estas reformas entren en vigor.
En cuanto a la estructura del INE, el informe señala que eliminar las juntas distritales y locales —como busca el “plan B”— afectará las capacidades del instituto para tareas clave, como actualizar el padrón y la cartografía electoral, promover la paridad, divulgar información o hacer monitoreo de medios electrónicos.
Además, alerta sobre que los cambios que promueve el presidente López Obrador implicarían recortar el 84.6% del Servicio Profesional Electoral Nacional, lo que haría que la institución pierda a funcionarias y funcionarios con experiencia y conocimiento acumulados.
“Si no se cuenta con personal profesional permanente como el que hoy tiene el instituto, se pondría en riesgo la eficacia en la organización de elecciones, se limita la capacidad de planear y presupuestar, de organización logística y operativa, de evaluación de procesos electorales y de mecanismos de participación ciudadana”, dice.
Acerca de los cambios propuestos a los procedimientos electorales, el informe de entrada considera negativo que se plantee reducir la duración de etapas, por ejemplo, que un proceso electoral federal no arranque en septiembre del año previo a las votaciones sino en noviembre.
De acuerdo con el documento, esto acortaría el tiempo para tareas como el reclutamiento de supervisores y capacitadores, así como para la propia capacitación de las y los funcionarios de casilla.
En la misma línea, el informe señala que el “plan B” deja numerosas lagunas que pueden afectar la certeza de los comicios, como la información que deberán contener las nuevas actas de casilla que prevé diseñar y todos los ajustes que requeriría garantizar el derecho a votar de las personas en prisión preventiva oficiosa o con discapacidad permanente.
“(La promesa) implica diversas complicaciones logísticas que no han sido consideradas. En ambos casos, la votación deberá emitirse 15 días antes del día de la elección en una boleta con sobre, para lo cual se requiere una logística que se desarrollaría en las juntas distritales (con personal temporal) al mismo tiempo que se implementa el traslado de documentación electoral a las casillas y otros procesos de verificación previos al día de la jornada”, argumenta.
En cuanto a las condiciones de las contiendas, el informe del INE advierte que los cambios a la Ley General de Comunicación Social, entre los que se incluye que las expresiones de las y los funcionarios públicos no puedan ser consideradas propaganda, afectan la equidad.
“Esta reforma altera el concepto de propaganda gubernamental, contraviniendo el precepto constitucional que establece que toda propaganda gubernamental debe suspenderse durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral —con la salvedad de las campañas de salud, educación y protección civil—, y no solo aquella en forma de campañas sufragadas con recursos públicos, como lo establece la reforma”, dice el documento.
Por último, en cuanto a los artículos transitorios del “plan B”, el informe subraya “incongruencias” que dificultarían acatar las normas. Por ejemplo, un transitorio indica que los Módulos de Atención Ciudadana, donde se tramitan y entregan las credenciales para votar, no deberán disminuir en número, pero —se alerta— esto se contrapone con la reducción de personal que significarían las reformas en cuestión.
Desde que el “plan B” estaba discutiéndose en el Congreso, tanto el INE como partidos y legisladores de oposición anunciaron que presentarían recursos para impugnarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ayer, los partidos PAN, PRI y PRD presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la parte del “plan B” que ya entró en vigor y se espera que otros actores interpongan sus propios recursos en los próximos días.
El propio INE ha anunciado que emprenderá acciones legales para que la Suprema Corte revise la constitucionalidad de las reformas aprobadas en diciembre por los legisladores de Morena, PT y PVEM.
Hoy presentamos ante la @SCJN una acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral aprobada por Morena, que atenta contra la democracia y nuestras instituciones.
— Marko Cortés (@MarkoCortes) January 23, 2023
Exigimos se respete la Constitución y que @lopezobrador_ no quiera imponer sus reglas a modo. pic.twitter.com/bCwOsD9cpr
#PRD presenta ante @SCJN Acción de Inconstitucionalidad contra el “Plan B” electoral. pic.twitter.com/i3A3GOLVHx
— PRD (@PRDMexico) January 23, 2023
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAURICIO TORRES.
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